El martes, y a instancia de una quincena de legisladores, la Cámara de Diputados tratará un pedido de interpelación al presidente del Banco Central, el mendocino Pedro Pou. La iniciativa responde, entre otras cosas, al reclamo formulado por los dirigentes gremiales de la entidad, quienes denunciaron que, el viernes 28 de julio, Pou impidió la realización de una asamblea de personal mediante el empleo de efectivos policiales que actuaron despojados de la correspondiente identificación. De acuerdo con los sindicalistas, estos hechos se produjeron luego de que, a propuesta del propio Pou, el Ministerio de Trabajo incluyera a ciertas áreas de la entidad en la categoría de �servicios esenciales�.
De acuerdo con el relato de los sindicalistas, la asamblea había sido convocada el lunes 24 con el objeto de tratar temas vinculados con la reducción salarial. La reunión del personal, explicó Carlos Pellegrini, secretario general de la comisión interna del BCRA, había sido citada en los términos habituales, fuera de horario de atención al público y teniendo como escenario el hall central del banco. �Es el lugar más apto �explica Pellegrini� por la gran cantidad de compañeros que asiste a las asambleas y porque no interferimos con el paso a zonas conflictivas.�
Sin embargo, ese viernes, pasado el mediodía, una comunicación del gerente de personal, Juan José Lauro, informó que �por expresa disposición del señor presidente se comunica al personal que en razón de no haber sido solicitada por la persona jurídica, que de acuerdo con lo dispuesto por la ley de Asociaciones Sindicales tiene facultades para hacerlo, ni haberse cumplido los plazos y procedimientos previos (...), se ha denegado la autorización para realizar la asamblea de personal�. Pellegrini explicó a este diario que, pese a lo afirmado en el memorándum, �de acuerdo con el artículo 23 de la ley 23.551 tenemos derecho a llamar a asamblea sin autorización previa, mucho más cuando se trataba de una reunión informativa, y en un horario que no perjudicaba la actividad�. 
Como elemento disuasorio, en la planta baja del banco, una veintena de funcionarios policiales de la guardia de infantería, que tienen como misión la custodia del traslado de caudales, había tomado posición en el hall. Al decir de los sindicalistas, actuando sin identificación en los uniformes, bloquearon las cuatro entradas e impidieron el ingreso de la Asociación Bancaria. �Eso pudo haber terminado en un desastre �reflexiona Pellegrini�, por eso preferimos pedirle a la gente que volviera a sus oficinas. Nunca había ocurrido algo igual. Yo hace 25 años que trabajo en el banco y jamás tuvimos problemas, incluso hacíamos asambleas durante la misma dictadura militar.� Legisladores de la Alianza y de partidos provinciales preparan la citación de Pou al recinto. También habrían resuelto dirigirse al ministro del Interior, Federico Storani, para saber quién autorizó la utilización de la Policía Federal para impedir una asamblea. 

REPERCUSIONES DE LA RESPUESTA OFICIAL A LA OEA
Un valioso veedor para la AMIA

Por Raúl Kollmann

�Es un paso valioso el que dio el gobierno argentino. Yo creo que el observador que venga de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a percibir la pobreza de la investigación del caso AMIA y qué es lo que nosotros decimos cuando hablamos de privación de justicia.� Con estas palabras, Alberto Zuppi, uno de los abogados de Memoria Activa, mostró ayer una moderada satisfacción por la respuesta que dio el Poder Ejecutivo ante de la denuncia de la agrupación de familiares de las víctimas. �El Estado no responde a ninguno de los cuestionamientos, pide una tregua, pero por lo menos manifiesta estar avergonzado por la respuesta que dio a nuestra demanda el gobierno de Carlos Menem�, concluyó el letrado.
Por su parte, el presidente de la DAIA, Rogelio Cichowolsky, sostuvo que �la invitación a que se haga presente un observador de la OEA forma parte de una estrategia defensista del actual gobierno, que seguramente intenta demostrar que la administración de justicia funciona en la Argentina. Indudablemente los ojos del mundo van a mirar el juicio oral�.
El titular de la AMIA, Hugo Ostrower, consideró que �se trata de una buena decisión del Gobierno. Da la chance de que haya un observador neutral y al mismo tiempo deja actuar a la Justicia argentina. Esto también implica un compromiso, porque la resolución deja implícita que, si no hay resultados, queda abierta la posibilidad de una intervención internacional como la que pide Memoria Activa. Nosotros, por ahora, no vemos que se adopten medidas de profundización. Hay indicios, gestos del Gobierno, pero todavía no se concretan�. 
La respuesta del Ejecutivo, redactada por el embajador Leandro Despouy, representante especial para los Derechos Humanos de la Cancillería, se asienta en tres puntos básicos:
Reconoce el derecho de Memoria Activa a hacer la denuncia.
Reivindica de hecho la investigación realizada hasta ahora. 
Propone la presencia en la Argentina de un observador de la OEA que verifique la marcha de la investigación y el juicio oral.

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