QUIEREN COBRAR DEUDAS POR $ 1700 MILLONES DE EMPRESAS EN LIQUIDACION
Economía sale a seducir con quitas a morosos

La Secretaría de Hacienda diseñó un plan para cobrar deudas millonarias a favor del Banade, la ex Obras Sanitarias y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. La Fundación Favaloro figura entre quienes se beneficiarán.

Por Cledis Candelaresi
  Un cuarteto de empresas públicas liquidadas concentran acreencias a favor del Estado por casi 1700 millones de pesos. La mayor parte son deudas privadas contraídas con el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo (Banade), que auxilió con créditos blandos a ignotas pymes, pero también a unas cuantas firmas célebres y, en algunos casos, próximas al poder. Entre ellas, la Fundación Favaloro y la quebrada Astilleros Alianza, presuntamente asesorada por la ingeniera María Julia Alsogaray. Pero las expectativas oficiales respecto de este paquete de deudas a cobrar son modestísimas. Tanto que, para recuperar "aunque sea algo", se decidió organizar programas de regularización de pasivos, que favorecerán a los deudores con importantes quitas.
Banade en Liquidación encabeza la nómina de acreedoras públicas con un total de deudas a su favor de 1100 millones de pesos. Pero la lista se completa con Obras Sanitarias de la Nación --residual de la privatizada Aguas Argentinas--, con acreencias por más de 300 millones; la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que concentra obligaciones a su favor por 159 millones y el Fondo Nacional de la Marina Mercante, al que le deben más de 98 millones.
Parte de esas acreencias ya fueron computadas por las correspondientes liquidaciones como cuentas incobrables. Otra parte, simplemente, prescribió por falta de una acción eficaz de los equipos legales del Estado. Valga de ejemplo el caso de Obras Sanitarias de la Nación, ahora a cargo del liquidador Jorge Juárez Dover. Según un non paper de la entidad, sobre 52 millones adeudados por distintas empresas privadas, y aún no reclamados judicialmente, 51,5 millones ya habrían prescripto, y otros 600 mil pesos engrosaron la previsión de incobrabilidad.
Pero el caso de mayor envergadura es el del Banade, concebida como una entidad que debía auxiliar desarrollos productivos con créditos a tasa subsidiada. Claro que esta tarea de apoyo no lo eximía de tomar los correspondientes recaudos para recuperarlos, algo que no siempre hizo y le valió más de una decepción. Según fuentes próximas al liquidador Fernando Marín, cuando el banco quiso ejecutar vía judicial las garantías ofrecidas en su momento por Usal Textil, firma perteneciente a Eduardo Eurnekian, descubrió que este próspero empresario no tenía ningún activo a su nombre que pudiera ejecutarse. Afortunadamente, la historia habría tenido final feliz: una resolución habilitó un arreglo extrajudicial que le permitió al banco cobrar algo de la deuda.
Mediante este recurso y otros semejantes, la cartera del Banade ha sido bastante depurada. Aun así, quedan en pie gran cantidad de créditos, el grueso de ellos en manos de la Justicia, ya que fueron concedidos a empresas hoy concursadas o quebradas y, por lo tanto, que dejaron de pagar. Este grupo de compañías es el que acumula las mayores acreencias y algunos nombres muy conocidos.
El listado de deudores está liderado por Papel del Tucumán, la empresa que bajo el mando de Carlos Bulgheroni contrajo una deuda que a la fecha asciende a 182 millones, mitad en dólares, mitad en pesos. Conseguir dinero a una tasa de interés privilegiada no fue el único favor oficial del que gozó el conocido empresario. Además, gracias a una resolución dictada por un funcionario del gobierno de Raúl Alfonsín, produjo papel en condiciones mucho más ventajosas que sus competidores.
También en la categoría de quebradas figura Astilleros Alianza, de Arnoldo Martinengui ---a quien Alsogaray asegura haberle cobrado 500 mil dólares en concepto de honorarios por asesoramiento--, con una obligación pendiente a favor del Banade de 68,94 millones de pesos. Y el frigorífico Yaguané, del cuestionado empresario Samid. Pero todos estos importes, así como los que integran la cartera "normal" (unos 100 millones de pesos corresponden a créditos que se están cobrando con poco o ningún atraso), se reducirán drásticamente.
José Luis Machinea tiene a la firma un proyecto de decreto redactado por la Secretaría de Hacienda que prevé recalcular todas las obligaciones para aplicar, luego, una quita sobre el importe resultante, si el deudor en cuestión accede a pagar al contado. El primer paso será traducir a dólares estadounidenses la deuda original, y aplicar sobre ella un interés anual del 6 por ciento, de lo que resultarán obligaciones muy inferiores a las actuales. A esto se sumarán las costas y tasas de Justicia, y luego se acordará la forma de pago, a través de módicas cuotas.
El objetivo declarado de la iniciativa a la que accedió Página/12 es "obtener saldos que resulten razonablemente atractivos como para instar su cancelación en el menor tiempo posible". Roberto Pagano, coordinador general de la Secretaría de Hacienda, explicó la jugada oficial en términos sencillos. "Es imposible cobrarles a empresas que, en muchos casos, están quebradas. Es mejor recalcular hacia abajo y tratar de cobrar aunque sea algo", admitió el funcionario.
Con un criterio semejante, Economía redactó un decreto que está a la firma de Fernando de la Rúa. Deudores como Ferrylíneas o la empresa de Samuel Gudnisky se beneficiarán con una quita de su deuda a cambio de que "paguen algo".

