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Por Eduardo Videla
La Corporación Buenos Aires Sur ¿será la llave
para el despegue de la zona más postergada de la ciudad, como sostienen
sus impulsores, o se convertirá en instrumento para jugosos negocios
inmobiliarios, como sospechan los que cuestionan la norma? Ese es uno
de los interrogantes que dejó la última sesión de
la Legislatura porteña, donde se aprobaron más de 140 proyectos.
Otra de las leyes controvertidas es la que autoriza el llamado a licitación
internacional para renovar el mobiliario urbano --carteles publicitarios,
paradas de colectivos y kioscos-- que se aprobó pese a la oposición
de los empresarios locales. El debate no terminó con la sanción
de las leyes y promete continuar en el período legislativo inaugurado
esta semana.
La Legislatura aprobó entre viernes y sábado 144 proyectos,
aunque la mayoría de ellos eran declaraciones o resoluciones de
menor cuantía que, si no eran sancionados por los diputados que
terminaban su mandato, debían volver a fojas cero. Los proyectos
trascendentes eran ocho: uno de ellos, la ley que crea la Corporación
Buenos Aires Sur, que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a esa entidad
los inmuebles de dominio privado --no destinados a un fin público--
ubicados en el área delimitada por las avenidas San Juan, Directorio,
General Paz y el Riachuelo. La Corporación, constituida como sociedad
del Estado, administrará esos inmuebles bajo la figura del fideicomiso
y podrá alquilarlos, venderlos o concesionarlos.
La norma forma parte del paquete de leyes que fueron tratadas por expreso
pedido del nuevo jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. El propio Ibarra
defendió la aprobación del proyecto: "En la campaña
yo hablé del desarrollo del sur, pero si no cuento con un instrumento
como la Corporación del Sur, de acá a un tiempo me van a
preguntar ¿qué pasa?".
El defensor del pueblo adjunto Antonio Elio Brailovsky cuestionó
el proyecto porque "en ningún momento exige aprobar por ley
un listado de inmuebles a enajenar ni se habla de tasación de esas
propiedades públicas". La diputada Vilma Ripoll, de Izquierda
Unida, fue más allá: denunció que la votación
de esta ley "abre la posibilidad de un negociado increíble,
para venderle a los amigos más barato o a las multinacionales a
precios acordados". Por su parte, el diputado Rubén Campos
(UCR), titular de la Comisión de Planeamiento, explicó que
"la ciudad recién pierde el dominio de la propiedad una vez
que finaliza el emprendimiento (sea un complejo de viviendas o una industria)
cuando el beneficiario tiene acceso a la propiedad".
Brailovsky cuestionó la norma aprobada el sábado porque
"no hay un control sobre qué propiedades se entrega a la Corporación
ni a cuánto se venden". Según Brailovsky, el listado
original de inmuebles sujetos a la venta o alquiler alcanzaba a 2168.
"Lo primero que debería hacerse es elaborar un plan de uso
de inmuebles del Estado, antes de venderlos, para determinar si algunos
van a ser necesarios para construir escuelas o centros de salud en zonas
que, se prevé, se van a desarrollar", dijo el ombudsman adjunto
a Página/12.
La diputada Ripoll, además, denunció que el nombramiento
de la diputada Raquel Kismer de Olmos (PJ) en el directorio de la Corporación
es parte de un "pacto" entre la Alianza y "sectores residuales
del PJ" como parte de un "negocio político". El
diputado Campos no confirmó la designación de Kismer de
Olmos pero opinó que "la conformación pluripartidaria
garantiza la transparencia en el funcionamiento de la Corporación".
El legislador agregó a este diario que las construcciones que se
vayan a hacer en la zona "no podrán apartarse de lo que establece
el Código de Planeamiento Urbano". "No habrá torres
en zonas residenciales de baja densidad" de construcción,
garantizó.
En cuanto a la ley para el Nuevo Mobiliario Urbano de la ciudad, establece
un llamado a licitación internacional para renovar la totalidad
de los carteles publicitarios, paradas de colectivos con espacios para
publicidad estática, puestos de flores y cestos de basura. Después
de los reclamos de empresarios locales, la Legislatura agregó que
en la licitación "se dará prioridad a las empresas
nacionales".
Brailovsky criticó la norma porque "parece armada para una
empresa extranjera", pero fundamentalmente, porque "no hay suficientes
limitaciones a la presencia de publicidad en la vía pública".
"Primero habría que haber diseñado una política
de paisaje urbano", propuso. Ripoll, por su parte, cuestionó
que la norma no garantice "la participación de diseñadores,
empresas y mano de obra local". Campos, en tanto, argumentó
que "se trata de una ley marco", y explicó que "el
Ejecutivo, al momento de elaborar los pliegos de licitación, puede
poner como condición el empleo de mano de obra nacional, en el
caso de que gane una empresa extranjera".
Igualdad de oportunidades
El nuevo Gobierno porteño deberá garantizar
la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres
en todas las esferas de la vida diaria a través de políticas,
planes, programas y servicios. Así lo determina una ley
sancionada en la maratónica sesión de la Legislatura
de la ciudad que concluyó el sábado. "El objetivo
es garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio
de sus derechos y garantías", explicó la diputada
aliancista Gabriela González Gass, una de las impulsoras
de la iniciativa.
La legisladora detalló que, a partir de esta promulgación,
el Gobierno deberá incorporar la perspectiva de género
en el diseño y ejecución de sus políticas
públicas, y en la elaboración de todas las estadísticas
y la información resultante de las diversas áreas.
También deberá tomar las medidas necesarias para
controlar que las personas no sean discriminadas por razón
de su género, tanto en el ámbito público
como en el privado. "Todavía persiste la discriminación
contra las mujeres en varias esferas de la vida. El nivel de ingreso
de las mujeres continúa siendo entre un 25 y un 50 por
ciento menor que el de los hombres, salvo algunas excepciones",
agregó González Gass.
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