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INVESTIGAN
UNA EVASION DE APORTES DE GRANDES EMPRESAS
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Por David Cufré 
La Anses descubrió un fraude al fisco de 300 millones de pesos
al año a través de las asignaciones familiares. Para desbaratarlo,
esta semana lanzará un megaoperativo en las cien empresas más
importantes del país. Los ministros de Economía, José
Luis Machinea, y de Trabajo, Alberto Flamarique, vienen trabajando en el
tema con la más absoluta reserva, en base a la documentación
y las sugerencias aportadas por la Anses. El increíble entramado
de maniobras fraudulentas se remonta a por lo menos ocho años atrás,
y han desfinanciado al sistema previsional en cifras varias veces millonarias.
Las estimaciones más conservadoras hablan de una pérdida de
2 mil millones de pesos. El Gobierno hará un profundo cambio en el
sistema de pago de las asignaciones familiares, buscando cortar de cuajo
los mecanismos de estafa a las arcas públicas. Y acompañará
la acción legislativa con inspecciones en cien compañías
de primera línea, muchas de ellas sospechadas de gruesas irregularidades.La movida es impulsada por la Anses, donde se realizó una investigación minuciosa que arribó a la conclusión de que existen tres grandes esquemas de fraude por intermedio de las asignaciones familiares. Un reconocido senador confió a este diario una anécdota que revela la profundidad y la extensión de las maniobras denunciadas: --¿Por qué en todos estos años ninguna empresa se quejó del régimen de pago de las asignaciones familiares, si deben liquidarlas a sus empleados junto con el sueldo y la Anses les reintegra el importe entre 15 y 45 días más tarde? --le preguntó el senador al presidente de una influyente cámara empresaria. --Porque muchas empresas se financian haciendo figurar mayores pagos de asignaciones familiares de los que realmente hacen --confesó el dirigente empresario. El Estado recauda 1880 millones de pesos al año por contribuciones patronales de asignaciones familiares. Y redistribuye entre los beneficiarios 2065 millones, por lo que tiene un déficit de 184 millones. La Anses preparó un informe reservado para Machinea que sostiene que si se consigue cerrar este grifo de corrupción, el organismo podría transformar ese desequilibrio en un superávit de 150 millones de pesos anuales. En el mismo documento se le proponen cursos de acción para restablecer controles efectivos sobre las empresas, que han sido desmantelados a partir de una decisión del gobierno menemista en 1992. El entonces ministro Domingo Cavallo impulsó la eliminación de las Cajas de Asignaciones Familiares y traspasó su tarea a la DGI, que a partir de ese momento quedó a cargo de la fiscalización. En el mismo paso, se creó el Sistema Unico de la Seguridad Social. La medida permitió a las empresas compensar entre los aportes patronales y las asignaciones familiares. De ese modo, si una compañía paga 50 mil pesos a sus empleados en concepto de asignaciones familiares y le corresponde integrar 70 mil por todos sus aportes a la seguridad social (16 por ciento de jubilación, 7,5 por ciento de asignaciones familiares y 1,5 por ciento del subsidio de desempleo sobre la nómina salarial), paga a la DGI sólo la diferencia. En este caso, 20 mil pesos. El argumento de Cavallo fue que de ese modo se achicarían costos burocráticos. Sin embargo, la Anses sostiene ahora que la resolución abrió la puerta a las maniobras fraudulentas que se quieren combatir. "La empresa puede declarar que pagó asignaciones familiares por determinado monto, pero nadie lo controla. En consecuencia, puede estar evadiendo aportes patronales sin que sea detectado", señaló a Página/12 Miguel Fernández Pastor, director de Normatización y Control de la Anses, encargado de llevar adelante las investigaciones desde el organismo. Existe un dato objetivo que llevó a la Anses a tirar de la punta del ovillo en el tema. En aquel esquema de compensación, sólo las empresas que piden reintegros --por haber pagado más de asignaciones familiares de lo que debía aportar por contribuciones a la seguridad social-- son inspeccionadas por la Anses. Esto ocurre en el ciento por ciento de los casos. Aún así, el organismo descubrió que las empresas declararon haber pagado asignaciones familiares un 20 por ciento por encima de lo que realmente hicieron. Es decir, exigían reintegros injustificados. El año pasado, el sector de empresas verificado demandó reintegros por 43 millones de pesos, de los cuales 8 millones no tenían razón de ser. "Si cuando se verifica, y la empresa sabe que será inspeccionada porque pidió reintegros, hay una diferencia en contra del Estado del 20 por ciento, podemos suponer que en el resto de las empresas no controladas existe como mínimo la misma evasión. Nuestra estimación es que se podría aumentar la recaudación en 307 millones de pesos, que es el 20 por ciento de lo que se paga de asignaciones familiares en base al sistema de compensación", sostuvo Fernández Pastor.
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