Por Laura Términe
Desde Roma
 Si el mayor Jorge Olivera, cuyo arresto fue convalidado ayer por el juez italiano, acepta ser extraditado �hipótesis poco probable� sería trasladado a París en corto tiempo. De lo contrario, la Fiscalía general abrirá un proceso de extradición y dispondrá de tres meses para presentar una requisitoria a la Corte de Apelaciones de Roma. Este tribunal podrá entonces fijar una audiencia donde valorará las pruebas presentadas por Francia para que el ex mayor Olivera sea extraditado y escuchará la defensa de su abogado.
Mañana, día de su cumpleaños número 50, Olivera deberá aceptar o negar su extradición a Francia ante un juez de indagaciones preliminares del Tribunal de Roma, en una breve audiencia que colocara al ex militar argentino, detenido el domingo por la noche en el aeropuerto italiano de Fiumicino y acusado de la desaparición de la ciudadana francesa Marie Anne Erize, al inicio de un largo camino judicial.
Olivera aun no fue visitado por el cónsul argentino en su celda, pero después de pasar un día y medio incomunicado en Regina Coeli, la cárcel romana que se alza a orillas del río Tíber, muy cerca del Vaticano, recibió la visita de su abogado Carlo Longari. Le dijo que no tenía nada que ver con el secuestro y desaparición de Erize, perpetrado el 15 de octubre de 1976 en San Juan. �Los hechos por los cuales me incrimina Francia no corresponden a la verdad, yo no tengo nada que ver con eso�, le dijo a su abogado según la versión de éste. Longari aseguró que el ex mayor, beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, �está bien, pero claro que no está en el séptimo cielo�.
Longari es un joven letrado del conocido estudio jurídico de Marcello Melandri �en estos días, de vacaciones�, el mismo buffet que llevó la defensa de Carlos Guillermo Suárez Mason en la etapa prelimar del juicio italiano contra el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército, acusado aquí del asesinato de cinco ciudadanos italianos y la desaparición de un bebé. Olivera también es abogado de Suárez Mason.
Por otro carril jurídico corre el pedido de extradición de la magistratura francesa. Giovanni De Donato, funcionario de la oficina de extradición del Ministerio de Justicia, confirmó a Página/12 que el juez francés Roger Le Loire tiene cuarenta días para presentar el pedido de extradición.
Longari refirió también que su defendido había estado en Italia festejando las bodas de plata con su esposa, Marta Noemí Ravasi. En tanto, el cónsul argentino Jorge Biga no había podido entrar en contacto aun ayer con Olivera porque el pedido enviado a la autoridad judicial �con la palabra �urgente� estampada en rojo� no había sido respondido hasta finales de la tarde debido a la ausencia del juez de turno.
La visita del cónsul al preso forma parte del normal procedimiento de la representación diplomática en estos casos.
Olivera, que entre 1975 y 1979 estuvo enrolado en el Regimiento 22 de Infantería de Montaña en San Juan, donde funcionaba un centro clandestino de detención, podrá comunicarle al cónsul sobre el trato que recibe y pedirle alguna cosa que necesite, como medicamentos, cigarrillos o yerba. Fuentes ligadas a la investigación judicial sobre la desaparición de ciudadanos italianos en el marco del operativo Cóndor, que involucra a Augusto Pinochet y a militares argentinos, uruguayos y paraguayos, sugirieron que el fiscal que conduce las indagaciones puede pedir en préstamo a Olivera para interrogarlo.
Un juicio sobre identidad
La verdad sobre el origen
El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, dispuso que una comisión de fiscales inicie una causa para que un hijo de desaparecidos conozca su identidad biológica.
Como consecuencia de esta resolución, firmada el 12 de julio pero difundida ayer, comenzará un juicio por el derecho a la verdad en la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital, esta vez para que �Emiliano Castro Tortrino acceda a la verdad sobre su identidad biológica y tenga un acercamiento con tíos y primos que así lo requieran�.
La decisión de Becerra se produjo después de un largo reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo, que después de una sentencia desfavorable de la Corte Suprema de Justicia presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda denunciando que se estaba violando el derecho a la identidad de un menor. La CIDH analizó el caso y convocó al Estado argentino a encontrar una solución. Ante esta situación, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, acordaron en una propuesta en conjunto, que fue tenida en cuenta por el procurador.
La causa tramitará en la justicia penal porque, según Becerra, �la justicia penal y el apoyo de los organismos de investigación del Estado� hacen que ese sea �el lugar adecuado�. Entretanto, Conti elogió el dictamen y consideró que la �búsqueda de la verdad histórica es un paso previo a la reconstrucción moral del tejido social�.
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