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SANCION DEFINITIVA DEL CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO
Buenos Aires, más cerca del sur

El flamante Código aprobado ayer en la Legislatura apunta a desarrollar la zona sur de la ciudad y desalienta las torres en el norte. Los críticos dicen que promueve el negocio inmobiliario por sobre los intereses de los vecinos.

t.gif (862 bytes)  La posibilidad de incrementar la construcción de viviendas en los barrios de la zona sur de la ciudad --podrían crecer en un 25 por ciento los edificios para residencia en barrios como Pompeya o San Cristóbal-- y la eliminación de las plantas de reciclaje de residuos en el ámbito de la Capital Federal fueron mencionados por los legisladores oficialistas como los puntos salientes del Código de Planeamiento Urbano (CPU), sancionado ayer definitivamente por los 38 diputados porteños de la Alianza. En la vereda opuesta, los 11 representantes de Nueva Dirigencia se opusieron frontalmente a la iniciativa afirmando que se trata de "una norma que sólo tiene como finalidad favorecer el negocio inmobiliario", mientras que los 11 legisladores peronistas y el diputado del bloque Porteño, Jorge Argüello, se abstuvieron en la votación en general y expresaron disidencias parciales en el análisis punto por punto.
"Lo que hoy se está votando podrá ser evaluado en la práctica recién dentro de diez años y entonces podrá afirmarse si es buena o mala la normativa que impulsamos, pero lo que busca la propuesta es terminar con la desigualdad entre las zonas norte y sur de la ciudad, promoviendo las áreas postergadas", dijo a Página/12 el diputado de la Alianza Rubén Campos. Para el legislador, titular de la Comisión de Planeamiento Urbano, lo que se hizo fue "establecer normas que permitan equilibrar el desarrollo de la zona sur con la norte y reparar la diferencia que se estableció con el código autoritario de 1977".
El secretario de Planeamiento Urbano del Gobierno de la ciudad, Enrique García Espil, le dijo a este diario que el proyecto parte de "una propuesta original que se mantiene, a pesar de los cambios, y que apunta a la mayor posibilidad de desarrollo de zonas del sur hasta ahora categorizadas como 'equipamiento' (galpones y depósitos), autorizando la construcción de nuevas viviendas y la ampliación de las ya existentes". El funcionario dijo que eso se producirá "en Barracas y Pompeya, pero también en Paternal o Villa Ortúzar". Del mismo modo se impulsará "el desarrollo de los centros barriales al permitir construir edificios de hasta siete piso en las avenidas". La altura variará según el ancho de cada avenida.
El oficialismo sostuvo que el eje central fue lograr un texto "más ordenado y transparente". Y las modificaciones, según se reiteró ayer en el recinto, tienden a "impulsar el desarrollo de las zonas más atrasadas de la ciudad". Esto significa abrir la posibilidad de construir edificios de hasta 24 metros de altura (los siete pisos que mencionó García Espil) o instalar comercios en barrios de la ciudad donde ahora predominan, por limitación del viejo código, galpones o depósitos de mercaderías.
Una estimación realizada por algunos legisladores de la Alianza indica que los edificios para vivienda familiar podrían crecer "hasta en un 25 por ciento" en algunos barrios del sur como Pompeya, Boedo, San Cristóbal o Barracas. En esas zonas se podrían encarar de ahora en más emprendimientos comerciales mediante convenios urbanísticos mixtos entre el Gobierno de la Ciudad y empresas privadas para construir áreas de recreación, cines y teatros, siempre que se respeten las normas establecidas para cada sector de la ciudad.
El diputado Miguel Doy, de Nueva Dirigencia, criticó la iniciativa aprobada --él había presentado un proyecto alternativo-- por entender que la sanción de la norma "permite el incremento encubierto del volumen de la construcción". También cuestionó la "supuesta intención de la Alianza de alentar el desarrollo del sur y desalentar la inversión en el norte de la ciudad". Según Doy, "los empresarios van a seguir invirtiendo en la zona sur de la ciudad y van a proliferar los edificios, no de siete sino de ocho y hasta diez pisos en el 70 por ciento de las avenidas de la ciudad, sin que previamente se haga un análisis del impacto ambientar que eso puede producir".
Entre otros puntos, el nuevo Código establece una serie de importantes modificaciones:
Se jerarquizan los centros barriales del sur, donde se podrán construir edificios y centros comerciales donde hasta ahora estaba prohibido.
Se desalienta la construcción de edificios en torre en el norte, donde los edificios en las zonas residenciales no podrán exceder los siete pisos.
Se mantiene la categoría UF (Urbanización Futura) para los terrenos del Estado Nacional que deberán ser cedidos al gobierno porteño, como ser los ocupados en la actualidad por las playas ferroviarias, pero con la salvedad de que el 65 por ciento deberá ser destinado a espacios públicos.
Se designa a los terrenos del actual Aeroparque Metropolitano como espacio verde público, en caso de que se produzca el desmantelamiento de la estación aérea.
En las estaciones de la red de Subterráneos de Buenos Aires, los centros de transferencia y los trenes, los comercios no podrán superar el 40 por ciento del espacio disponible.
Se restringe la construcción de nuevas estaciones de servicio a las zonas de Equipamiento Especial (EE), sólo ubicadas en el sur y se prohíbe el expendio de combustibles en y cerca de los hipermercados.
Los locales bailables con capacidad superior a los 1000 metros cuadrados (especialmente las bailantas) quedarán en la zona céntrica de la ciudad y no podrán ser instaladas ni en áreas destinadas a viviendas para residencia ni en los centros barriales.

