Por Eduardo Tagliaferro
 Los
cuerpos de Alejandro Gómez y Orlando Justiniano fueron trasladados
al corte de ruta en una ambulancia. Llegaron un día antes que la
policía salteña atacara con palos, balas de goma y gases
lacrimógenos a la población de General Mosconi, que mantenía
cortada la ruta 34. La versión policial, refrendada por un contradictorio
testigo, sostuvo que los jóvenes piqueteros habían muerto
en la localidad jujeña de Yuto, al volcar la camioneta Toyota negra
en la que se trasladaban. A casi tres meses del hecho, en plena feria
judicial y cuando se aprestaba a cerrar la causa, los familiares de las
víctimas entregaron al juez, Argentino Juárez, un videocasete,
al que tuvo acceso Página/12 y en el que un piquetero afirma que
cinco policías, uno de ellos uniformado, los habían detenido
horas antes del supuesto accidente. El testimonio puede llevar al magistrado
a investigar a la policía provincial de Salta, sospechada desde
un primer momento por los pobladores de Mosconi, de estar involucrada
en la muerte de los jóvenes.
"Nosotros éramos cuatro. Habíamos ido más allá
del aeropuerto a juntar leña y piedras para llevar al corte de
ruta, cuando apareció la Trafic blanca", dice mirando a la
cámara, con una sonrisa nerviosa y una dicción poco clara,
producto de que todavía tiene alojado en su cerebro una de las
dos balas que penetraron en su cabeza aquella tarde del 9 de mayo, el
piquetero que acompañaba a los dos jóvenes muertos.
"Nos trasladábamos en una camioneta negra que les prestaban
a los compañeros, cuando vimos la Trafic blanca en nuestro trayecto.
No le dimos importancia", continúa el piquetero. "La
camioneta le da paso a la Trafic y entonces bajan el chofer y el acompañante.
Eran como cinco en total, uno tenía uniforme de la policía
de Salta. Yo lo he visto, cuando agarró el arma, una escopeta,
y disparó un tiro al aire; luego bajaron los otros. Me han corrido,
pero meterse en el monte no podían", dice.
Según el relato, el hecho sucedió entre las 15 y las 16
hs. del martes 9 de mayo. Alejandro Gómez, de 19 años y
Orlando Justiniano, de 20, se trasladaban en la camioneta Toyota negra
identificada con la patente boliviana ZLU 732, propiedad del ingeniero
Winston Vaca quien, al no poder cruzar la frontera por el corte de ruta,
la dejó frente a la casa de la familia Gómez en Tartagal.
Un parte policial confeccionado por el comisario Vicente Giménez,
titular de la comisaría de Yuto, del departamento jujeño
de Ledesma, y que forma parte del expediente judicial, afirma que a las
23.40 del 9 de mayo los efectivos policiales recibieron un alerta telefónica
que informaba sobre un accidente ocurrido unos minutos antes. La comisión
policial despachada para verificar la información encontró
la camioneta Toyota en la localidad de Arroyo el Quemado. El cuerpo de
Gómez fue hallado en la banquina y el de Justiniano, sobre el asfalto
de la ruta, ambos estaban muertos. A escasos metros los policías
encontraron a Jorge Aguado, que se encontraba con vida y tenía
una lesión externa a la altura de la clavícula derecha.
En horas del mediodía del 10 de mayo, el instructor policial se
dirigió al hospital Oscar Arias del  barrio
de Ledesma, adonde había sido conducido Aguado. Allí, luego
de afirmar que se encontraba en estado normal de salud para realizar su
declaración, Aguado dice que viajaba en el asiento del acompañante
delantero de la camioneta doble cabina y que momentos antes del accidente
se había quedado dormido. Minutos más tarde se despertó.
Fue cuando los policías lo enfocaron con sus linternas y lo sacaron
del brazo. En ese primer testimonio, el oficial policial resaltó
que Aguado "agregó que fue un accidente y que no desea realizar
ninguna acción legal contra nadie".
Doce horas después de esta declaración, la policía
jujeña le toma a Aguado una ampliación de su testimonial
anterior. En ésta, el acompañante de los piqueteros modifica
la versión anterior. Recuerda que habían tomado mucha cerveza,
que compraron ginebra y whisky en una estación de servicio y que
a pesar de que salvo él ninguno de los ocupantes de la camioneta
tenía documentos de identidad, licencia de conducir, ni la cédula
verde de la Toyota negra, el puesto de control policial de ingreso a la
provincia, que los interceptó, les permitió continuar con
su marcha. En esta ocasión Aguado afirmó que, pese al sueño,
se mantuvo despierto. "Ale...", dice que gritó antes
de que comenzaran los vuelcos del vehículo.
