Por Victoria Ginzberg
 Un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA manifestara su preocupación por el destino de las causas relacionadas con los desaparecidos, la Corte Suprema envió una señal. El ministro Eduardo Moliné O`Connor aseguró que el conflicto de competencia planteado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa) no paralizará el expediente en el que se investiga el plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Sin embargo, para representantes de organismos de derechos humanos la declaración del ministro no fue alentadora. �Significa que se van a tomar todo el tiempo del mundo para definir el planteo del Consufa�, manifestó Andrea Pochak, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
�Conforme al artículo 49 del Código Procesal Penal, el juez federal interviniente (en este caso Adolfo Bagnasco) deberá continuar con la instrucción mientras se sustancie la contienda de competencia ante este Tribunal�, manifestó Moliné O�Connor en un escrito que firmó ayer. El ministro, que está de turno durante la feria judicial de invierno, aprovechó la resolución para recalcar que �no se ha obstaculizado el accionar del juez�.
La resolución del vicepresidente de la Corte Suprema fue una respuesta a una presentación de la abuela de Plaza de Mayo Elsa Pavón de Grinspon. Los abogados de la mujer solicitaron que el máximo tribunal de la Nación habilite la feria para resolver a quién le corresponde investigar el plan para apropiarse de menores durante la última dictadura. El pedido se basó en que mientras los ministros no tomaran la decisión �y no hay plazos estipulados para eso� y el expediente estuviera paralizado, habría una �situación de efectiva privación de justicia�.
Moliné O�Connor consideró que los hechos invocados por la abuela de Plaza de Mayo eran �inexistentes� y que la conclusión de los abogados era �inadmisible, no sólo por su carácter meramente conjetural, sino porque se emite cuando las actuaciones ni siquiera han llegado al Tribunal ni se ha obstaculizado en modo alguno el accionar del juez�. Por otro lado, el ministro deslizó que aún no está decidido si la Corte exigirá que Bagnasco envíe los 34 cuerpos de su investigación.
El pedido para que la causa del robo de bebés sea remitida completa a la Corte Suprema fue realizado por el secretario penal del tribunal, Esteban Canevari, y rechazado por el juez Bagnasco. La iniciativa de Canevari también habría causado malestar a varios ministros de la Corte. Incluso el vicepresidente Carlos �Chacho� Alvarez, la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, y el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, manifestaron su rechazo ante la posibilidad de que el tribunal supremo fallara a favor del represor Santiago Omar Riveros y considerara que los militares pueden apropiarse de la causa en la que están presos los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone y los represores Jorge �Tigre� Acosta y Guillermo Suárez Mason, entre otros.
�La Corte tendría que haber rechazado el planteo de plano y hasta que no lo haga sigue el estado de alerta. Ahora, en cambio, le está dando legitimidad a la propuesta. Está diciendo �nos vamos a tomar todo el tiempo que haga falta para tomar la decisión��, afirmó a Página/12 la abogada Pochak.
El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó en una carta dirigida al Gobierno que el organismo internacional �ha expresado de manera reiterada que el uso del fuero militar para investigar graves violaciones a los derechos humanos y juzgar a los responsables no ofrece garantías de independencia e imparcialidad�.
EN MEMORIA DEL HORROR EN LEDESMA
Apagón y escraches
La Biblioteca Nacional y el Museo de Bellas Artes fueron ayer sede de sendos escraches realizados por agrupaciones de derechos humanos. En la biblioteca se repudió al represor Miguel Angel Trimarchi, quien hasta hace unos días trabajó como personal de seguridad del lugar. En Bellas Artes, la señalada fue Nelli Arrieta de Blaquier, dueña del Ingenio Ledesma y presidenta de la Fundación de Amigos del museo. Hace 24 años la empresa de la familia Blaquier participó en el secuestro de unos 400 trabajadores en la provincia de Jujuy.
