Página/12

YA HAY SENTENCIA OFICIAL SOBRE EL DESAFUERO DEL EX DICTADOR
El resultado, en el próximo capítulo

El presidente de la Corte Suprema de Chile confirmó ayer que el fallo sobre el desafuero de Pinochet ya fue votado, pero el anuncio oficial del resultado será recién el martes. Siguen las repercusiones sobre el futuro del acuerdo de la Mesa de Diálogo.

Familiares de detenidos-desaparecidos siguen firmes frente a la sede de la Corte Suprema.

No es ninguna novedad que los tiempos judiciales corren más lentamente que la realidad. El caso Pinochet nunca fue ajeno a esa ley. Y ahora, en uno de sus tantos desenlaces históricos, parece aplicarse al máximo. Desde el martes existen versiones confirmadas a distintos niveles �nunca oficiales� de que Augusto Pinochet ya fue desaforado por los jueces de la Corte Suprema de Chile. Durante tres días, las voces oficiales mantuvieron silencio amparándose en el caso que dejaron �en acuerdo� (es decir pendiente). Pero ayer, ante las versiones cada vez más difíciles de obviar, el presidente del máximo tribunal, Hernán Alvarez, admitió que ya votaron. Sin embargo, para no romper con la costumbre de los largos tiempos judiciales, aclaró que la sentencia será dada a conocer recién el martes próximo porque aún no fue redactada, y eso da espacio a que alguno de los jueces �pueda llegar a cambiar de opinión�.
Después de la reunión que los 20 jueces mantuvieron ayer durante más de tres horas, Alvarez reconoció que la decisión ya está tomada. �Hay una resolución, pero no la puedo dar a conocer aún �explicó�. Es por eso que mi opinión es que la sentencia de un caso es fuerte cuando está redactada y firmada. Antes no, porque un ministro, por una percepción distinta, puede llegar a cambiar de opinión.� �Estamos trabajando en la redacción del fallo�, agregó Marcos Libedinsky, otro de los jueces que además rechazó las críticas a la demora del anuncio oficial porque se trata de �un asunto muy delicado� que requiere tiempo.
El procedimiento de la Corte Suprema para anunciar su decisión volvió entonces a ser cuestionado. El martes, el ataque de los abogados querellantes se centró en la falta de �transparencia� de los jueces al no dar a conocer si la votación había tenido o no lugar. Ayer, las críticas apuntaron a ese margen de maniobra que tendrían los jueces para modificar su parecer. La declaración �es preocupante�, aseguró la abogada Carmen Hertz, �porque parece poco serio que los ministros que entregaron su voto el martes pasado pudieran cambiarlo después de varios días�. �Esta es una dilación insatisfactoria, que no ayuda a la transparencia del proceso y defrauda a la opinión pública�, agregó su par Eduardo Contreras.
Defraudada o no, la opinión pública sigue recibiendo datos sobre el fallo. Después de la revelación el martes por parte del diario electrónico El Mostrador (que también reveló el desafuero en primera instancia el 5 de junio pasado), de que el desafuero habría sido por 11 votos contra nueve, el diario santiaguino La Tercera citó ayer �fuentes confiables� que afirman que la sentencia fue aprobada en realidad por 14 votos contra seis. El Mostrador y El Mercurio (diario tradicional de la derecha) coincidieron ayer en confirmar este margen de votación.
Los diversos sectores ligados de una u otra forma con el caso reaccionaron en ese sentido. Las fuerzas armadas, por boca del jefe del ejército Ricardo Izurieta, dieron anteayer su muestra de desagrado por el fallo advirtiendo que el acuerdo de la Mesa de Diálogo (por el cual las fuerzas armadas se comprometieron, bajo identidad reservada, a entregar información sobre el paradero de los restos de los desaparecidos) podría peligrar por el clima de poca confianza que habría creado el desafuero. Aunque ayer, según el diario La Segunda, el ejército aseguró que la colaboración �se hará independientemente de la percepción que determinados sectores pudieran tener respecto de los efectos de un eventual fallo en el proceso referido al ex comandante en jefe Augusto Pinochet�.
Justamente un día después de que Pinochet fuese desaforado (el martes), el pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal Enrique Vilches (según fuentes, ligado a sectores militares) presentó información asegurando que los cuerpos de 780 desaparecidos fueron arrojados al mar y que por lo tanto sus restos nunca aparecerán. Considerada por algunos analistas como una maniobra militar para minar la Mesa de Diálogo �más allá de la veracidad de los datos�, la información alertó a los familiares de las víctimas. Ayer, la Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos solicitó al juez Juan Guzmán Tapia (a cargo de la mayoría de las querellascontra Pinochet y quien pidió su desafuero en base a una de ellas, la �Caravana de la Muerte�) que investigue la �veracidad� de esos datos.
El presidente chileno Ricardo Lagos, sin embargo, desestimó su impacto. �La información no está a la altura de las expectativas que uno se podía haber formado. El documento es demasiado débil y no tiene nada concreto.� Y atento a defender el acuerdo criticado desde el comienzo por los familiares como una suerte de �Punto Final�, hizo un llamado �a perseverar en el cumplimiento del compromiso nacional surgido de la Mesa de Diálogo y en la rigurosidad en la necesaria entrega de información�.

