Por Adriana Meyer
Tras reiteradas dilaciones, el represor Santiago Omar Riveros deberá presentarse a prestar declaración indagatoria en la causa sobre la práctica sistemática de apropiación de menores, hijos de desaparecidos, durante la dictadura. Con su competencia ratificada por la Corte Suprema -que desechó la semana pasada la pretensión de la Justicia castrense de intervenir en el expediente� el juez federal Adolfo Bagnasco lo citó para el próximo jueves y así cerrará la instrucción del caso. El ex comandante de Institutos Militares podría ser procesado con prisión preventiva y si esa decisión es confirmada la causa será elevada a juicio oral y público. Así, Jorge Videla, Emilio Massera, Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Rubén Franco, Antonio Vañek, Carlos �Pajarito� Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ, Jorge �Tigre� Acosta, Héctor Febres y posiblemente Riveros se sentarán el año próximo en el banquillo del proceso público.
Fue a partir de un pedido de Riveros que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa) inició su embate para sacarle a Bagnasco la investigación sobre la práctica sistemática de apropiación de menores nacidos en centros clandestinos de detención o secuestrados tras la detención de sus padres durante la dictadura. Hace cuatro años, las Abuelas de Plaza de Mayo hicieron la denuncia porque consideran que la sustracción de sus nietos obedeció a una estrategia planificada. A través de su abogado, el ex funcionario del gobierno de facto Florencio Varela, Riveros logró que la Justicia castrense tome esta iniciativa en base al artículo 10 de la ley 23.049 que reformó el Código de Justicia Militar y habilitó a los militares a juzgar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En su argumentación, los jueces militares desconocieron la validez de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que desde 1994 es ley de la Nación.
Los organismos de derechos humanos criticaron duramente al Gobierno porque no intervino en el asunto, aunque podría haberlo hecho dándole instrucciones al fiscal militar dado que el Consufa no es más que un organismo administrativo que depende del Poder Ejecutivo. En una entrevista con este diario, Bagnasco lo comparó con el Tribunal de Disciplina de la AFA y a los pocos días rechazó desprenderse del expediente.
Al iniciarse la feria judicial, el juzgado recibió un oficio del secretario penal de la Corte Suprema, Esteban Canevari, que le pedía los 39 cuerpos de la investigación. El magistrado decidió esperar hasta tener señales más claras sobre las intenciones del Alto Tribunal. Una semana después, Eduardo Moliné O�Connor salió a aclarar que la Corte no interrumpiría el normal trámite de la causa. El procurador general Nicolás Becerra dictaminó el lunes que debía seguir actuando la justicia federal y dos días después la Corte, de manera inusualmente veloz, confirmó la competencia de Bagnasco. Con la certeza de que la causa seguirá en sus manos, el magistrado ordenó ayer la indagatoria de Riveros.
El juzgado tiene algunas pruebas pendientes y los querellantes presentarán otras de inminente realización que completarán el cuadro de los casos. Si la Cámara Federal confirma el posible procesamiento con prisión preventiva de Riveros, quedará concluida la parte de la investigación referida a las responsabilidades del Ejército en el plan sistemático (el capítulo ESMA ya estaba concluido) y el juez dará intervención al fiscal Eduardo Freiler para que elabore la elevación del caso a juicio oral.
Riveros tuvo responsabilidad sobre todas las operaciones represivas cometidas entre 1976 y 1979 en la zona norte del conurbano bonaerense. Alberto Pedroncini, uno de los abogados querellantes, recordó a Página/12 que como ex comandante de Institutos Militares el represor tuvo a su cargo el Hospital Militar de Campo de Mayo, donde se produjeron ocho nacimientos clandestinos. �Hay un cúmulo de pruebas testimoniales superior al de laESMA, incluidas las declaraciones de testigos calificados por haber cumplido funciones médicas�, describió el letrado. El general retirado, indultado en 1989 por el ex presidente Carlos Menem, no se privó de atacar a Bagnasco de quien dijo que �su identificación ideológica con los subversivos de ayer le ha quitado toda imparcialidad�. Y en un escrito que presentó en la causa aseguró: �Nunca me sentí culpable pero lamento que tanta gente haya muerto para poner fin a la guerra�, según él, parafraseando al hombre que lanzó la bomba sobre Hiroshima.
Otro pedido de ADN
La madre uruguaya Sara Méndez, sobreviviente del centro clandestino Automotores Orletti y querellante en la causa, comprobó recientemente que no era su hijo un joven a quien creyó haber identificado como el niño que le sustrajeron los represores hace más de dos décadas. Por eso pidió al juzgado de Bagnasco que realice una pericia de histocompatibilidad para comparar su ADN con los de otras personas nacidas en los seis meses anteriores y posteriores al secuestro de su hijo, presuntamente hijos de desaparecidos y cuya filiación no haya podido determinarse hasta el presente, o que se hubieren presentado ante la Dirección del Banco Nacional de Datos Genéticos o ante las Abuelas de Plaza de Mayo creyendo ser hijos de desaparecidos. |
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