INTENTAN COBRAR PRESTAMOS IMPAGOS DE FERRYLINEAS
Buscando tesoro en el "Titanic"

Por C.C.
El Fondo Nacional de la Marina Mercante fue creado en 1973 con la intención de promover en el país la construcción de barcos e impulsar el desarrollo de una industria armadora. Veintiún años después fue liquidado y aún hoy soporta el lastre de quince causas judiciales y acreencias por un total de 98 millones de dólares, de los que el Fisco sólo prevé cobrar una ínfima porción. Al igual que para los deudores del Banade, también en este caso habrá un plan de regularización con importantes quitas.
La nómina de deudores está encabezada por Ferrylíneas, que adeuda al Estado 53,03 millones de pesos, secundada por Del Bene, con préstamos impagos por casi 24 millones. Pero si bien el Gobierno diseñó una estrategia para auxiliar a todos, pareciera que el principal desvelo lo constituye Astilleros Corrientes, de Samuel Gutnisky, con sede en la provincia de Corrientes, intervenida por el radical Ramón Mestre. "Da trabajo a 2500 personas en el interior y acaba de ganar una licitación en Paraguay. Merece una oportunidad", justificó en diálogo con este diario Roberto Pagano, coordinador de Hacienda.
El Fondo subsidiaba la construcción de barcos por dos vías: otorgando un préstamo --a tasa baja-- equivalente al 50 por ciento del valor de la nave, y mediante un subsidio directo (no reintegrable) para cubrir la otra mitad. A pesar de estas facilidades, en algunos casos los préstamos no eran devueltos. En otros, el dinero ni siquiera se empleaba para lo que había sido requerido. Así se fue desvirtuando el objetivo original de este apoyo y el Fondo se desmanteló.
Durante el gobierno anterior, los responsables de la liquidación del Fondo iniciaron juicios contra los armadores deudores, algunos de los cuales tenían, a su vez, demandas contra el Estado: Astilleros Corrientes, por ejemplo, exigía a la Nación el pago de un buque que comenzó a construir para la también liquidada ELMA, incluyendo el "depósito" por la parte del buque que alcanzó a armar.
El gobierno menemista estuvo a punto de sellar un acuerdo extrajudicial, mediante el cual las partes acordarían el monto a pagar. La Alianza optó por un camino parecido, pero incluyendo una importante quita sobre los montos adeudados. El objetivo de este recorte será reducir los altos costos judiciales y solucionar el dilema que, en casi todos los casos, los bienes en garantía (barcos prendados) tienen un valor muy inferior al monto de la deuda reclamada. Eso sí: quienes se acojan al plan de regularización deberán desistir de cualquier reclamo judicial contra el Estado.

 

La Rioja, ¡plin! Caja La liquidada Caja Nacional de Ahorro y Seguro tiene una singularidad. Casi la totalidad de sus deudores son públicos, comenzando por el Banco de La Rioja, que debe casi 48 millones de pesos. Casualmente, este préstamo fue otorgado poco antes de que la entidad nacional fuera privatizada, y cuando su destino estaba en manos de un riojano amigo del ex presidente Carlos Menem y ex titular del banco provincial: José Gasett Waidat. La Caja en liquidación (e.l.) tiene acreencias por 159 millones de pesos, de los cuales sólo 5 millones corresponden a deudas particulares. El resto se reparte entre bancos provinciales y municipios, con los que la entidad firmó convenios de refinanciación. Formosa es la comuna con la obligación de mayor envergadura (57,29 millones de pesos). También se vieron beneficiados con préstamos de la ex entidad estatal quince municipios catamarqueños, que adeudan un total de 31,77 millones. Pero quizás el favor oficial más llamativo es el que benefició al estatal Banco de La Rioja, al que la Caja otorgó un préstamo de 51,50 millones a pagar en 192 cuotas, de las cuales a la fecha sólo quince están canceladas. El banco provincial acaba de ser reestatizado después de una fallida privatización que devino en quiebra. Las posibilidades de que este ente en liquidación consiga hacer efectivas sus acreencias son muy pocas.

 

Ruckauf e Ibarra deben el agua Cuando en 1993 Obras Sanitarias de la Nación (OSN) fue privatizada, el adjudicatario --Aguas Argentinas-- desistió de hacerse cargo de la cobranza de un paquete de deudas contraídas por usuarios públicos y privados, grandes y chicos. Perdida en una maraña de juicios dispersos, la liquidación previsionó como incobrables gran parte de las acreencias que suman cerca de 250 millones. Aunque prevé planes de facilidades para recuperar lo que se pueda. En la nómina de deudores estatales, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires tienen un lugar relevante. Según un escueto reporte que elevó recientemente a la Secretaría de Hacienda O.S.N (e.l.), la Ciudad de Buenos Aires tiene una deuda pendiente con el Tesoro por 61,42 millones de pesos, mientras que otros 37,41 millones corresponden a la provincia de Buenos Aires. El mismo informe precisa que la entidad tiene causas judiciales contra deudores privados por un monto total de 147,84 millones, aunque dos tercios de esa suma son considerados como de cobro imposible. El papel oficial omite el detalle de los deudores privados. Pero según consignaron fuentes oficiales a Página/12, esta nómina incluiría algunos nombres célebres como el del Golf Club San Martín, la tienda Harrods --cuyo edificio está a punto de salir a remate-- y, paradójicamente, el club que lleva el mismo nombre que la empresa estatal liquidada: Obras Sanitarias. Pero estos grandes deudores están escoltados por un gran número de pequeños usuarios, cuyas deudas difícilmente sean reclamables. La primera medida dispuesta por el Gobierno fue una auditoría exhaustiva que permitiese ordenar la documentación dispersa. En segundo lugar, resolvió promover un plan de "pago voluntario" para recuperar aunque sea una ínfima parte de las deudas.

PRINCIPAL