Por Irina Hauser
 La Oficina Anticorrupción (OA) guarda bajo llave las pruebas de que durante el gobierno de Carlos Menem el Estado, con la activa participación del Ministerio de Educación, desvió 61.635.858,12 pesos del presupuesto nacional para construir la súper Ciudad Universitaria de la Universidad de La Rioja (UNLaR), aunque era plata que estaba destinada a otras cosas. La repartición tiene listo el texto de una denuncia que será presentada en los próximos días ante la Justicia federal y que también señala que la casa de altos estudios pagó un sobreprecio de 4.250.000 pesos en aire acondicionado, dio un premio inventado de 2.500.000 a los constructores y fijó honorarios por cerca de 2 millones extra para el director de la construcción. Con estos elementos y varios otros datos, el juez que reciba la denuncia debería citar por lo menos al rector, Enrique Tello Roldán, y a los ex ministros de Educación Jorge Rodríguez y Susana Decibe.
Menem colocó en su tierra la piedra basal de la Ciudad Universitaria de la Ciencia y la Tecnología, como se dio en llamar a la nueva sede de la UNLaR, el 27 de octubre de 1995. La faraónica construcción, que empezó el 2 de julio de 1996 y que terminó a fines de 1998, fue el resultado de una de las primeras medidas que dispuso el riojano tras su reelección. Todo muy auspicioso, salvo porque la OA �que está a cargo de José Massoni� sospecha que todo eso se logró a costa del bolsillo de los contribuyentes argentinos. Después de analizar un informe previo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), los investigadores concluyeron que los funcionarios que intervinieron en las contrataciones implicadas habrían incurrido en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, fraude al Estado y malversación de caudales públicos.
El desvío. En un principio se estimó que la obra costaría unos 42 millones de pesos. ¿Cómo se pagarían? Ese es el punto en que comienzan las irregularidades señaladas por la OA en el texto con el que iniciará acciones penales, al que tuvo acceso Página/12. Contra lo establecido por la Ley de Financiación de Obras Públicas, explica el documento, ni la universidad ni el Ministerio de Educación gestionaron que la partida necesaria fuera incluida en la inversión anual del Estado. El Congreso nunca autorizó ninguna suma especial para montar lo que algunos funcionarios aventuraron en calificar de antemano como �la Harvard de Latinoamérica�. De ahí que, para obtener el financiamiento, la institución recurriera a la cartera educativa. Se firmó un convenio �entre ese ministerio y la Fundación Universidad Nacional de La Rioja (FUNLaR) el 27 de noviembre de 1995�, dice el borrador. El acuerdo, añaden, llevaba la firma del ex ministro de Educación, Jorge Rodríguez, y del tesorero de la UNLaR, Héctor Ismael López Isaza, en su rol de presidente de la FUNLaR.
Hasta aquí, las irregularidades serían: �El Estado nacional delegaba la realización de una obra pública en un ente privado, en lugar de seguir el procedimiento que la Ley de Financiación de Obra Pública preveía y sin justificar este apartamiento. Y disponía para ello de sus propios fondos�. �Esta decisión era a todas luces muy extraña�, dice el texto.
Al parecer, Decibe, apenas asumió como ministra, advirtió la infracción e intentó emprolijar el asunto, ya que en uno de sus primeros actos modificó el convenio, reemplazando como deudora a la fundación por la universidad. Así quedó incluida la firma del rector Tello Roldán. Esto, sin embargo, no solucionaba los otros aspectos cuestionables� sobre por qué se eludía la ley ni se aclaraba el origen de los fondos, dice la pesquisa.
�Durante los años 1996, 1997 y 1998, el ministerio fue ordenando periódicamente la transferencia de dinero para ir pagando los gastos que insumía la realización de la obra�, sostiene la OA. Ocurre que los fondos transferidos fueron imputados a programas que nada tenían que ver con la construcción de un megacampus universitario en la provincia del entoncespresidente de la Nación (ver detalle aparte). La OA concluye que �se encubrió el verdadero destino� de más de 60 millones, �evitando un veto ya de la propia Secretaría de Hacienda, ya del Congreso de la Nación�.
