Por Raúl Kollmann
 El gobierno argentino decidió ayer invitar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos designara un observador para que evaluara la investigación por el atentado contra la AMIA. En un gesto inédito, el Poder Ejecutivo contestó así a la demanda realizada por los familiares agrupados en Memoria Activa que denunciaron al Estado argentino por �privación de justicia� en la causa por la muerte de 86 personas. Aunque el Gobierno prácticamente defiende a rajatabla la investigación realizada, se diferencia de la gestión menemista al aceptar la denuncia de Memoria Activa y admitir que se designe el observador para que asista al juicio oral y evalúe lo hecho hasta el momento.
El texto de 17 carillas, al que Página/12 accedió ayer con exclusividad, lleva la firma del embajador Leandro Despouy, representante especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional, pero fue supervisado por el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y por el propio Fernando de la Rúa. Es una respuesta a medio camino: no cierra las puertas, como hacía el gobierno menemista, y tampoco acepta del todo la demanda. Más bien le dice a la CIDH que hay que dejar correr un tiempo más la investigación, ver qué sucede en el juicio oral, y recién después podrá evaluarse si hubo o no �privación de justicia�.
La denuncia ante la OEA fue realizada por los letrados de Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, que contaron con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional y Human Rights Watch. Entre otras cosas, la denuncia señalaba que no se preservó la vida de las víctimas, más aún teniendo en cuenta que ya se había producido el atentado contra la Embajada de Israel e incluso hubo advertencias -entre ellas, la del testigo-clave Wilson Dos Santos- de que se preparaba otro ataque. Al mismo tiempo Memoria Activa enumeró una larga serie de medidas de prueba que no se hicieron, reflejaron en forma más que crítica la actuación del juez Juan José Galeano y las maniobras de todo tipo realizadas por las fuerzas de seguridad. Memoria Activa agregó a sus escritos el video en el que aparece Galeano negociando, con dinero de por medio, la declaración del principal imputado, Carlos Telleldín.
La primera respuesta a la denuncia corrió a cargo del gobierno menemista, que la envió a la OEA pocos días antes de dejar la Casa Rosada. El texto fue elaborado bajo la supervisión del entonces ministro del Interior Carlos Corach y le pedía a la CIDH que rechazara directamente la denuncia porque �Memoria Activa es un grupo minoritario�. Además se le envió a la OEA un listado numérico de todas las declaraciones que se tomaron, de las 80.000 fojas que abarca la causa y de los supuestos esfuerzos puestos en la pesquisa.
El gobierno de la Alianza contesta en un tono distinto. El embajador Despouy le reconoce a Memoria Activa su derecho a denunciar la investigación: �Tanto los familiares de las víctimas como las organizaciones defensoras de derechos humanos cuentan con legitimación procesal�. Aunque de inmediato aclara que �esto no implica consentimiento de las acusaciones contra el Estado argentino�.
Tras cartón, el Gobierno enumera -.igual que el anterior-. la cantidad de declaraciones y fojas de la causa, aunque sostiene que De la Rúa muestra una gran vocación por apoyar la investigación, ya que estableció una Comisión Especial -la llamada Task Force- que integran la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la SIDE y el Servicio Penitenciario. Además, sostiene que dos ministros, el de Interior, Federico Storani, y el de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, vigilarán personalmente la marcha de las pesquisas. También el Gobierno reseña la actuación de los fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia, enumera los trabajos hechos por la Comisión Bicameral de Seguimiento de laInvestigación de los Atentados e informa que está en marcha el juicio oral presidido por tres magistrados a los que se les suministrará toda la infraestructura necesaria y que estarán concentrados pura y exclusivamente en la causa AMIA. �Todas las partes, incluyendo a Memoria Activa, solicitaron la elevación a juicio�, señala el texto.
En conclusión, el Gobierno reivindica de hecho toda la investigación --sin crítica alguna�, pero accede a que esto no se discuta ahora, sino que propone que se haga después del juicio oral. No le pide a la OEA que rechace la demanda de Memoria Activa, sino que la cuestión de fondo se discuta más adelante.
