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Por Cledis Candelaresi
Para atender los miles de juicios que el Estado acumula en el área
de Economía, José Luis Machinea proyecta crear un cuerpo
de abogados que se ocupe específicamente de dar fin a esos expedientes.
Este grupo de élite tendría la responsabilidad de resolver,
entre otras causas, el futuro de acreencias por 1700 millones de pesos
que el Tesoro nacional tiene a su favor por empresas públicas en
liquidación. El plan diseñado por la Secretaría de
Hacienda descarta el proyecto diseñado por el gobierno anterior
para avanzar con la tercerización de las causas, privatización
que dejó un buen negocio en manos de un puñado de grandes
estudios jurídicos, que provocó más de un perjuicio
al Tesoro nacional.
La iniciativa tiene forma de proyecto de resolución, y está
a la firma del ministro. El futuro cuerpo de abogados públicos
se ocupará de las causas que están en la órbita de
las siete empresas en liquidación -Banade, Obras Sanitarias, Fondo
de la Marina Mercante, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, ENTel, Femesa
y Encotesa– tanto como de las que pertenecían a los 21 entes
residuales que desaparecieron a fines de junio. En algunas, el Estado
es demandado; en otras demandante.
La tarea de esos profesionales promete ser tan ímproba como la
que hasta el momento desarrollan los abogados públicos, generalmente
desalentados por sus magras remuneraciones. Sólo en la órbita
del Palacio de Hacienda hay 70 mil juicios pendientes a pesar de que,
depuración mediante, en el área de Ferrocarriles ya se redujo
de 32 a 20 mil los expedientes. Esto ocurrió después que
el departamento jurídico de Economía descubriera irregularidades
como sentencias pagadas más de una vez.
El secretario de Hacienda, Mario Vicens, no descarta de cuajo la privatización
de los juicios, como aspiraba a hacer el gobierno anterior. Pero sí
pretende limitarla todo lo posible debido a la mala experiencia que esa
tercerización le deparó al Estado.
El esquema ideado por Horacio Liendo, ex secretario Legal y Técnico
de Economía durante la gestión de Domingo Cavallo, habría
producido una concentración de causas en un pequeño grupo
de grandes estudios (Corach, Alchouron, Baqué, entre otros) que
cobran por expediente y tiempo. Pero la tarifa fija de 50 dólares
por mes y por cada uno de los miles de expedientes que acapararon algunas
bufetes no garantizó ninguna ejecutividad de esa tarea profesional.
Según aseguraron a este diario fuentes de Hacienda y del gobierno
anterior, esos trámites se prologaron indefinidamente sin resolución,
mientras los estudios siguen facturando. Lo grave es que, producto de
la presunta negligencia privada, el Estado fue sorprendido con embargos
sin que el estudio en cuestión le hubiese advertido, siquiera,
sobre la inminencia de esa medida. Amén de los informes presuntamente
falsos, que indujeron al fisco a tomar decisiones inconvenientes.
Ante esa circunstancia, el ex ministro Roque Fernández había
redactado un proyecto para extender la privatización judicial,
pero en términos diferentes: se abriría el juego a profesionales
de todo el país, que cobrarían por el resultado de su gestión.
La iniciativa no prosperó y el gobierno de la Alianza prevé
ahora avanzar con aquel órgano de abogados estatales, acotando
la tercerización para algunas causas del interior.
“Deberíamos organizar concursos transparentes, fiscalizados
por los colegios de abogados, pero reservando los juicios de trascendencia
institucional, de más de 500 mil dólares, al Estado”,
explica el coordinador general de Hacienda, Roberto Pagano. El hombre
en quien Vicens confió la estrategia para atender los juicios públicos
descuenta que el Estado no da abasto para atender todos los expedientes
que lo involucran.
Voluntad de cobrar
“Nosotros ya lo intentamos y no dio resultado. Para que el Estado
pueda recuperar sus acreencias, lo que hace falta es voluntad fuerte
de cobro”, afirmó a Página/12 Juan Carlos Tomasetti,
subsecretario de Normalización Patrimonial durante la gestión
de Roque Fernández. De este modo, el ex funcionario criticó
la estrategia oficial para cobrar, básicamente, los 1100 millones
de pesos que deben al Banade una serie de empresas privadas. Según
reveló Página/12 en su edición de ayer, Economía
prevé dolarizar esas obligaciones y aplicarle luego una fuerte
quita. Según Hacienda, esto reduciría el costo de los
juicios y seduciría a los deudores a pagar. |
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