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PROPUESTA PARA AMPLIAR EL DERECHO AL ABORTO
Reformas con acento francés

El plazo legal se extenderá de 10 a 12 semanas de embarazo. Tampoco se exigirá la autorización de los padres para las menores.

Por Eduardo Febbro
Desde París

t.gif (862 bytes)  El gobierno socialista francés de Lionel Jospin aportó un argumento suplementario en la extensa lucha de las feministas del siglo XX por el derecho a la contracepción y el aborto. Jospin y la ministra francesa de Trabajo y Solidaridad, Martine Aubry, decidieron modificar las disposiciones de la ley sobre la "interrupción voluntaria del embarazo", el IVG. Se trata de una modificación doble: la primera atañe al plazo legal para abortar, que será extendido de 10 a 12 semanas de embarazo: la segunda toca el delicado tema del aborto de las menores, ya que Jospin y los ministros involucrados quieren que en adelante se elimine de la ley la autorización que los padres deben dar a las jóvenes para abortar legalmente.
En ambos casos se trata de un polémico proyecto de ley que será examinado en octubre y que tiende a modificar la leyes existentes: la ley Weil de 1975 y la ley Neuwirth sobre la contracepción que data de 1967. El proyecto de ley sobre el plazo para autoriza el aborto se basa en un informe encargado por el gobierno ante una realidad concreta, la del número cada vez más creciente de mujeres francesas que viajan a otros países europeos a fin de abortar fuera de los plazos admitidos en Francia. En este contexto, según explicó Martine Aubry, la "ampliación del período legal de 10 a 12 semanas apunta a evitar que aproximadamente 5000 mujeres por año se vean obligadas a abortar en el extranjero".
Pese a los argumentos en contra esgrimidos por las asociaciones opositoras al aborto y por ciertos sectores de la medicina, el gobierno de Jospin se apoya en los criterios reunidos por los expertos de la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Salud, Anaes. Este organismo estima que "no existe ninguna justificación ligada a la salud pública como para que sea necesario un nuevo contexto médico y técnico ligado a la ampliación del plazo". Asimismo, la ministra Martine Aubry aclaró que la extensión del período a 12 semanas "no planteaba ningún problema de seguridad médica".
De hecho, la polémica que suscitó esta decisión se arraigó en el temor de que, al ampliar el plazo, muchas mujeres podrían decidir abortar por razones de dudosa credibilidad. El profesor Israel Nisan, autor del informe gubernamental sobre la interrupción voluntaria del embarazo y opuesto a la reforma, estima que los adelantos del diagnóstico prenatal podrían hacer posible la detección del sexo y de ciertas anomalías benignas antes de la decimosegunda semana de embarazo. Nisan piensa que no resulta "imposible imaginar que muchas mujeres serían capaces de pedir la interrupción del embarazo por una malformación menor y curable o, aún más, porque el sexo del hijo no les conviene".
Pero pese a los temores que persisten acerca de un "aborto por puro confort", el gobierno decidió modificar la ley. Paralelamente, sin suprimir del todo la autorización de los padres requerida para que las menores de edad puedan abortar, las autoridades acordaron modificar los textos existentes. En este caso también el gobierno tomó en cuenta el "auténtico problema social" que representa el embarazo de las adolescentes. En cifras concretas, los llamados "embarazos no deseados" involucran en Francia a 10.000 adolescentes por año. La nueva ley propone que la autorización de los padres ya no sea más "una condición previa a la interrupción del embarazo". El texto busca un compromiso entre la "moral" y las necesidades, estipulando que en "el curso de la primera visita el médico debe esforzarse en convencer a la adolescente de dialogar con sus padres". Si ello no resulta y la joven se niega a pedir permiso a sus padres, durante la segunda entrevista obligatoria con el psicólogo, la decisión del aborto puede tomarse, pero "obligatoriamente" con el acompañamiento "de un adulto diferente elegido por la paciente, sea entre los profesionales, médicos, o entre las personas allegadas a ella".
El texto que pretende cambiar la legislación existente no dejará de provocar duros debates en la Asamblea entre una oposición conservadora que se opone a él y los sectores progresistas de la izquierda que lo juzgan aun "demasiado timorato".

 

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