Más allá de las contradictorias afirmaciones del supuesto
sobreviviente del accidente, la mayor parte de los testimonios policiales
remarcaron el fuerte olor a bebidas alcohólicas que tenían
los cuerpos de los accidentados, incluso sus cabellos. En el folio 5 del
expediente instruido por el juez Argentino Juárez y refoliado con
el número 59, el bioquímico Miguel Martínez informa
que las pruebas de alcoholemia realizadas a Alejandro Gómez y a
Orlando Justiniano habían dado un dosaje de 0,01 grs por ciento.
Menos del 0,05 grs por ciento, el valor más bajo que figura en
la planilla policial.
El primer informe del médico policial afirmó que la muerte
de los dos piqueteros de Mosconi se había producido por traumatismo
de cráneo y que los cuerpos tenían múltiples traumatismos.
En esa ocasión el forense sostuvo que no consideraba necesario
realizar la autopsia a los jóvenes piqueteros. Opinión que
ratificó, una semana después del hecho, en una ampliación
de su informe médico.
El 28 de junio, el magistrado aceptó el pedido de los familiares
de las víctimas y ordenó la necropsia de los cuerpos. Habían
pasado 48 días, mucha agua había corrido debajo del puente
y muchos funcionarios y organismos fueron testigos de los reclamos de
Jacoba Olarte y Primitiva Ruiz, madres de Alejandro Gómez y Orlando
Justiniano, respectivamente.
El magistrado jujeño deberá decidir si cita al testigo que
ofreció su testimonio en el video presentado por las madres de
los piqueteros salteños. La demora, dado su estado de salud, simplemente
les quitaría oportunidades a la Justicia y a la verdad. Claro que,
de confirmarse sus dichos, también todo lo actuado judicialmente
podría quedar en un absurdo.
Un caso que llegó
a Buenos Aires
Por E.T.
Desde un primer momento las dos madres de los piqueteros muertos
de General Mosconi no creyeron la versión policial. Viajaron
a encontrarse con los cuerpos de sus hijos, los reconocieron,
los tocaron, los miraron atentamente. Por su actitud, y como para
demostrar que la historia se repite, fueron llamadas "viejas
locas" por el secretario de audiencias del gobernador salteño
Juan Carlos Romero. Luego comenzaron un largo peregrinar buscando
la verdad de lo sucedido. Parte de ese camino las condujo la semana
pasada al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría
de Derechos Humanos.
"Pedían trabajo. No era necesario que los mataran",
fue la respuesta que Jacoba Olarte, madre de Alejandro Gómez,
le dio al subsecretario del Interior, César Martucci, cuando
el funcionario le recordó que sus hijos participaban de
un ilícito (el corte de ruta). El subsecretario fue uno
de los dos hombres del ministerio que participó, en mayo
pasado, de la comitiva gubernamental que negoció el levantamiento
de la protesta. El otro fue el subsecretario de Asuntos Institucionales,
Lautaro García Batallán, quien en esa oportunidad
había dicho frente a los manifestantes que "luego
de la represión (policial), no voy a ser el mismo".
En la Subsecretaría de Derechos Humanos se les prometió
la apertura de una investigación propia. También
se les informó de las respuestas giradas por el gobierno
salteño y la Secretaría de Derechos Humanos de esa
provincia.
Más allá de la gran cantidad de notas oficiales
y discurso homogéneo que contiene la respuesta de la Secretaría
de la Gobernación de Salta, firmada por la abogada Sonia
Escudero, se percibe claramente que muchos de esos informes tuvieron
su origen en el interés demostrado por la comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación
y de su presidenta, la diputada Marcela Bordenave. A Bordenave,
precisamente, le fue dirigido un videocasete, en el que varios
pobladores de Mosconi denuncian gran cantidad de atropellos y
violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía
salteña durante el último corte de ruta. "¿Vamos
a ir a la Policía, para denunciar a la policía?",
se preguntan, en un tramo del casete, un grupo de maestras de
Mosconi.
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