El punto clave del texto es la aceptación de un observador. �La vocación auténtica del Gobierno es la instalación de una dinámica constructiva y de cooperación, evitando dirimir una cuestión que no tiene por qué ser conflictiva. En función de estas consideraciones, el Gobierno de la República Argentina desea invitar a la CIDH a que designe un observador para que asista al juicio oral y público que se iniciará próximamente. Esta presencia en el terreno le posibilitará comprobar los resultados del proceso judicial en marcha�, concluye el texto de Despouy.
Se trata de un gesto de envergadura que de alguna manera compromete al Gobierno y le otorga a la OEA una función de fiscalizadora del juicio oral y de toda la investigación. Es obvio que si el Poder Ejecutivo le abre de esta forma las puertas a la CIDH, tácitamente está aceptando que después escuchará lo que el observador o los observadores tengan para decir. O sea que habrá una especie de juicio del juicio.
MARIA JULIA EVALUA SU CONDICION ANTE LA JUSTICIA
�Mi situación no es comprometida�
�Las primeras acusaciones que me hacían era que yo era demasiado rica y paqueta como para estar en política.� �Mi patrimonio es aproximadamente igual al declarado por el actual presidente de la República, que también ha sido funcionario o legislador.� �Los funcionarios pueden tener otros ingresos y más en un caso como el mío, que no vengo de una familia de bajos recursos. No a todos los argentinos les han hecho donaciones del monto de las que me ha hecho mi padre.� Las frases pertenecen a la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray. Ayer, la ex funcionaria concedió una entrevista a una radio porteña luego de declarar como testigo en una causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito a un ex colaborador suyo que trabajó en la liquidación de ENTel. El 8 de agosto será ella misma la que declare como imputada por el mismo delito.
A María Julia se la oía muy tranquila. Habló pausadamente sobre todo lo que le preguntaron. �Mi situación no es comprometida. Desde el punto de vista de los peritos, mi incremento patrimonial es razonable�, dijo para convencer a la audiencia de que no se llevó un solo peso durante su paso por la función pública. �Si la Justicia determina que hubo delito, cumpliré la pena que establezca la ley, pero esta nueva justicia mediática, en que ustedes los periodistas deciden cuáles son las penas que se aplican, no es de ninguna manera el estado de derecho en que queremos vivir�, agregó la ex funcionaria.
El martes próximo deberá declarar como imputada en la causa por enriquecimiento ilícito que le sigue el juez Juan José Galeano. Magistrado al que, a juzgar por sus declaraciones, respeta. Cuando ayer, en medio de la entrevista con Radio Mitre, le sugirieron que durante el gobierno de Menem el juez �durmió� la causa, ella salió inmediatamente a defenderlo. �La actividad del juez Galeano fue permanente, pero con la moderación y la discreción que lo caracteriza�, sostuvo. Ante una consulta, no descartó estar sometida a una �persecución política� y admitió otra persecución, de carácter �judicial�, en la que, a su criterio, se presiona a los magistrados que tramitan los denominados casos �emblemáticos� de corrupción.
Alsogaray aseguró que ya presentó ante la Justicia actas en las que se certifican donaciones monetarias que supuestamente le hizo su padre, Alvaro Alsogaray, y comprobantes de cobro de los supuestos servicios de consultoría que hizo para Astilleros Alianza, una empresa que tiempo después se declaró en quiebra y que, según la ex funcionaria, le pagó medio millón de dólares. �Todo, en su momento, fue justificado ante la DGI�, dijo María Julia. Y hasta se permitió ironizar sobre su situación: �Las primeras acusaciones que me hacían era que yo era demasiado rica y paqueta como para estar en política. Ahora, parece que eso no existiera�.
María Julia declaró ayer ante el juez Federal Carlos Liporaci, a cargo del sumario penal promovido contra el abogado Alejandro Videla, quien también habría formado parte de la estructura de la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos. El martes le espera otra audiencia y hasta entonces no podrá salir del país.
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Para Memoria Activa es un éxito que el Poder Ejecutivo le acepte su carácter de denunciante. El menemismo se refirió a Memoria Activa en términos insultantes.