Por Victoria Ginzberg
 El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, rechazó la pretensión de los tribunales militares de quedarse con la causa en la que se investiga el plan para apropiarse de bebés durante la dictadura. Becerra fundamentó su dictamen, realizado de urgencia a pedido de la Corte Suprema, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Todo indica que las aspiraciones de los responsables del robo de niños quedarán finalmente extinguidas hoy, cuando el máximo tribunal resuelva, al igual que el procurador, que el juez federal Adolfo Bagnasco debe continuar la investigación.
En su dictamen, Becerra recordó apreciaciones de él mismo en casos vinculados con la averiguación de la verdad sobre desaparecidos en los que expresó que �el emprendimiento correspondía al tribunal federal, como parte integrante del sistema de Justicia que debe colaborar en la reelaboración social de un conflicto de tanta trascendencia�. También manifestó que �en ocasión de impartir instrucciones generales a los fiscales� hizo notar que resultaba �imprescindible cuando se investigan hechos ilícitos vinculados con violaciones a los derechos humanos evitar la realización de planteos que puedan obstaculizar o dilatar los procedimientos�.
Becerra elaboró su dictamen sin necesidad de revisar el expediente completo en el que se investiga la apropiación de hijos de desaparecidos. Hace quince días, cuando comenzó la feria judicial, el secretario penal de la Corte, Esteban Canevari, solicitó que Bagnasco remita al tribunal toda la causa. Este requerimiento fue rechazado por Bagnasco y los abogados querellantes en la causa porque consideraron que de esa manera se paralizaba la investigación.
La semana pasada el vicepresidente de la Corte manifestó en un escrito que el tribunal no obstaculizaría el trabajo de Bagnasco y, apenas terminó la feria, los ministros pidieron que el procurador se expidiera de urgencia. A Becerra le bastó para elaborar su dictamen el estudio del incidente en el que el represor Santiago Omar Riveros pidió que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas reclame la causa sobre el robo de bebés.
En su momento, Bagnasco consideró que la solicitud del tribunal militar para apropiarse de la causa era una �intromisión� en el Poder Judicial, del Ejecutivo, ya que el Consejo depende del Ministerio de Defensa y, en última instancia, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El magistrado argumentó también que los delitos que investiga �sustracción, retención y ocultamiento de menores y otros hechos conexos� tienen categorías de �crímenes contra la humanidad� y por lo tanto, que tales acciones no pueden considerarse como infracciones castrenses ni dentro del contexto de las operaciones llevadas a cabo �con el propósito de reprimir el terrorismo�.
Becerra manifestó que �corresponde a la justicia federal continuar con el conocimiento de las presentes actuaciones�. Para hoy se espera que la Corte Suprema dictamine de la misma forma y que el juez pueda seguir con la causa en la que están presos, entre otros, Jorge Rafael Videla, Jorge �El Tigre� Acosta, Reynaldo Bignone y Guillermo Suárez Mason. Una vez terminado el conflicto de competencia, Bagnasco también podrá citar al represor Riveros, quien con su reclamo al Consejo Supremo logró postergar su declaración indagatoria.
UN JUEZ CHILENO VIENE A LA ARGENTINA
Investigando el Plan Cóndor
El juez especial Juan Guzmán fue autorizado por la Corte Suprema de Chile a investigar los crímenes cometidos en la Argentina por la policía política pinochetista. El magistrado viajará a la Argentina para recabar antecedentes sobre la llamada �Operación Colombo� y el asesinato del ex comandante en jefe del ejército chileno, general Carlos Prats y su esposa.
La Segunda Sala del máximo tribunal de Chile concedió permiso al magistrado a venir al país para investigar la muerte de 119 personas en la llamada �Operación Colombo�, que el dictador Augusto Pinochet atribuyó a enfrentamientos. Esta operación fue una de las que marcó el inicio del �Plan Cóndor� y otorgó las primeras evidencias de que los detenidos políticos eran asesinados y sus muertes atribuidas luego a enfrentamientos. Las listas con los nombres de las víctimas de esa masacre aparecieron publicadas en dos revistas en 1975.
El juez Guzmán tendrá aquí acceso al proceso que instruye la magistrada María Servini de Cubría sobre el asesinato en Buenos Aires de Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. Prats, antecesor al frente del ejército chileno de Pinochet, murió en un atentado con explosivos realizado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 30 de setiembre de 1974 en el barrio de Palermo. Por este crimen está preso en Buenos Aires el ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel.
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