Entre amigos. El concurso para la dirección de obra convocó a tres firmas especializadas, �no especificándose mecanismo de selección alguno�, agrega la AO. El beneficiado fue el ingeniero Jaime Lande, cuya cotización de servicios fue cercana a los 4 millones de pesos, lo �que supera ampliamente el autorizado para una contratación privada�. Según el cálculo de los investigadores, de acuerdo con la norma arancelaria correspondiente, el honorario mínimo para la obra de la UNLaR era de 2.184.381 pesos. �De haberse realizado correctamente el procedimiento de selección del contratista, el Estado podría haber obtenido un precio considerablemente menor�, apunta la denuncia. �En este sentido �agrega�, consideramos que el mecanismo de la licitación pública posibilita la defensa del interés económico del Estado en la contratación.� A todo esto agregan detalles sobre trámites de ejecución de obras (como el desmalezado del predio), iniciados después de que ya estuviera en curso la contratación del servicio.
Grandes premios. La construcción de la ciudad universitaria riojana fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Hochtief y Río Manso S.A., propiedad esta última del intendente riojano Luis María de la Cruz Agost Carreño y en la que Nélida Barros Reyes de Granillo Ocampo �esposa del ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo� fue vicepresidenta al menos hasta 1999. Ese fue el consorcio que cotizó 42.266.842 pesos, aunque el monto abonado fue 53.597.381 pesos y el costo final sumando gastos administrativos y la dirección de la obra escaló a más de 60 millones. ¿Cómo se llegó a ese número? La OA sostiene que fue gracias a modificaciones del contrato �que aparecen como cuestionables y contrarias a las normas que regulan la materia�: el pago de un sobreprecio de más de 4 millones en aire acondicionado, un 15 por ciento de más en muebles y equipos informáticos y 2.500.000 por adelantar, sin justificación, la construcción (ver aparte).
A pesar de todo, la UNLaR sigue en expansión y a fin de mes inaugurará un nuevo edificio en Chilecito. Para la ocasión, el senador Jorge Yoma (PJ), oriundo de esos pagos, invitó al presidente Fernando de la Rúa. Será ocasión para que ejercite cómo poner su mejor cara, si se decide a compartir la velada.
| Oportunas modificaciones
Según la Sigen y la OA, el contrato para la construcción de la ciudad universitaria riojana sufrió modificaciones ilegítimas:
 Un ejemplo es �la inclusión en el proyecto de todos los sistemas de refrigeración por aire acondicionado� que implicó la �incorporación de un rubro no previsto en el pliego de bases y condiciones de la licitación�. Por los aparatos �se habría abonado un sobreprecio de 4.250.000�. La Sigen informó que el precio de plaza por tonelada de refrigeración no supera los 3500 pesos. O sea que por las 1200 toneladas adquiridas no se debieron pagar más de 5.500.000 pesos. Sin embargo, se pagaron 9.750.000.
La UTE recibió 2.500.000 pesos, afirma el reporte, por adelantar la finalización de la obra, aunque nunca se justificó la necesidad de hacerlo. Además, el monto de ese �premio� se calculó arbitrariamente en función del valor de las multas que corresponden por atraso diario.