La marcha partió a las 18.30 desde la esquina de las avenidas Las Heras y Pueyrredón y se dirigió a la Biblioteca Nacional, donde trabajaba Trimarchi. El ex policía renunció luego de que Página/12 publicara la denuncia, realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado, que indicaba que el encargado de seguridad de la biblioteca participó de los grupos de tareas del centro clandestino que funcionó en Superintendencia de Seguridad Federal. La protesta se dirigió luego al Museo de Bellas Artes. El repudio de Blaquier se relaciona con la �noche del apagón�. El 27 de julio de 1976 policías y militares en vehículos con el logo del Ingenio Ledesma secuestraron en los pueblos de Libertador San Martín y Calilegua a unas 400 personas. 32 aún continúan desaparecidas. El director del museo, Jorge Glusberg, anunció que le pedirá la renuncia a Blaquier.
La �noche del apagón� también fue recordada en Jujuy. Allí los manifestantes recorrieron los casi diez kilómetros que separan Calilegua de Libertador General San Martín bajo la consigna �Juicio y castigo a los culpables del terrorismo de Estado. Devolución de los bebés y niños secuestrados�.
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opinion
Por Leopoldo Schiffrin * |
| La verdad verdadera
Según el general Brinzoni, los Juicios de la Verdad �no han conducido a nada, a ningún logro�. Horacio Verbitsky ya señaló la inexactitud de ese comentario enunciando algunos resultados obtenidos por las Cámaras de Córdoba, Bahía Blanca y La Plata.
u En el Juicio por la verdad de La Plata, del que soy uno de los instructores, se han identificado lugares antes desconocidos donde fueron atormentadas varias personas. A través de testimonios de víctimas que pasaron por esos centros, que fueron liberadas y que, en muchos casos, nunca habían declarado ni en la CONADEP ni en los Tribunales, y también por la información proporcionada por diferentes funcionarios policiales, que nunca antes se habían manifestado, se pudo reconstruir, con detalle, la red concentracionaria que funcionó en el partido de La Plata y sus aledaños. El camino corriente era desde la Brigada de Investigaciones de calle 55 hacia diversos centros de tortura en la localidad de Arana, como el Destacamento de Cuatrerismo, El Casco, ubicado en el predio actual del Regimiento VII, posiblemente uno o dos lugares más cuya ubicación se trata de precisar, las comisarías 5ª y 8ª, y también La Cacha. También se han recogido elementos valiosos sobre los Pozos de Banfield y Quilmes, el Vesubio, Puente 12 o Banco y el Olimpo.
u En el aspecto documental, la investigación ha permitido poner a salvo más de 2000 hábeas corpus y otras causas de la época del terrorismo de Estado que se hallaban en archivos precarios expuestos a destrucción. Mediante penosos rastreos también pudieron salvarse algunos libros de comisarías y uno solo de la morgue policial, mientras que continúa la búsqueda de otros 23 valiosísimos libros similares que se teme hayan sido dolosamente destruidos. Por otra parte, el Tribunal dispuso el secuestro del fichero de monseñor Graselli, que constituye otro serio elemento de investigación.
Todavía más relevante fue que se puso a salvo el archivo de la disuelta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el cual contiene, al menos, decenas de fichas que permiten la identificación de distintas víctimas. Estas fichas, igual que los libros de la morgue, se relacionan con las medidas precautorias que el Tribunal ha efectivizado sobre las tumbas NN del cementerio de La Plata, de las cuales existe certidumbre que contienen restos de personas jóvenes asesinadas cuya identidad ocultaron los delincuentes terroristas que usurpaban el poder público. En ese ámbito se han logrado algunas identificaciones. Aunque las tumbas bajo observación son sesenta y las víctimas de la zona más de dos mil, la aparición de nuevos testimonios e informes ha permitido precisar por dónde pasaron muchas víctimas cuyo destino final no está comprobado.
u El último hallazgo fue el de los legajos del Servicio Penitenciario de la provincia referidos a presos políticos, que contiene materiales muy apreciables para establecer el camino y destino de muchas víctimas del terrorismo de Estado. Tengamos en cuenta que, si bien la investigación lleva ya dos años, en muchos sentidos está aún en sus comienzos, dado el enorme volumen del material a procesar y la constante aparición de nuevos elementos.
Esta incompleta síntesis basta para demostrar la inexactitud de la afirmación del general Brinzoni.
* Juez de la Cámara Federal de La Plata. |
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