 

CLAVES

La Legislatura porteña convirtió anoche en ley el nuevo Código de Planeamiento Urbano, aprobado en abril de 1999 y modificado parcialmente luego de cuatro jornadas de audiencia pública en junio del mismo año.
Se permite edificar un 25 por ciento más en el llamado polígono sur de la ciudad, que incluye barrios como Pompeya, Boedo y San Cristóbal.
Pueden construirse edificios más altos en avenidas de referencia de todos los barrios, como ser San Juan, Entre Ríos, Córdoba o Scalabrini Ortiz.
Si es desmantelado el Aeroparque Jorge Newbery, los terrenos serán espacios de uso público, igual que el 65 por ciento de los terrenos ocupados hoy por las actuales playas ferroviarias.
Quedan prohibidas en la ciudad las plantas de reciclaje de residuos.

 
Especialistas a favor y en contra del nuevo Código

"Un código oportuno"

Carlos Lebrero (presidente de la Sociedad Central de Arquitectos):
"Que finalmente se apruebe el Código de Planeamiento Urbano es oportuno. El nuevo código viene a corregir al vigente, que presenta muchas contradicciones y tiene dificultades de aplicación. Ante todo, hay que aclarar que no se trata de un plan, sino sólo de actualizar la normativa anterior. Fundamentalmente, lo que el nuevo código va a permitir es que todos lo podamos leer de arriba hacia abajo. Hoy, todo lo que tenemos es un conjunto de resoluciones dispersas que modifican lo articulado por el Código de Planeamiento Urbano vigente. Aquí la importancia del nuevo: va a compilar un gran número de modificaciones que se vinieron haciendo en un solo texto. Sin duda, esto va a dar mayor claridad para la aplicación de sus reglamentaciones. Por otra parte, el nuevo cuerpo de normas posibilitará el desarrollo de los barrios más relegados de la ciudad y la construcción de viviendas en zonas de equipamiento como Chacabuco, Paternal y el sur donde la gente vive pero no puede ampliar su vivienda, porque el código actual no se lo permite".


