Por José Natanson
 �Pagos indebidos en Yacyretá� por dos mil millones de pesos, �maniobras relacionadas con la mafia del oro� por 129 millones, cuatro causas vinculadas al PAMI por 678 millones de pesos, dos investigaciones contra María Julia Alsogaray por 22 millones, una contra Gerardo Sofovich por 20 millones. Página/12 accedió en exclusiva a un informe secreto, elaborado con datos de la Oficina Anticorrupción, que arroja una conclusión escalofriante: las quince causas más relevantes de corrupción de la última década le ocasionaron al Estado un perjuicio de 3200 millones de pesos. El documento demuestra, además, que el Gobierno sigue con atención el trabajo de los jueces federales en los procesos contra los ex funcionarios menemistas.
Los diez magistrados federales se indignaron hace veinte días, cuando este diario publicó un non paper que �en un tono por momentos brutal� evaluaba lapidariamente su accionar en las principales investigaciones por corrupción (ver recuadro).
El documento, que demostró el permanente monitoreo del Gobierno sobre los procesos y los jueces instructores, era la introducción al texto que Página/12 publica hoy. Esta segunda parte del informe recorre sigilosamente algunos despachos de la Casa Rosada. Fue redactado por los diputados aliancistas Melchor Cruchaga, Carlos Iparraguirre y Nilda Garré en base a datos de primera mano aportados por la Oficina que dirige José Massoni.
Además del balance del trabajo del organismo (ver recuadro), el documento incluye un cuadro en el que se describen las quince causas principales. Para redondear la perspectiva, es interesante cruzar el informe sobre las quince causas más relevantes con el que describía el accionar de los jueces federales (ver cuadro).
Los números
De acuerdo al documento, la causa más gravosa es Yacyretá, en la que el agujero negro de la corrupción se habría llevado unos 2 mil millones de pesos por �pagos indebidos a favor de la UTE ERIDAY� durante 1991 y 1992. Involucra a �funcionarios del Ente Binacional Yacyretá y de la Secretaría de Hacienda durante 1991 y 1992�. Una coincidencia: el caso de corrupción más importante está a cargo de Carlos Liporaci, quien �según la evaluación� es el juez que peor se ha desempeñado. �Hubo cuestionamientos muy fuertes de la Cámara y está todo prescripto por inactividad�, decía.
El informe permite proyectar la magnitud de los ilícitos en cada área. Menciona cuatro causas en el PAMI, cuyo impacto económico total habría sido de 678.200.000 de pesos. La más importante es por �irregularidades en contratos con la Federación de Geriátricos de la República Argentina� por 288.400.000, que está en el juzgado de Claudio Bonadío, uno de los jueces que intentó frustrar el acceso a la causa de la Oficina Anticorrupción.
Otra compromete a �Víctor Alderete y otros funcionarios del PAMI� y habría ocasionado un costo de 261 millones de pesos como consecuencia de �maniobras irregulares y existencia de retornos en contratos�. La tercera también vincula a �funcionarios del PAMI� en �maniobras irregulares en la contratación de la gerenciadora de ópticas� por 64.800.000. La investiga María Romilda Servini de Cubría, cuya actitud fue calificada de �ambigua� en el informe anterior. La última involucra a Alderete y a Juan Rasero en �maniobras irregulares en el pago de deudas� del PAMI por 64 millones de pesos. La lleva Jorge Ballestero, otro de los �ambiguos�.
Hay dos causas contra María Julia Alsogaray por 22 millones de pesos. La primera por �incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en la el marco de la COP 4�, una conferencia sobre medio ambiente realizada en Buenos Aires en 1998 en la que se detectaron sobreprecios. El perjuicio ocasionado habría trepado a los 13 millones de pesos y está a cargo de Jorge Urso, quien �según el informe anterior� �hizo una cuantas medidas notorias para el público y luego no se supo de ninguna medida de avance�.La segunda es por �pagos en exceso de ENTEL a SADE� por un total de 9 millones de pesos. En este caso, el documento aseguraba que Urso �jamás citó a los presuntos responsables ni hizo nada útil�.
