 Siguiendo una trayectoria parecida al desafuero de Pinochet en primera instancia, las versiones sobre el futuro del ex dictador volvieron a infiltrarse de los tribunales. Esta vez para adelantar lo que sería el fallo definitivo de la Corte Suprema a favor de quitar los fueros parlamentarios al senador vitalicio y dejarlo en manos del juez especial Juan Guzmán Tapia, a cargo del grueso de las 154 querellas en su contra y de la que motivó el pedido de desafuero: la �Caravana de la Muerte�. Según el diario electrónico El Mostrador (el mismo que adelantó extraoficialmente el desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio pasado), los 20 jueces del máximo tribunal tomaron ayer esa decisión por 11 votos contra nueve, aunque formalmente hayan anunciado que el caso quedó en �acuerdo� (es decir, pendiente) hasta la semana que viene.
El martes de la semana pasada, el presidente de la Corte, Hernán Alvarez, adelantó que junto con sus 19 colegas comenzaría el martes de esta semana (ayer) a estudiar el caso y que podrían tomar una decisión incluso ese mismo día. Sin embargo, se encargó de aclarar que, en ese caso, era posible que la sentencia no fuera dada a conocer hasta que estuviese redactada definitivamente. Otro de los posibles ejes a tratar eran los estudios médicos que la defensa de Pinochet exige para demostrar que su cliente no está en condiciones mentales para enfrentar ningún tipo de juicio y que ya fueron rechazados por los jueces. Como no circularon versiones sobre el asunto ni oficialmente se rectificó esa decisión previa, es posible que, después de haber estudiado el expediente con mayor atención, los jueces sigan considerando que no es pertinente realizar los exámenes antes de dictar sentencia.
El anuncio de que el caso quedó pendiente no significa que los jueces no hayan votado, sino que debatieron el fallo aunque oficialmente no exista una decisión. La declaración de un caso �en acuerdo� admite la posibilidad de votación (y por tanto de una resolución), pero impide que �si existe� se la haga pública antes de que el documento esté redactado y firmado por los 20 magistrados. En ese sentido, el hermetismo extraoficial de los jueces fue interpretado por algunas fuentes como un intento por impedir la filtración de la resolución judicial (como ocurrió cuando la Corte de Apelaciones desaforó a Pinochet), aunque llevó a la secretaria general del Partido Comunista chileno, Gladys Marín, a reclamar que los jueces actúen con �mayor transparencia�. El abogado acusador Eduardo Contreras coincidió en calificar como un �procedimiento poco correcto� el hecho de que el pleno de la Corte haya dejado �en acuerdo el fallo de desafuero, sin aclarar si hubo o no votación�.
La versión de El Mostrador quedó en parte confirmada por uno de los abogados querellantes, Nelson Caucoto, quien aseguró que �la decisión ya está tomada y la postergación del fallo para la semana próxima se debe a un tema de redacción del veredicto con algún voto de minoría�. Y agregó que las versiones que dominaban los pasillos del tribunal eran favorables a su equipo: �Una era de un veredicto de 12 jueces contra ocho a favor de desaforar a Pinochet. La segunda era de 11 contra nueve. Pero ambas a favor de retirarle la inmunidad�. Según el diario, �pocos minutos antes de las 13 horas, se produjo la señal que confirmaba que el fallo se votaba: en esos momentos fue llamada a la Sala del Pleno la relatora Gloria Ana Chevesich. El ingreso de la funcionaria daba a entender, precisamente, que los jueces habían llegado a una resolución y que Chevesich debía comenzar a levantar el acta de votación�.
De todos modos, si el anuncio oficial finalmente ratifica el desafuero de Pinochet, ocurriría algo considerado irrealizable meses atrás: el ex dictador quedaría en manos del juez Guzmán (conocido como �el Garzón chileno�), que pidió su desafuero y que espera juzgarlo por la desaparición y ejecución en 1973 de más de 70 presos políticos en el marco de la �Caravana de la Muerte�. Aunque también es muy posible que Pinochet escape del juicio final gracias a los estudios médicos que la ley obligarealizar a todo imputado mayor de 70 años. En ese caso, la �salida humanitaria� (en tanto la legislación chilena sólo admite la eximición de juicio en caso de senilidad comprobada) volvería a ser la salvación prácticamente inapelable de Pinochet.
| Las burlas del diablo
Tal vez envalentonados porque aún no existe una decisión oficial sobre el desafuero de su anciano líder, un grupo de pinochetistas convirtió su acostumbrada manifestación frente a la Corte Suprema de Chile en una agraviante burla a los familiares de las víctimas de la dictadura. Muy cerca del lugar donde se encontraban manifestando defensores de los derechos humanos y familiares, un grupo de seguidores del ex dictador quemó huesos de vaca en una clara alusión a los restos de los detenidosdesaparecidos, cuyo paradero el ejército se comprometió a investigar después del acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo a cambio de que su identidad sea mantenida en secreto y no pueda ser utilizada como prueba en los tribunales. Esa reserva había motivado la condena de los familiares, que denunciaron el acuerdo como una suerte de �Punto Final�.
