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Un día de pedidos por la Verdad ante la Cámara Amigos y familiares de desaparecidos van a contestar la ofensiva militar contra los juicios |
Por Victoria Ginzberg 
Apenas los Tribunales retomen hoy su labor ordinaria, la Cámara
Federal porteña recibirá decenas de pedidos para que se investigue
lo ocurrido con los desaparecidos durante la última dictadura militar.
Familiares o amigos de víctimas del terrorismo de Estado se presentarán
para contar un caso o entregar un escrito, y demandarán una respuesta
jurídica. Se fundarán en el "derecho inalienable de las
personas y las sociedades a conocer plenamente su pasado". Será
una réplica a la ofensiva militar para paralizar las Causas por la
Verdad. Alejandra Lapacó fue secuestrada el 17 de mayo de 1977 junto con su mamá Carmen. Ambas fueron llevadas al centro clandestino Club Atlético. Tres días después, a Carmen la dejaron abajo de un camión en la Boca. En 1998 la Corte Suprema le negó a la madre el derecho a conocer lo ocurrido con la hija. El lunes la mujer insistirá y le reclamará a la Cámara Federal que investigue su caso. Lita Boitano pedirá a los camaristas que busquen datos sobre sus hijos Miguel Angel y Adriana Silvia, que desaparecieron en la calle el 29 de mayo de 1976 y el 24 de abril de 1977 respectivamente. Mauricio Eisenschlas reclamará saber qué ocurrió con su hijo Enrique, detenido el 5 de julio de 1976 en la empresa Continental, donde trabajaba. "Para hacer estas presentaciones no se necesita abogado ni escrito, simplemente dirigirse a la Cámara. Por eso convocamos a todos los que quieran ir el lunes a las once a los tribunales de Comodoro Py, ya sean familiares o amigos", explicó a Página/12 Virginia Croatto, que acudirá ante los jueces por el caso de su papá. Armando Croatto fue parte del grupo de diputados peronistas por la JP que renunció a sus bancas en 1974. Cinco años más tarde fue asesinado en Munro. Más allá del curso que sigan las presentaciones, el objetivo de los organismos de derechos humanos es realizar un acto público para repudiar la movida de la Corte Suprema en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, que puede afectar a otras causas de ese tipo. Una larga fila frente al juzgado podría evocar a la que se formó en 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país y recibió miles de denuncias sobre desapariciones, asesinatos y torturas. El último día antes de la feria de invierno se supo que la Corte ordenó a la Cámara Federal bahiense que remita todo el expediente en el que se investigan los crímenes cometidos por la última dictadura a la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Ante lo que consideraron como una maniobra para paralizar la causa, los jueces de Bahía Blanca plantearon un problema de competencia ante la Corte. El Ejército se alegró con esa noticia porque espera que el tribunal supremo "ordene" los juicios de la verdad de una manera conveniente para los militares. En Buenos Aires, la Cámara Federal porteña trabaja sobre causas en las que se investiga el destino de los desaparecidos desde 1995 pero no realiza audiencias orales. A principio de 1998 ese tribunal citó a varios represores, como Emilio Eduardo Massera, Alfredo Ignacio Astiz y Jorge "el tigre" Acosta para interrogarlos por casos de personas que estuvieron detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Este año, la Cámara porteña introdujo un cambio en los juicios sobre desaparecidos. Al fallar en el caso de Conrado Gómez dijo que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no son de aplicación inmediata sino que deben ser evaluadas en cada ocasión. Los procesos en los que hay posibilidad de condenar a los responsables --por apropiación de menores o delitos económicos-- son conducidos por jueces federales de primera instancia. El peligro que corren las causas preocupa más allá de las fronteras. Al recordatorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al Gobierno sobre el compromiso internacional en esa materia se sumó una carta de la Federación Internacional de Ligas de Derechos del Hombre de Europa. La organización escribió al presidente Fernando de la Rúa y a varios ministros manifestando su "extrema preocupación por la creciente influencia de los poderes militares en algunas instituciones del sistema judicial de la República Argentina". Entre todas las denuncias que recibirá el tribunal porteño, la de Lapacó será especial. A pesar de que la Corte trabó oficialmente la continuación del caso, la Cámara podría decidir reabrirlo y dar así entidad jurídica al acuerdo que firmó la madre de Plaza de Mayo con el Estado a través de la CIDH en noviembre del año pasado. En esa resolución se especificó que el derecho a la verdad es imprescriptible y debe ser garantizado por las Cámaras Federales.
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