Hay otros menemistas en la lista. Según el paper, la causa contra Gerardo Sofovich y otros ex funcionarios por �irregularidades y administración fraudulenta en ATC en el período 1992/1996� habría provocado un déficit de 20 millones de pesos. Está a cargo de Liporaci, que �según la evaluación anterior� �ha efectuado maniobras dilatorias sin tomar decisión alguna�.
Otro caso, que también lleva Liporaci, investiga a Julio Maharbiz por �incompatibilidad en contrataciones entre ATC y Argentinísima� a un costo de 15.720.602. La tercera involucra a Germán Kammerath, ex secretario de Comunicaciones y actual intendente de Córdoba, por la �determinación de las inversiones realizadas por la empresa concesionaria Correo Argentino S.A.� con costo de 99 millones de pesos. La lleva Adolfo Bagnasco, que había sido definido como quien propina �una de cal y una de arena�.
El informe incluye tres casos en los que no se precisa a los involucrados. El primero compromete a �funcionarios del Ministerio del Interior� en la �malversación de fondos en la entrega de subsidios a la provincia de Formosa para la construcción de la Legislatura� por 32.500.000 de pesos. El resultado de la investigación de Urso, de acuerdo a la evaluación, es que �está casi todo prescripto� a pesar de que �está probado que no se hicieron ni los cimientos�.
La otra causa, por �la concesión de gastronomía en los complejos turísticos de Embalse y Chapadmalal�, trajo un perjuicio de 40 millones de pesos y compromete a �funcionarios de la Secretaría de Turismo�. El tercer caso investiga a �funcionarios del Ministerio de Defensa� en la �privatización fraudulenta de TANDANOR�, astillero estatal adquirido por INDAR S.A. El documento aseguraba que Ballestero �está apuntando a las empresas mientras que la OA está escarbando a los funcionarios�.
El cuadro finaliza con dos causas célebres. En la de créditos al Grupo Yoma, el juez Claudio Bonadío �según el informe� determinó que �no hubo afectación del patrimonio del Estado�, aunque el costo fue de 76 millones de pesos. �La participación del director general de la DGI Región 1 en maniobras relacionadas con la denominada mafia del oro�, por reembolsos fraudulentos, se llevó unos 129 millones de pesos. El funcionario involucrado es Marcelo Ramos y la causa la investiga Ballestero.
El momento
La elaboración del informe que arroja la impresionante cifra de 3200 millones de pesos como resultado de las quince causas principales de corrupción no es casual, como tampoco fue casual la redacción del documento que evaluaba la actuación de los jueces federales.
Es lógico: los últimos no fueron los mejores días de la Alianza que, cuando recién comenzaba a diluir el impacto público del último ajuste, no tuvo más remedio que anunciar una nueva suba del índice desempleo. Aunque el oficialismo intentó morigerar la cifra apurando anuncios, en la Casa Rosada son muchos los que creen que el avance de las causas de corrupción contribuirá a darle a la Alianza un respiro. Ansioso, el Gobierno aguarda que se reanuden mañana las investigaciones contra los ex funcionarios menemistas luego de la feria judicial de invierno.
La preocupación oficial por cumplir aquella vieja promesa de campaña se mezcla con la declamada necesidad de respetar la independencia de los poderes. Este contexto difícil explica la elaboración del documento �en sus dos apéndices�, pensado como informe de circulación interna y que Página/12 publica en exclusiva.
DECLARAN CINCO EX FUNCIONARIOS DE CARLOS MENEM
El desfile de agosto en Comodoro Py
Por F.A.
La semana que viene, comenzarán a recorrer los pasillos de tribunales al menos cinco ex funcionarios menemistas. Los emblemáticos acusados son María Julia Alsogaray, Francisco �Paco� Mayorga, Gerardo Sofovich, Claudia Bello y Víctor Alderete, que por ahora pinta cuadros en una celda vip de la Gendarmería, a pocas cuadras de los Tribunales Federales.
Alderete, ex titular del PAMI, es hasta ahora el único de los denunciados que está en prisión pese a que el juez federal Adolfo Bagnasco no lo imputó como jefe de una asociación ilícita creada con ese objeto.
