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Con exigencias de un mayor control de las inversiones, traslado a tarifas
de las rebajas en los costos y exigencias sobre cumplimiento de servicios,
la Sindicatura General de la Nación (Sigen) dio a conocer ayer su
dictamen sobre la desregulación de las telecomunicaciones. Tal cual
lo adelantado por Página/12, en ese informe de 15 carillas, el síndico
Rafael Bielsa les impone obligaciones a las compañías que
ingresan al negocio que no estaban contempladas en el decreto instructivo
de Fernando de la Rúa. Mañana será la Bicameral de
Seguimiento de las Privatizaciones quien difundirá sus observaciones
al plan oficial de desregulación. La norma definitiva, que dará
marco a la liberalización telefónica, se conocería
la próxima semana.Con las sugerencias en la mano, ahora el Gobierno debe decidir si incorpora esos cambios al decreto presidencial. “Con la Sigen hay afinidad. Vamos a prestar especial atención a las modificaciones que redunden en un mejor servicio al usuario”, señaló a este diario un vocero de la Secretaría de Comunicaciones. Precisamente, ése fue el mismo compromiso que el secretario Henoch Aguiar rubricó la semana pasada frente a los legisladores de la Bicameral. La desregulación total del mercado de telecomunicaciones está prevista para el 9 de noviembre próximo. Hace una semana, Página/12 publicó la lista con los cambios al decreto del Ejecutivo propuestos por Rafael Bielsa. Pero en ese momento, el propio síndico apuntó que se trataba de un borrador y no de la versión definitiva. Finalmente, entre una y otra no hubo diferencias notorias y se mantuvieron los aspectos centrales. En su escrito enviado ayer a De la Rúa, Bielsa hizo las siguientes recomendaciones.  Como el decreto instructivo no
exige el cumplimiento de metas de inversión y prestación de
servicios “firmes y explícitos, pudiera ser que a poco de andar
se presentaran deserciones” que eventualmente perjudicarían
al sistema y a los usuarios. Imposición de penas a
las empresas que presten el servicio de manera ineficaz (demoras, interrupciones).
Incorporar “criterios de
eficiencia”. De esa manera, toda reducción de costos debería
trasladarse a las tarifas. La participación del Estado
en el fondo fiduciario encargado de distribuir los fondos para subsidiar
las regiones menos rentables tendría que ser mayor. Inversiones: serán computables
sólo aquellas en infraestructura. Quedan excluidas los gastos en
marketing y publicidad.Los diputados y senadores del PJ y de la Alianza integrantes de la Bicameral se reunirán hoy para consensuar un dictamen común, aunque también figurarán las apreciaciones de cada uno. En ese dictamen respaldarán la desregulación de las telecomunicaciones. Pero dejarán constancia de la necesidad de aplicar un severo control para que ninguna región del país quede desatendida. Y reclamarán que ese control no quede únicamente en manos de Henoch Aguiar.
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