CUESTIONAN EL NOMBRAMIENTO DE UN REPRESOR
Corte Suprema de Tortura uruguaya

Hasta ahora el presidente Jorge Batlle había actuado de manera impecable en materia de derechos humanos. Había relevado a un miembro del Estado Mayor Conjunto por decir que �tarde o temprano volveremos a luchar contra el enemigo marxista-leninista�, había informado sobre la nieta de Juan Gelman, presionó para que las fuerzas armadas pidieran perdón por los crímenes de la dictadura y formó una Comisión para la Paz que tenía la misión de descubrir lo sucedido con los cuerpos de los desaparecidos. Ahora, todos estos méritos están en peligro de opacarse: ayer se denunció que recomendó al Senado que designara a un torturador para la Corte Suprema de Justicia.
El hombre en cuestión es Angel Neira. Quienes lo denunciaron fueron los miembros del Sindicato Unico de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Durante la dictadura de 1973-1985, un comando militar secuestró a 12 funcionarios de la ANP, que fueron trasladados al cuartel del Batallón de Infantería Nº 2. Allí fueron sometidos a torturas que un expediente judicial detalló como �golpizas despiadadas, picana eléctrica, submarinos, el uso de alucinógenos y psicofármacos que les hacían ver alimañas o desdoblaban su personalidad�. Uno de los detenidos, Omar Rodríguez, gerente de la repartición portuaria, murió tres días después de su detención a causa de las torturas. Según los testimonios de los sobrevivientes, un mayor, Mario Peñalba, coordinaba los interrogatorios y presenciaba las torturas. Pero el detalle pertinente ayer era que los torturadores eran los capitanes Germán Carbone y el mismísimo Angel Neira.
Todo esto se conoce en tanto detalle ya que existe un sumario preparado por la Justicia uruguaya. El tribunal reconoció los crímenes cometidos por los militares. Pero no pudo sentenciar a los culpables, dada la muy efectiva Ley de Caducidad, que establece la impunidad de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Lo máximo que se pudo hacer fue obligar a pagar indemnizaciones al Ministerio de Defensa (por las torturas realizadas por personal militar) y a la Administración Nacional de Puertos (por realizar un sumario administrativo dentro de un cuartel y utilizar confesiones obtenidas mediante la tortura).
Hasta ayer, esto es. El presidente Batlle decidió recomendar al ahora coronel retirado Neira como uno de los dos �conjueces militares� en la Corte Suprema. Estos intervienen en los casos donde chocan las jurisdicciones de la justicia civil y la militar. Para el Comité Ejecutivo del sindicato de la ANP era completamente inaceptable que Neira desempeñara esa función. La central sindical uruguaya, PIT-CNT, expresó su �profunda preocupación y rechazo ante la iniciativa del Ejecutivo de promover al coronel retirado Angel Neira para integrar el máximo órgano de la Justicia uruguaya�. Los legisladores de la coalición de izquierda Frente Amplio anunciaron que votarán en contra de la designación.

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