La posibilidad de incrementar la construcción de viviendas en
los barrios de la zona sur de la ciudad --podrían crecer en un 25
por ciento los edificios para residencia en barrios como Pompeya o San Cristóbal--
y la eliminación de las plantas de reciclaje de residuos en el ámbito
de la Capital Federal fueron mencionados por los legisladores oficialistas
como los puntos salientes del Código de Planeamiento Urbano (CPU),
sancionado ayer definitivamente por los 38 diputados porteños de
la Alianza. En la vereda opuesta, los 11 representantes de Nueva Dirigencia
se opusieron frontalmente a la iniciativa afirmando que se trata de "una
norma que sólo tiene como finalidad favorecer el negocio inmobiliario",
mientras que los 11 legisladores peronistas y el diputado del bloque Porteño,
Jorge Argüello, se abstuvieron en la votación en general y expresaron
disidencias parciales en el análisis punto por punto.
"Lo que hoy se está votando podrá ser evaluado en la
práctica recién dentro de diez años y entonces podrá
afirmarse si es buena o mala la normativa que impulsamos, pero lo que busca
la propuesta es terminar con la desigualdad entre las zonas norte y sur
de la ciudad, promoviendo las áreas postergadas", dijo a Página/12
el diputado de la Alianza Rubén Campos. Para el legislador, titular
de la Comisión de Planeamiento Urbano, lo que se hizo fue "establecer
normas que permitan equilibrar el desarrollo de la zona sur con la norte
y reparar la diferencia que se estableció con el código autoritario
de 1977".
El secretario de Planeamiento Urbano del Gobierno de la ciudad, Enrique
García Espil, le dijo a este diario que el proyecto parte de "una
propuesta original que se mantiene, a pesar de los cambios, y que apunta
a la mayor posibilidad de desarrollo de zonas del sur hasta ahora categorizadas
como 'equipamiento' (galpones y depósitos), autorizando la construcción
de nuevas viviendas y la ampliación de las ya existentes". El
funcionario dijo que eso se producirá "en Barracas y Pompeya,
pero también en Paternal o Villa Ortúzar". Del mismo
modo se impulsará "el desarrollo de los centros barriales al
permitir construir edificios de hasta siete piso en las avenidas".
La altura variará según el ancho de cada avenida.
El oficialismo sostuvo que el eje central fue lograr un texto "más
ordenado y transparente". Y las modificaciones, según se reiteró
ayer en el recinto, tienden a "impulsar el desarrollo de las zonas
más atrasadas de la ciudad". Esto significa abrir la posibilidad
de construir edificios de hasta 24 metros de altura (los siete pisos que
mencionó García Espil) o instalar comercios en barrios de
la ciudad donde ahora predominan, por limitación del viejo código,
galpones o depósitos de mercaderías.
Una estimación realizada por algunos legisladores de la Alianza indica
que los edificios para vivienda familiar podrían crecer "hasta
en un 25 por ciento" en algunos barrios del sur como Pompeya, Boedo,
San Cristóbal o Barracas. En esas zonas se podrían encarar
de ahora en más emprendimientos comerciales mediante convenios urbanísticos
mixtos entre el Gobierno de la Ciudad y empresas privadas para construir
áreas de recreación, cines y teatros, siempre que se respeten
las normas establecidas para cada sector de la ciudad.
El diputado Miguel Doy, de Nueva Dirigencia, criticó la iniciativa
aprobada --él había presentado un proyecto alternativo-- por
entender que la sanción de la norma "permite el incremento encubierto
del volumen de la construcción". También cuestionó
la "supuesta intención de la Alianza de alentar el desarrollo
del sur y desalentar la inversión en el norte de la ciudad".
Según Doy, "los empresarios van a seguir invirtiendo en la zona
sur de la ciudad y van a proliferar los edificios, no de siete sino de ocho
y hasta diez pisos en el 70 por ciento de las avenidas de la ciudad, sin
que previamente se haga un análisis del impacto ambientar que eso
puede producir".
Entre otros puntos, el nuevo Código establece una serie de importantes
modificaciones:
Se jerarquizan los centros barriales
del sur, donde se podrán construir edificios y centros comerciales
donde hasta ahora estaba prohibido.
Se desalienta la construcción
de edificios en torre en el norte, donde los edificios en las zonas residenciales
no podrán exceder los siete pisos.
Se mantiene la categoría
UF (Urbanización Futura) para los terrenos del Estado Nacional que
deberán ser cedidos al gobierno porteño, como ser los ocupados
en la actualidad por las playas ferroviarias, pero con la salvedad de que
el 65 por ciento deberá ser destinado a espacios públicos.
Se designa a los terrenos del
actual Aeroparque Metropolitano como espacio verde público, en caso
de que se produzca el desmantelamiento de la estación aérea.
En las estaciones de la red de
Subterráneos de Buenos Aires, los centros de transferencia y los
trenes, los comercios no podrán superar el 40 por ciento del espacio
disponible.
Se restringe la construcción
de nuevas estaciones de servicio a las zonas de Equipamiento Especial (EE),
sólo ubicadas en el sur y se prohíbe el expendio de combustibles
en y cerca de los hipermercados.
Los locales bailables con capacidad
superior a los 1000 metros cuadrados (especialmente las bailantas) quedarán
en la zona céntrica de la ciudad y no podrán ser instaladas
ni en áreas destinadas a viviendas para residencia ni en los centros
barriales.