Otra comitiva de partidarios de Pinochet quemó banderas de España y del Partido Comunista para expresar su enojo por la situación judicial de su Tata, a quien irán a saludar en estos días a su residencia de lujo en el barrio santiaguino de La Dehesa para manifestarle su apoyo en �un proceso político� montado en su contra. Por su parte, opositores al ex dictador y miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron un acto simbólico cerca del edificio de la Corte Suprema en el que 10 personas acostadas en el suelo recordaron a las víctimas de la dictadura pinochetista. |
LA VENEZUELA DE CHAVEZ, DESPUES DE LAS ELECCIONES
Un león rompiendo oposiciones
El País de Madrid
Por Juan Jesús Aznares
Desde Caracas
Venezuela ha quedado a merced de la confrontación entre una oposición dispersa y un bloque gubernamental conducido por el presidente reelecto, Hugo Chávez, que apenas tendrá problemas para aprobar leyes y presupuestos y, si lo considera necesario, tener poderes que le permitan actuar por decreto. Concluida la transitoriedad de su primer mandato, con 18 meses de riñas y una nueva Constitución, el país afronta ahora su desarrollo legislativo, cambios económicos y sociales y el reto de la gobernabilidad. Pero Chávez aún enfrenta un último escollo post-electoral: las impugnaciones a las elecciones en siete estados y el atrincheramiento del gobernador socialdemócrata de Mérida, William Dávila, cuya negativa a abandonar la sede de la gobernación hizo que el presidente enviara tropas.
El fiscal general de Venezuela, Javier Elechiguerra, admitió que hay siete estados �que merecen atención especial para clarificar la situación�. Las protestas más fuertes, incluso con abiertas denuncias de fraude, ocurren en los estados andinos de Mérida (donde ya hay nueve heridos) y Táchira. Pero excepto esos focos de descontrol, el panorama general luce muy favorable al presidente. El 60 por ciento de los cargos de representación popular obedecerá a Chávez y el 40 por ciento a una oposición obligada a la coalición para ser tenida en cuenta. La mayoría de los analistas coinciden en que uno de los primeros objetivos del Ejecutivo, que cuenta con 97 de los 165 escaños de la unicameral Asamblea Nacional (Congreso) después de ganar las elecciones legislativas y presidenciales del domingo, será dividir a una oposición que se reparte el resto de los diputados. La meta es conseguir los dos tercios, 110 de los 165 diputados, para aprobar las leyes orgánicas y eventualmente las que conceden poderes especiales.
Además de siete formaciones menores, la coalición gubernamental Polo Patriótico está integrada por el Movimiento Quinta República (MVR), fundado por Chávez, con 91 diputados, y el Movimiento al Socialismo (MAS), una suerte de comodín de los últimos gobiernos, que aporta seis más. Es previsible que los tres indígenas que han sido elegidos diputados, gracias a la Constitución chavista aprobada el 15 de diciembre del pasado año, sumen sus votos al oficialismo. También es factible el entendimiento con el Movimiento Primero Justicia (MPJ), con cinco diputados. No obstante, con su actual mayoría de tres quintas partes, Chávez podrá aprobar leyes, enmiendas constitucionales, decretos y créditos adicionales e impedir un eventual voto de censura contra su vicepresidente, cargo incorporado al sistema político venezolano.
El oficialismo (que obtuvo 13 de los 23 gobiernos estatales) dispondrá ahora de amplio margen de maniobra para designar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general y el titular del Tribunal de Cuentas. Frente al presidente, que ganó dividiendo al país entre ricos y pobres, peleándose con periodistas, Iglesia y empresarios, y se fundió en un abrazo político con Fidel Castro, se levanta una oposición que deberá negociar su pretendida agrupación como bloque parlamentario y designar a un portavoz.
Los términos de la alianza serán discutidos principalmente por Acción Democrática (AD, socialdemócrata), primera fuerza de la oposición con 33 diputados, y el derrotado candidato presidencial Francisco Arias, un teniente coronel retirado que fue compañero de Chávez en el cuartelazo del 4 de febrero de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El argumento de Arias en la disputa por el liderazgo de la oposición son sus 2.123.954 votos (36,04 por ciento), con los que espera al menos unreconocimiento oficial en el nuevo gobierno de su ex compañero de armas. �Si me llama para buscar nuevas vías, yo estoy en la obligación de hacerlo. Si hay posibilidades de conversar, lo haré, yo tengo dos millones de venezolanos que me apoyaron�, adelantó ayer. Arias parece haber dado así el primer paso para abrirse camino a codazos entre los jefes de la fragmentada oposición y conseguir un lugar preferencial al lado de los 3.324.557 votos (56,42 por ciento) que consagraron a Chávez.
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