Por David Cufré
 La información publicada ayer por Página/12 sobre un fraude de 300 millones de pesos con las asignaciones familiares provocó un fuerte cruce dentro del Gobierno. José Luis Machinea no quería que el tema trascendiera hasta definir su estrategia. En la AFIP interpretaron que se les traslada la responsabilidad, cuando lo que falta �aseguran� es decisión política para buscar una solución. Y la Anses presiona para que se implemente su plan. Todos saben que el tema es sumamente controvertido, ya que el escándalo con las asignaciones familiares involucra a empresas de primerísima línea.
La Anses realizó una investigación que determinó que existen increíbles maniobras para estafar al Estado con las asignaciones familiares. Desde empresas �fantasma�, dedicadas a contratar desocupados con familias numerosas para cobrar la ayuda social, hasta operaciones contables con el fin de evadir aportes patronales. El organismo estima que el perjuicio fiscal asciende a 300 millones de pesos al año, y a más de 2 mil millones en los últimos ocho.
La Anses pretende terminar con el actual sistema de liquidación de las asignaciones familiares. De los 2065 millones de pesos que se distribuyen entre los beneficiarios por carga familiar, 1600 millones se pagan de manera indirecta. Las empresas adelantan el pago a sus empleados y la Anses les reintegra el dinero entre 15 y 45 días más tarde. Pero en el medio, las compañías compensan entre lo que abonaron de asignaciones familiares y lo que les corresponde integrar por contribuciones patronales. El problema es que nadie controla si lo declarado por las empresas es cierto. Simplemente se confía en que la compensación es correcta, lo que da lugar a que empresas hagan figurar mayores pagos de asignaciones familiares de lo que en verdad hicieron. En consecuencia, estarían evadiendo aportes patronales.
En lugar de este mecanismo, la Anses sugiere tomar a su cargo el pago directo de las asignaciones familiares. Lo haría depositando el dinero correspondiente a cada trabajador en su cuenta bancaria, y a aquellos que no perciben sus haberes a través de una caja de ahorro les giraría una orden de pago en su favor en un banco o en el correo. Las empresas ya no actuarían como intermediarias. Para implementar este sistema, el organismo de la seguridad social busca armar una nueva base de datos con todas las compañías del país, los empleados que revisten en ellas y la composición familiar de estos últimos.
Economía coincide en que el pago directo, en lugar de la compensación, es la única forma eficaz de controlar lo que se paga. Pero teme dar un salto al vacío. Machinea sostiene que Domingo Cavallo �autor de la resolución que creó el sistema de compensaciones, en 1992� y Roque Fernández tuvieron el mismo problema, y no se atrevieron a cambiar el esquema de distribución. Si el Estado se hace cargo de pagar �aduce Machinea�, debe incluir ese gasto en el Presupuesto. Pero no se puede saber a ciencia cierta qué ocurrirá con la recaudación. Al ministro le preocupa que aumente la evasión de aportes patronales, y encontrarse con un agujero fiscal mayor al actual.
Es un secreto a voces entre los funcionarios que las empresas se financian con las asignaciones familiares. Eso es lo que puso de manifiesto la denuncia de la Anses, y lo que molestó a Machinea. En Economía aceptan que existe ese fraude. También reconocen que si se quiere combatirlo, hay que terminar con el mecanismo de compensaciones. Pero les preocupa ir con el bisturí a fondo y que tampoco resulte la solución al problema fiscal, ya que si bien desaparecería el fraude, podría aumentar la evasión de aportes patronales.
|
