UNAS 150 VICTIMAS DE LA REPRESION, ANTE TRIBUNALES
Cola de familiares por la verdad

Formaron una hilera �como a principios de la dictadura� para reclamar justicia. Amigos y familiares de detenidos-desaparecidos se presentaron ayer en Tribunales a pedir que se investigara el destino de las víctimas del terrorismo de Estado.

Por Victoria Ginzberg
  Los secretarios de la mesa de entradas de la Cámara Federal sellaron expedientes durante casi dos horas. La fila formada ante el juzgado llamaba la atención, pero cobraba sentido al distinguir los pañuelos blancos. Eran familiares y amigos de desaparecidos que exigían saber la verdad. El tribunal recibió ayer alrededor de 150 pedidos para que se investigaran crímenes ocurridos durante la dictadura. Todos fueron fundados en el “derecho inalienable de las personas y las sociedades a tener un conocimiento pleno de su pasado” y son una reacción ante el intento de la Corte Suprema de paralizar los Juicios por la Verdad.
“Me hace acordar al principio. Cuando íbamos al Ministerio del Interior”, comentó una de las asistentes. Otro invocó la hilera que se formó para pedir justicia en 1979, en ocasión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La mayoría de las presentaciones fue entregada en base a un modelo elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que los familiares agregaron a mano los datos particulares de cada caso.
El artista plástico León Ferrari reclamó la apertura de una causa sobre la desaparición de Liliana Mabel Bietti, ocurrida el 16 de junio de 1977. Bietti era la novia de Ariel Ferrari –hijo de León-, cuya desaparición la Cámara ya está investigando. “En noviembre de 1976, cuando las fuerzas de seguridad realizaron varios operativos buscando a mi hijo, nuestra familia viajó a Brasil para evitar ser secuestrados: el gobierno secuestraba y torturaba parientes de los buscados para obtener informaciones”, relató Ferrari en su pedido. “Liliana volvió a Buenos Aires en junio de 1977 en busca de Ariel y fue secuestrada por las Fuerzas Conjuntas el 16 de junio de 1977 en la casa de sus ex suegros en la provincia de Buenos Aires”, detalló.
La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y Bahía Blanca, Mirta Mántaras, hizo un pedido por el caso de una familia que nunca antes había sido denunciada ante la Justicia. Se trata de Rubén Castro Fernández, Isolina Beatriz Rocchi y su hijo Tomás Martín, de tres años. Desaparecieron en 1977, presumiblemente en Corrientes y Maipú, aunque no se pudieron encontrar testigos del hecho.
“Pido que se investigue a los responsables de mi secuestro, privación ilegal de libertad y tortura”, decía el escrito preparado para la ocasión por los miembros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que hicieron cerca de cuarenta presentaciones.
La abogada Isabel Brugo Marcó reclamó el esclarecimiento del secuestro de su hermano Gerardo, ocurrido en marzo de 1981 en Santa Fe y Gurruchaga. Elena Lenhardtson llegó en su silla de ruedas para pedir por la investigación del crimen de Juan Carlos Alsogaray, asesinado en febrero de 1976 en Tucumán. El dirigente peronista Dante Gullo reclamó saber la verdad sobre su madre, secuestrada el 5 de agosto de 1976 –mientras él estaba preso en Sierra Chica– y con su hermano, desaparecido en abril de 1979. El rabino Daniel Goldman acompañó a las madres de Plaza de Mayo Vera Jarach y Matilde Mellibovsky, que solicitaron conocer el destino de sus hijos. Como ellos, más de cien personas reafirmaron el derecho a la Verdad ante los jueces de la Cámara Federal porteña, integrada por Horacio Vigliani, Horacio Cattani, Eduardo Luraschi, Martín Irurzun y Luisa Riva Aramayo. Estuvo también presente Carmen Lapacó, quien reclamó la reapertura de la investigación de su hija, cerrada por la Corte Suprema.
Miembros de la Cámara porteña indicaron que todas las causas presentadas serán analizadas y sumadas a las ya abiertas en ese tribunal. Además, en cada caso, como es criterio de estos camaristas, se considerará si son aplicables o no las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Las 150 presentaciones, hechas sin abogado, fueron una respuesta a las acciones de la Corte Suprema y la Cámara de Casación que apuntan a paralizar los juicios por la Verdad. El último día antes de la feria de invierno se supo que la Corte ordenó a la Cámara Federal de Bahía Blancaque remitiera todo el expediente en el que se investigan los crímenes cometidos por la última dictadura –más de quince mil hojas– a la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Ante lo que consideraron como una maniobra para paralizar la causa, los jueces de Bahía Blanca plantearon un problema de competencia ante el máximo tribunal de la Nación.
La larga hilera de ayer en Comodoro Py fue también una reacción ante la supuesta “mesa de diálogo” con la que los militares pretenden parar las investigaciones judiciales relacionadas con los desaparecidos.

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