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Mensaje explosivo en Tribunales con olor a mafia penitenciaria
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Por Horacio Cecchi 
"Te podemos matar cuando se nos cante." El mensaje fue claro
y no tuvo necesidad de ningún texto que lo expresara. Una bomba,
de escaso poder, fue descubierta y detonada a centímetros de la puerta
del secretario del Juzgado de Instrucción Nº 25, Julio Quiñones,
quien investiga un plan urdido en algún rincón del Servicio
Penitenciario Federal para asesinar al juez Alberto Baños. Baños
sigue la causa por el asalto al restaurante Dolli, en el que participaron
presos con permiso de salida para robar. Quiñones, como Baños,
su secretaria María Martínez y la jueza subrogante Susana
López ya habían recibido un anuncio: un pequeño ataúd
primorosamente envuelto y entregado junto a la correspondencia. La bomba
de ayer, un típico anuncio mafioso, desnudó la nula seguridad
que rodea a los funcionarios que investigan casos complejos. En marzo, Baños
junto a otros jueces había presentado una queja ante la Corte Suprema
por la falta de seguridad.La punta del ovillo está atada a la investigación iniciada por Baños. El 12 de abril pasado, el detenido Alejandro Penczansky, un integrante de la banda de Luis "Gordo" Valor, le confesó al juez que había recibido instrucciones para matarlo, en una salida clandestina. Baños y su secretaria, María Martínez, presentaron una denuncia ante la jueza Susana López y su secretario, Julio Quiñones. Se inició entonces una investigación sobre la confesión de Penczansky. Pero el 10 de mayo Baños recibió un paquete que guardaba una señal demasiado clara como para dejar dudas: un pequeño ataúd dentro del cual había una foto del juez con un punto rojo en medio de la frente. Para que la amenaza fuera clara y vinculante, la misma semana, Martínez, la jueza López y Quiñones recibieron sendos ataúdes aunque sin fotos. También Penczansky y Alejandro Núñez --uno de los presos que había intervenido en el asalto a Dolli-- recibieron presentes similares. Ayer, Quiñones recibió otro aviso. Como ocurre desde la primera amenaza, un custodio sigue sus pasos desde que sale de su casa hasta que vuelve. Antes de que el secretario subiera al quinto piso de los Tribunales, alrededor de las 8, uno de los custodios estudió el recorrido. No había nada sospechoso. Poco después, Quiñones salió de su despacho, seguido por otro guardia. Antes de regresar, un tercer custodio salió al pasillo del quinto piso para dar el visto bueno. A su izquierda, detrás de una puerta vaivén y a menos de un metro de la entrada al despacho había una bolsa de residuos negra. Hubiera pasado inadvertida, pero en su interior titilaba una luz. El guardia dio la voz de alarma. Media hora después, la Brigada de Explosivos de la Policía Federal hacía detonar el artefacto, previo desalojo de todo el quinto piso. El estallido produjo la rotura de algunos vidrios, pero los daños fueron escasos. "Encontramos una sola bomba. Es probable que sea una mezcla de pólvora. Los componentes son analizados por los peritos. Estaba dentro de un tubo de PVC, con un mecanismo de relojería listo para hacerlo estallar", aseguró a Página/12 un investigador, para desmentir las versiones que hablaban de medio kilo de trotyl y de varios artefactos explosivos. "La confusión con el trotyl puede venir porque el fulminante que envolvía el caño era el mismo que se usa para ese tipo de explosivo. Pero tenía escaso poder. Es un clásico aviso mafioso, una mojada de oreja." Quiñones radicó la denuncia ante el juzgado federal de Gustavo Literas. De acuerdo con los resultados de las pericias y los primeros sumarios, es probable que la causa quede vinculada a la investigación sobre el autor de los ataúdes, que sigue el juez Fernando Rodríguez Lubary. Por otro lado, ayer, la secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios Patricia Bullrich ordenó al director del SPF, Juan Pedro Develluk, la creación de un grupo especial para investigar si existen funcionarios o ex funcionarios penitenciarios vinculados con las intimidaciones. "Fuera de la amenaza en sí, lo más grave es que en Tribunales entra y sale cualquiera. No hay ningún tipo de control. Es algo incomprensible", se quejó muy preocupado un magistrado. No fue el primero. En marzo, Baños y otros jueces del palacio de Talcahuano presentaron una queja ante la Corte. Hubo reuniones entre el secretario de Justicia, Jorge Pérez Delgado, y los ministros del máximo tribunal. La idea de colocar detectores de metales fue descartada. "Entra y sale demasiada gente", fue el argumento. La Corte dispuso una medida concreta: habilitó una línea telefónica para denunciar "urgencias graves".
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