Especialistas
a favor y en contra del nuevo Código
|
"Un
código oportuno"
Carlos
Lebrero (presidente de la Sociedad Central de Arquitectos):
"Que finalmente se apruebe el Código de Planeamiento
Urbano es oportuno. El nuevo código viene a corregir al
vigente, que presenta muchas contradicciones y tiene dificultades
de aplicación. Ante todo, hay que aclarar que no se trata
de un plan, sino sólo de actualizar la normativa anterior.
Fundamentalmente, lo que el nuevo código va a permitir
es que todos lo podamos leer de arriba hacia abajo. Hoy, todo
lo que tenemos es un conjunto de resoluciones dispersas que modifican
lo articulado por el Código de Planeamiento Urbano vigente.
Aquí la importancia del nuevo: va a compilar un gran número
de modificaciones que se vinieron haciendo en un solo texto. Sin
duda, esto va a dar mayor claridad para la aplicación de
sus reglamentaciones. Por otra parte, el nuevo cuerpo de normas
posibilitará el desarrollo de los barrios más relegados
de la ciudad y la construcción de viviendas en zonas de
equipamiento como Chacabuco, Paternal y el sur donde la gente
vive pero no puede ampliar su vivienda, porque el código
actual no se lo permite".
"Reconoce
las tendencias"
Odilia
Suárez (Profesora emérita de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Buenos Aires):
"Ya hace como dos años que se necesita un nuevo código
de manera urgente. Nunca se sabe a ciencia cierta qué es
lo último en materia de reglamentación. El código
vigente es inmanejable por la gran cantidad de modificaciones
que se fueron haciendo. Hace falta que se reconozcan los reajustes
que sufrieron las normativas y las tendencias existentes en la
ciudad. Las torres son una realidad ampliamente aceptada por la
población, pero el código vigente no las permite
en determinadas zonas de la ciudad. Y, este tipo de contradicciones
es preciso modificarlas. En cuanto al desarrollo que se promueve
en la zona sur, me parece que es una buena propuesta teniendo
en cuenta que la zona ni siquiera tiene una universidad y que
los estudiantes de Soldati, por ejemplo, tienen que hacer largos
viajes para poder estudiar. Pero, cuando se habla de este tema
no hay que desbocarse. También es cierto que el sur tiene
zonas inundables, por la cuenca del Matanza y Riachuelo".
"Un
negocio inmobiliario"
Antonio
Brailovsky (Ombudsman porteño adjunto):
"Va a ser peor que en la época de Grosso." Así
resumió el ombudsman adjunto Antonio Brailovsky su opinión
sobre el impacto que tendrá en la ciudad de Buenos Aires
el flamante Código de Planeamiento Urbano (CPU) sancionado
ayer por la Legislatura porteña y la creación de
la Corporación del Sur, que tratarán los diputados
la semana próxima para impulsar el desarrollo de la zona
sur. Brailovsky aludió a la gestión del ex intendente
justicialista, durante la cual se otorgaron múltiples excepciones
al CPU, que permitieron abultados negocios con emprendimientos
inmobiliarios. "Los diputados no tuvieron en cuenta las numerosas
objeciones formuladas por urbanistas, ambientalistas y entidades
vecinales", objetó Brailovsky.
--¿Cuáles son sus principales cuestionamientos?
--Hay dos instrumentos de tipo urbanístico. El Plan Urbano
y Ambiental, que es la ideología, y el Código de
Planeamiento, su expresión técnica. Se supone que
el Código tiene que responder al Plan. Sin embargo, aprobaron
el Código cuando todavía se está discutiendo
el Plan en los barrios. En la reforma incluyeron lo que se denomina
"enrase". Significa que la altura máxima permitida
para edificar en una cuadra será la que tenga el edificio
más alto de esa cuadra. Esto quiere decir que aumenta enormemente
la capacidad de construcción.
--¿En toda la ciudad?
--Se argumentó que servía para desarrollar la zona
sur, pero se podrá aplicar en todos los barrios, incluso
en los que están saturados. Para habilitar mayor construcción
deberían existir estudios que digan si hay infraestructura
suficiente que la aguante. Pero no existe ningún estudio.
Me parece muy irresponsable. Parece que la Alianza estaba muy
apurada para aprobar la reforma.
--¿Insinúa que recibió presiones?
--El sector de la construcción de grandes edificios es
uno de los de mayor peso político. Con este Código
se podrá construir con menos límites y se facilitará
el negocio inmobiliario. Pero ésta es sólo una pata
del negocio. Hay otras. Una es la Corporación del Sur,
que se votará la semana próxima y por el cual se
formará un ente estatal que podrá vender todos los
inmuebles del Estado en esa zona. Como no existe un registro de
esas propiedades ni de su valor, se corre el riesgo de que se
malvendan.
--¿Cuáles son las otras patas del negocio inmobiliario?
--Otra es el famoso Proyecto Retiro. La Legislatura acaba de aprobar
una modificación a la Ley de Impacto Ambiental que excluye
a los conjuntos habitacionales de la obligación de realizar
un estudio de impacto ambiental antes de su construcción.
Es una forma clara de quitar controles y facilitar el negocio
inmobiliario cuando se vendan esos terrenos.
--¿Compara estas iniciativas con las excepciones aprobadas
durante la época de Grosso?
--En la época de Grosso se hacían negocios puntuales,
muchos de los cuales terminaron en delitos porque las excepciones
al Código se conseguían por medio de coimas. En
este momento están haciendo lo mismo, pero legalmente.
Ya no hay excepciones porque el Estado permite todo y controla
menos. Es mucho más grave, peor que en la época
de Grosso.
|
|