De
las tres coronaciones de Alberto Fujimori a la fecha ninguna fue tan violenta,
escandalosa y desprestigiante como la de ayer. Invasión de las
calles por manifestantes prodemocracia, abandono de sus bancas por los
parlamentarios opositores cuando el presidente recontraelecto empezó
a pronunciar su discurso de investidura y las imágenes de represión
y de lucha de calles más violentas desde la dictadura: todo esto
apuntó a subrayar, desde la estrategia del opositor moderado Alejandro
Toledo, la ilegitimidad del régimen que se sucedía a sí
mismo. Ilegitimidad que pasaría por el salto cualitativo que el
fujimorismo ha dado desde el mero fraude para reforzar y asegurar unos
resultados generalmente favorables –como en elecciones y referéndums
anteriores– a falsificar resultados directamente desfavorables para
atribuirse un triunfo que no se habría registrado en ninguna parte
–como sería el caso ahora–. En otras palabras, el mismo
salto al vacío que dio el PRI mexicano –hoy en vías
de abandono del poder– cuando en 1986 inventó un apócrifo
colapso del sistema informático de conteo de votos de modo de forzar
el triunfo de Carlos Salinas de Gortari.
Si esto es efectivamente así, Fujimori habría empezado a
descender la cuesta del poder, pero estaría lejos de haberlo perdido.
El fraude se impuso sin que se produjera el estallido social que casi
todos temían. Toledo, el “cholo de Harvard” presuntamente
triunfante, desplegó todos sus encantos de político responsable,
“garantista” de impunidades para el elenco saliente y buena
carta de presentación ante Washington sin que el férreo
esquema de unidad del ejército y los servicios de inteligencia
se fisurara o temblara en la adhesión a su debilitada jefatura
política civil fujimorista –única posibilidad seria
de triunfo para los enemigos del régimen–. Ayer mismo, el
presidente asumió en una ciudad caotizada, pero la manifestación
no impidió su juramentación –ni, en rigor, se propuso
impedirla nunca–. Por el momento, el único alcance de los
hechos de ayer es la repercusión en la imagen internacional de
Fujimori –nunca muy brillante–. Pero aun allí todo estaba
saldado ya a favor del jefe del partido del Estado: la OEA y las democracias
regionales emitieron diferentes temperaturas de condena pero finalmente
esquivaron el cuerpo ante posibles instrumentos sancionadores que en un
futuro pudieran volvérseles en contra.
Sin legitimidad, Fujimori puede ahora ir en picada. Pero –razona–
también puede recuperarse. Es la lógica política
del aventurero.
De
las tres coronaciones de Alberto Fujimori a la fecha ninguna fue tan violenta,
escandalosa y desprestigiante como la de ayer. Invasión de las
calles por manifestantes prodemocracia, abandono de sus bancas por los
parlamentarios opositores cuando el presidente recontraelecto empezó
a pronunciar su discurso de investidura y las imágenes de represión
y de lucha de calles más violentas desde la dictadura: todo esto
apuntó a subrayar, desde la estrategia del opositor moderado Alejandro
Toledo, la ilegitimidad del régimen que se sucedía a sí
mismo. Ilegitimidad que pasaría por el salto cualitativo que el
fujimorismo ha dado desde el mero fraude para reforzar y asegurar unos
resultados generalmente favorables –como en elecciones y referéndums
anteriores– a falsificar resultados directamente desfavorables para
atribuirse un triunfo que no se habría registrado en ninguna parte
–como sería el caso ahora–. En otras palabras, el mismo
salto al vacío que dio el PRI mexicano –hoy en vías
de abandono del poder– cuando en 1986 inventó un apócrifo
colapso del sistema informático de conteo de votos de modo de forzar
el triunfo de Carlos Salinas de Gortari.