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"Es un ciudadano argentino preso por un Estado extranjero"
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Por Fernando Cibeira
El Gobierno reiteró que la asistencia consular que se le ofreció
a Olivera no era ninguna prerrogativa sino que es el mismo tipo de ayuda
que se le brinda a cualquier ciudadano argentino en similar situación.
"Hay 90 argentinos detenidos en Italia y a todos se les dio la misma
ayuda que, por otra parte, está determinada en la Convención de
Viena", explicó Gil Lavedra a Página/12.
El ministro de Justicia reunió el lunes a la noche a sus asesores
y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, para analizar la
situación planteada con la detención del militar. Allí se evaluó
duramente que Olivera haya decidido viajar a Europa teniendo en cuenta los
juicios abiertos por causas de violaciones a los derechos humanos. También
ayudó a la bajada de pulgar que se lo considerara "un
provocador", debido a su intento por entorpecer la marcha de los
"Juicios por la Verdad".
En la reunión de gabinete de ayer a la mañana quedó definido que
el Gobierno le soltaría la mano a Olivera. Para ello, evaluaron que al no
ser un militar conocido ni de la más alta graduación, su detención no
provocaría reacciones en los cuarteles. Además, al no tener causas
abiertas en el país --Olivera fue beneficiado con la ley de Obediencia
Debida--, no estaba en juicio el principio de extraterritorialidad, un
dato insoslayable para la Rosada. Ayer, varios funcionarios se encargaron
de aclarar esa circunstancia, que diferencia el caso de Olivera del de
Augusto Pinochet. Cuando detuvieron en Londres al ex dictador chileno, De
la Rúa y toda la primera plana de la Alianza se pronunció porque
Pinochet fuera juzgado en su país.
"El gobierno argentino no tiene jurisdicción para
aplicar", argumentó un hombre del Gobierno a este diario. "O en
todo caso, ya la aplicó cuando le aplicó la ley de Obediencia Debida. Es
absolutamente diferente de lo que sucedió con Pinochet", diferenció.
Según evaluaban en el Ministerio de Justicia, ese mismo
antecedente --que ya fue liberado por la justicia de su país-- podría
servir a la defensa de Olivera. "Es un elemento para oponerse",
evaluaba un alto funcionario. Al mismo tiempo, y aunque reconocía el mal
antecedente de que Olivera estuviera denunciado en la Conadep, el
funcionario sostenía que no había "pruebas muy contundentes"
para condenar a Olivera en la desaparición de Marie Anne Erize. "No
hay más de lo que sale en los diarios y no me parece suficientemente
fuerte", agregaba.
SUTIL
CAMBIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
"El modo en que decidió cooperar el Ministerio de Justicia no
sigue los carriles formales, aunque constituye un movimiento de fichas que
hasta ahora no se había producido", explicó desde España a Página/12
Carlos Slepoy, uno de los abogados argentinos de la Acusación Popular en
la causa que tramita Garzón.
La cautela con que Slepoy se refirió a lo resuelto por Gil Lavedra
obedece a que el Gobierno anuncia que colaborará con Garzón, pero sigue
sin darle parte a la Justicia de los oficios y las órdenes de captura
contra militares argentinos que el magistrado español cursó a la
Argentina. Por eso Slepoy reclamó que "además de tomar esta medida
el gobierno argentino debería dar traslado a Literas de toda la
documentación producida por Garzón".
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