Por Felipe Yapur e Irina Hauser Finalmente el paper prometido llegó. Desde hace ya unos días las autoridades del bloque de diputados de la Alianza tienen en su poder un borrador que envió, con demora, el Ministerio de Justicia. En el documento "está expresado el pensamiento del ministro Ricardo Gil Lavedra" sobre el nuevo texto del proyecto de ley que permitirá revisar las condenas a los presos por el asalto al cuartel de La Tablada de 1989 y que deberá ser tratado en la sesión del próximo jueves. El paper en cuestión plantea derogar el artículo que impide la doble instancia en juicios que se sustancian contra las personas que violen la Ley de la Defensa de la Democracia. Por ende, esto habilitará la revisión de la situación jurídica de los detenidos del Movimiento Todos por la Patria (MTP): "Si se aplica o no el beneficio del dos por uno, correrá expresamente por decisión del juez que entienda en la causa", aseguraron a Página/12 fuentes cercanas al ministro. Obviamente que el borrador enviado por Gil Lavedra cuenta con el consenso de los integrantes del Ejecutivo Nacional. Pero éstos saben que el nuevo texto del proyecto de ley en cuestión encontrará resistencias tanto de los diputados radicales como de algunos frepasistas. Por lo pronto el ministro del Interior, Federico Storani, solicitó a la conducción del bloque oficialista que "ablanden a los fundamentalistas" radicales que, como reconocieron varios legisladores de la UCR, "quieren ver pudrirse en la cárcel" a los presos del MTP por "el daño que le causaron al gobierno de Raúl Alfonsín". En el bloque aliancista la propuesta fue aceptada, pero con una aclaración: cada partido se encargará de convencer a sus propios fundamentalistas. Para el Frepaso el calificativo fundamentalista es en realidad algo exagerado. Así por lo menos lo reconocieron sus autoridades, pero saben que al no correr más el proyecto presentado por el bonaerense Ramón Torres Molina, algunos podrán presentar una queja. "Es posible que algunos se molesten, pero lo concreto es que el nuevo proyecto no coarta la posibilidad de que los detenidos puedan acceder al beneficio del dos por uno. Esa decisión quedará en manos de los jueces", confió un importante referente de este sector. Es bueno recordar que en la reunión de bloque realizada la mañana del jueves 13 de julio antes de la fallida sesión en la que estaba previsto tratar el tema Tablada, los radicales lograron incorporar mediante una votación interna un nuevo artículo al proyecto de Torres Molina. El artículo en cuestión, cuya autoría pertenece a Marcelo Stubrin, impedía claramente la posibilidad de que los 11 años de condena que están cumpliendo los presos no pudieran ser considerados como años de prisión preventiva. Así, la mayoría de los radicales creían que, por un lado, se evitaría que los detenidos accedan al beneficio del dos por uno, que significa el cómputo de dos días por cada uno de prisión después de los tres años sin sentencia firme. Pero también verían cumplida su expectativa de no brindar la imagen que más los desvela: "Ser los que les permitieron a los guerrilleros obtener la libertad". De hecho, la tarea para Storani y sus hombres en el bloque será doblemente más dura que la de Darío Alessandro en el Frepaso. En cuanto a cuál será la reacción del bloque justicialista, los miembros de la bancada aliancista esperan que éstos acepten el nuevo proyecto. El PJ dejó trascender que para ellos La Tablada era un problema que debería resolver el Gobierno y no el Parlamento. Por eso es que especularon con que Fernando de la Rúa, ante la imposibilidad de obtener una ley en el Congreso y apurado por la necesidad de cumplir con el requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firme un indulto. Pero los peronistas del Congreso saben que es difícil que eso ocurra y por eso también dejaron saber que serían capaces de aceptar un proyecto de ley que lleve la firma de al menos un ministro. Esto tampoco llegará, pero los aliancistas especulan con que el PJ acepte un proyecto que lleve la firma de los miembros de la mesa de conducción del bloque, dándole el viso institucional que tanto exige el justicialismo, que además tiene como valor agregado el texto que "representa el pensamiento del ministro" y por ende el del Presidente. Si las especulaciones de los aliancistas no están erradas, entonces todo indica que el jueves habrá ley y, como reconoció un diputado del Frepaso, "habremos cumplido con todos. No en un cien por ciento, pero los radicales, los peronistas y hasta la CIDH verán en la ley parte de lo que exigían". De ser así, la segunda etapa de la polémica norma continuará en el Senado. Justamente durante toda la semana pasada en la Cámara alta se especuló que podría tratarse el próximo miércoles el proyecto presentado por el puntano Rodríguez Saá, como una forma de complicar más la gestión de la Alianza. El proyecto en cuestión, que en nada se parece al borrador enviado por Gil Lavedra, impulsa un recurso de revisión sólo ante el pedido de organizaciones internacionales como la CIDH. Fuentes del justicialismo sostienen que sólo se trató de un rumor y que, con "el texto del ministro es suficiente para dar por terminado este tema". Sin embargo, como el bloque de senadores del PJ no se caracteriza por su homogeneidad de criterio, no sería extraño que algún legislador intente fogonear un nuevo conflicto.
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