Además de la causa que le sigue Bagnasco, Alderete deberá comparecer ante otros dos jueces federales. El martes 8 Carlos Liporaci lo interrogará por presunta �sustracción de documentación� del PAMI en más de noventa cajas que fueron encontradas en un domicilio de Morón.
El 16 de agosto ingresará al despacho de Gabriel Cavallo que investiga irregularidades en los contratos de la obra social de los jubilados con la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas.
La agenda de agosto sigue así:
 El jueves 10 Liporaci indagará a Gerardo Sofovich, ex interventor de ATC, por el presunto delito de defraudación en perjuicio del Estado al impulsar dos contrataciones que le produjeron a la emisora una pérdida de 28 millones de pesos.
El viernes 11 le llegará el turno de desfilar por el despacho del juez Bagnasco al ex secretario de Turismo, Francisco �Paco� Mayorga. El magistrado lo indagará por supuestas irregularidades cometidas en la licitación de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse. Según la Oficina Anticorrupción, que encabeza el ex magistrado José Massoni, se detectaron reajustes de tarifas injustificados en los servicios que los concesionarios le cobraban al Estado.
El viernes 25 la ex secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, prestará declaración indagatoria ante la jueza María Servini de Cubría por una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de una campaña publicitaria para prevenir el denominado �efecto 2000� en los sistemas informáticos.
En agosto también podrían prosperar otras causa que involucran a otros tantos ex funcionarios de Carlos Menem. Entre ellos: Erman González, por supuesto enriquecimiento ilícito; el ex intendente Jorge Domínguez, por irregularidades en la venta de un edificio; y Germán Kammerath, ex secretario de Comunicaciones y actual intendente de Córdoba, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
| Coletazos del non paper
El diez de julio, Página/12 publicó una nota bajo el título El expediente X: un non paper secreto que evaluaba la actuación de los diez jueces federales en las causas de corrupción, evaluación que completa el cuadro de las quince causas más importantes. La revelación provocó un revuelo en los Tribunales. Los magistrados se reunieron en el despacho de Claudio Bonadío, se quejaron en privado y designaron como virtual vocero a Adolfo Bagnasco. El más famoso de los jueces federales le atribuyó el informe al Ministerio de Justicia y se quejó por lo que consideró una intromisión del Ejecutivo. Al día siguiente, el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, tuvo que salir a defender a los magistrados. Desmintió haber redactado el documento y aseguró que �no era la forma� de monitorear los procesos. Pero no pudo negar la existencia del informe. |
| El estado de las denuncias
La evaluación de los costos de los delitos contra el Estado es sólo un costado del informe, que también se ocupa de la marcha de las denuncias y del trabajo de la Oficina Anticorrupción. Según el paper, el organismo recibió y formuló hasta junio 596 denuncias, de las cuales 532 partieron de acusaciones particulares, 14 por pedido de distintos organismos públicos, 16 a partir de notas periodísticas y 18 que fueron formuladas directamente por el organismo.
El documento describe el estado de las denuncias. Del total, en el 10 por ciento de los casos �hubo elementos suficientes para iniciar la investigación�; en el 4 �por el tenor del ilícito y el perjuicio económico del Estado la OA decidió además de la denuncia participar activamente en el proceso�; en el 13 por ciento de los casos �se encontraron elementos suficientes para formular denuncia judicial�; mientras que otro 13 ciento �necesita una averiguación previa antes de tomarse una decisión�. El resto fueron desestimadas por diferentes causas.
Del total de denuncias, 461 fueron formuladas por una persona o un organismo identificado, 15 por personas que pidieron reserva de identidad y 56 por anónimos.
Luego del balance, el paper describe la intervención de la OA en las 128 causas que se encuentran en la Justicia. Señala que el organismo formuló 71 denuncias judiciales, se presentó como querellante en 19 causas �entre otras, las que involucran a Víctor Alderete, María Julia Alsogaray y Gerardo Sofovich� y añade que �pidió tomar vista en otras 38 causas que ya venían tramitándose�, lo que significa que solicitó algún tipo de documentación. |
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