Página/12

El suicidio también disparó el debate por las obras sociales

El ministro de Salud halló entre las ideas de Favaloro una evidencia de que deben quedar menos obras sociales sindicales y anunció que próximamente liquidará 40. El secretario general de la CGT oficial alertó contra "la desregulación y el control" de la salud en manos gremiales.

Por Diego Schurman

El Gobierno, que ayer sintió cómo una velada sospecha colectiva ponía las causas del suicidio de René Favaloro en el Estado, aprovechó a su vez la muerte del cardiocirujano para defender la desregulación de las obras sociales. "Lamento profundamente que por este trágico episodio la gente se haya dado cuenta de que el sistema de salud está en crisis. De hecho, el propio Favaloro proponía reducir el número de obras sociales para mejorar la calidad de atención", recordó a Página/12, el ministro de Salud, Héctor Lombardo.
La desregulación del sistema de obras sociales es un viejo anhelo del Banco Mundial. El proceso fue puesto en marcha por Carlos Menem. Pero la Alianza lo consolidó con un decreto de necesidad y urgencia al anunciar su último plan de ajuste.
El objetivo de Lombardo es achicar el número de entidades para garantizar su subsistencia a través de un proceso de "consorcios" y "fusiones". De las 290 obras sociales existentes, quiere dejar en pie no más de 60. Sin dar precisiones, el funcionario anunció que en los próximos días se liquidarán unas 40 entidades.
Un paper al que tuvo acceso Página/12 indica que entre las condenadas a desaparecer o fusionarse con otras, se encuentran la obra social de televisión, la de Helados 9 de Julio, Witcell e Instalaciones Sanitarias. El Gobierno asegura que la reducción "fortalece" a las obras sociales y las pone a punto para competir a partir del 1º de enero del 2001 con las empresas de medicina prepaga. El sindicalismo, en cambio, denuncia una "privatización del sistema de salud" basándose en este argumento: el objetivo de las empresas será obtener ganancias con un sistema que mueve anualmente unos 3 mil millones de pesos.
"Favaloro creció en la solidaridad y no concebía a la salud como una mercancía. Ese el debate que reabre su irreparable muerte, no la de la desregulación y el descontrol de sistema de obras sociales como pretende el Gobierno", aseguró a este diario el titular de la CGT oficial Rodolfo Daer.
Por eso las dos CGT --la rebelde y la oficial-- no quieren que la desregulación avance más allá de la situación actual, donde la libre competencia está acotada a las obras sociales sindicales. En el Gobierno replican asegurando que el temor real de los dirigentes gremiales es perder el manejo de las "cajas".

Herencias y subsidios

Lombardo dijo a Página/12 que la crisis del sistema de salud es parte de la "herencia recibida". Luego esquivó las críticas por temas puntuales cuya resolución están al alcance de sus mano. "Si hago es porque hago, si dejo de hacer es porque dejo de hacer", se quejó ante este diario.
Entre los cuestionamientos más recurrentes a su gestión figuran:
El Ministerio de Salud no derogó la resolución 1040 del anterior gobierno que permite la entrega discrecional de "subsidios no retornables" a las obras sociales.
Lombardo hizo uso de la resolución para socorrer a obras sociales
como la del Correo, la Carne, y del Ministerio de Economía.
El problema es que ese dinero se toma de un fondo destinado a reintegros por operaciones de alta complejidad, VIH, prótesis y transplantes.
"Entre atender la urgencia de las obras sociales en crisis, como la del Ministerio de Economía que tiene una deuda de 30 millones de pesos, y pagar algo que ya se hizo, como una operación de alta complejidad, priorizamos lo primero", argumentó el funcionario.
En la actualidad hay acumulados unos 3 mil expedientes de obras sociales pidiendo reintegros por millones de dólares. Se trata de un rubro caro si se tiene en cuenta que un trasplante de corazón tiene un costo estimativo de 70 mil pesos, uno de médula de 150 mil y uno de riñón de 18 mil.
Uno de las obras sociales que recibió ayuda inmediata de los "subsidios no retornables" fue el ADOS de San Juan. Curiosamente se trata de una entidad que pocos días antes había intervenido el Superintendente de Servicios de Salud, Rubén Cano, organismo que está en la esfera del Ministerio de Salud.
El manejo de las distintas ADOS en el interior del país se adjudica al gastronómico Luis Barrionuevo, quien mantiene fluidos contactos con el ex ministro Enrique "Coti" Nosiglia. Lombardo es declarado amigo de Nosiglia. "Los dos somos radicales y de Boca", suele decir.
En cambio, no recibió beneficios inmediatos la obra social de camioneros de Hugo Moyano, que por entonces llamaba a movilizarse en contra de la reforma laboral.
El Gobierno también congeló los préstamos destinados a las obras sociales que se adhirieron al Programa de Reconversión que impulsa el Banco Mundial.
Como resultado del ajuste, el Ejecutivo no cuenta con los 70 millones de pesos de contrapartida exigidos por el Banco Mundial para liberar un crédito similar destinado a las obras sociales.
Así, hasta las entidades que muestran "voluntad" de producir reestructuraciones internas y optimizar sus recursos quedaron huérfanas de la ayuda del Estado que las condicionó a realizar los cambios.
Es tan remota la posibilidad de una solución inmediata al tema que el comité de seguimiento del Programa de Reconversión de Obras Sociales ni siquiera sesiona.

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