También se pagó, según la OA, �un sobreprecio del 15 por ciento por encima del precio de mercado� en mobiliario y equipamiento informático. Inclusive se realizaron licitaciones privadas tendientes a la compra de mobiliario para oficinas y aulas por montos que superan al millón de pesos establecido como tope para las licitaciones privadas. |
| Otra obra de Bignoli
El menemismo parece haber tenido sus ingenieros predilectos, observa la Oficina Anticorrupción. Uno de los que compitió con Jaime Lande para dirigir la obra de la UNLaR, fue Santiago Bignoli. Ese mismo año ambos habían disputado también la obra del entrepiso de la ex Secretaría de Recursos Naturales que comandaba María Julia Alsogaray. Lande se quedó con La Rioja. A Bignoli le adjudicaron la obra del área de mediaombiente. Este segundo caso también terminó en una denuncia judicial debido al supuesto pago de sobreprecios de hasta el 400 % y a que la licitación se habría hecho a dedo. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que para el concurso de la universidad, Lande presentó un enorme currículum y Bignoli, unas pocas hojas. En el caso de la secretaría de María Julia fue a la inversa. Estos hechos, dicen en la OA, �abonan nuestra sensación acerca de que estamos ante un concurso espurio�. |
| Dineros que se bifurcan
Los más de 60 millones con que supuestamente se pagó la ciudad universitaria de La Rioja debieron haber tenido otro destino. Esa plata se terminó restando a estos tres programas:
Del llamado �Programa 26�, cuyo fin era el �apoyo a las políticas universitarias� se transfirieron 12.123.284,17 pesos en 1996.
En 1997, la suma de 22.846.760,35 provino del �Programa 99�, diseñado para �gastos corrientes y de capital� de �academias e institutos terciarios� y pago de �cuotas de adhesión
a organismos internacionales�.
En 1998, la UNLaR �que pese a ser, como lo indica su nombre, una institución nacional� recibió 24,746.631,68 pesos del mismo programa bajo el rubro �transferencias a instituciones provinciales y municipales�. |
| Auditoría, alumnos y calificaciones
Por I.H.
En agosto del año pasado, cuando todavía gobernaba Carlos Menem, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) envió a la UNLaR una delegación de auditores que fue echada a insultos y empujones. El propio rector, Tello Roldán, les gritaba �¡No voy a tolerar la altanería de ustedes!�. Tenía motivos para estar intranquilo. Los investigadores tenían datos que indicaban que la universidad había declarado cerca de 1600 matriculados más que el total de egresados de escuelas secundarias de toda La Rioja.
En aquel entonces la auditoría quedó trunca, pero pudo ser terminada por la gestión actual de la Sigen, el organismo de control interno del Estado que ahora está a cargo de Rafael Bielsa. En ese informe se basará la Oficina Anticorrupción para hacer sus acusaciones. La presentación judicial incluirá las irregularidades detectadas en la UNLaR que son penalmente cuestionables, aunque el informe de la Sigen �que fue revelado en exclusiva por Página/12� tenía una inmensa lista de otros tantos datos alarmantes:
�La UNLaR no dispone de un sistema de registración que le asegure conocer la cantidad de alumnos que efectivamente cursan�, decían las conclusiones de la Sindicatura. El dato es importante, ya que la cantidad de alumnos y docentes de una casa de altos estudios es una de las variables que definen el presupuesto público que se le asigna. Los auditores decían que en menos de dos meses había recibido de la Secretaría Académica tres datos diferentes sobre la cantidad de alumnos: el 31 de diciembre informó que el total de estudiantes era 18.609, el 1º de febrero dijo que eran 22.191 y el 18 de febrero reportó 10.617.
En la revisación de 3 registros con 410 actas de exámenes, 104 (el 25 por ciento) tenían nombres de alumnos agregados a máquina, otros añadidos a mano con diferentes tintas, tachaduras y enmiendas sin salvar y estudiantes que aparecen dos veces en un acta.
La fundación universitaria (FUNLaR), que es una entidad privada, se encarga de cobrar un arancel de 10 pesos mensuales a los estudiantes y administrar ese dinero. Además, la UNLaR usó esa plata para insumos, sueldos y limpieza, algo que está prohibido. Más aún. Según la Sigen, la fundación en cuestión no lleva registro del monto que recauda y el destino que le da. |
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