"Reconoce las tendencias"

Odilia Suárez (Profesora emérita de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires):
"Ya hace como dos años que se necesita un nuevo código de manera urgente. Nunca se sabe a ciencia cierta qué es lo último en materia de reglamentación. El código vigente es inmanejable por la gran cantidad de modificaciones que se fueron haciendo. Hace falta que se reconozcan los reajustes que sufrieron las normativas y las tendencias existentes en la ciudad. Las torres son una realidad ampliamente aceptada por la población, pero el código vigente no las permite en determinadas zonas de la ciudad. Y, este tipo de contradicciones es preciso modificarlas. En cuanto al desarrollo que se promueve en la zona sur, me parece que es una buena propuesta teniendo en cuenta que la zona ni siquiera tiene una universidad y que los estudiantes de Soldati, por ejemplo, tienen que hacer largos viajes para poder estudiar. Pero, cuando se habla de este tema no hay que desbocarse. También es cierto que el sur tiene zonas inundables, por la cuenca del Matanza y Riachuelo".


"Un negocio inmobiliario"

Antonio Brailovsky (Ombudsman porteño adjunto):
"Va a ser peor que en la época de Grosso." Así resumió el ombudsman adjunto Antonio Brailovsky su opinión sobre el impacto que tendrá en la ciudad de Buenos Aires el flamante Código de Planeamiento Urbano (CPU) sancionado ayer por la Legislatura porteña y la creación de la Corporación del Sur, que tratarán los diputados la semana próxima para impulsar el desarrollo de la zona sur. Brailovsky aludió a la gestión del ex intendente justicialista, durante la cual se otorgaron múltiples excepciones al CPU, que permitieron abultados negocios con emprendimientos inmobiliarios. "Los diputados no tuvieron en cuenta las numerosas objeciones formuladas por urbanistas, ambientalistas y entidades vecinales", objetó Brailovsky.
--¿Cuáles son sus principales cuestionamientos?
--Hay dos instrumentos de tipo urbanístico. El Plan Urbano y Ambiental, que es la ideología, y el Código de Planeamiento, su expresión técnica. Se supone que el Código tiene que responder al Plan. Sin embargo, aprobaron el Código cuando todavía se está discutiendo el Plan en los barrios. En la reforma incluyeron lo que se denomina "enrase". Significa que la altura máxima permitida para edificar en una cuadra será la que tenga el edificio más alto de esa cuadra. Esto quiere decir que aumenta enormemente la capacidad de construcción.
--¿En toda la ciudad?
--Se argumentó que servía para desarrollar la zona sur, pero se podrá aplicar en todos los barrios, incluso en los que están saturados. Para habilitar mayor construcción deberían existir estudios que digan si hay infraestructura suficiente que la aguante. Pero no existe ningún estudio. Me parece muy irresponsable. Parece que la Alianza estaba muy apurada para aprobar la reforma.
--¿Insinúa que recibió presiones?
--El sector de la construcción de grandes edificios es uno de los de mayor peso político. Con este Código se podrá construir con menos límites y se facilitará el negocio inmobiliario. Pero ésta es sólo una pata del negocio. Hay otras. Una es la Corporación del Sur, que se votará la semana próxima y por el cual se formará un ente estatal que podrá vender todos los inmuebles del Estado en esa zona. Como no existe un registro de esas propiedades ni de su valor, se corre el riesgo de que se malvendan.
--¿Cuáles son las otras patas del negocio inmobiliario?
--Otra es el famoso Proyecto Retiro. La Legislatura acaba de aprobar una modificación a la Ley de Impacto Ambiental que excluye a los conjuntos habitacionales de la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental antes de su construcción. Es una forma clara de quitar controles y facilitar el negocio inmobiliario cuando se vendan esos terrenos.
--¿Compara estas iniciativas con las excepciones aprobadas durante la época de Grosso?
--En la época de Grosso se hacían negocios puntuales, muchos de los cuales terminaron en delitos porque las excepciones al Código se conseguían por medio de coimas. En este momento están haciendo lo mismo, pero legalmente. Ya no hay excepciones porque el Estado permite todo y controla menos. Es mucho más grave, peor que en la época de Grosso.

 

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