Por Felipe Yapur
 La ley que revisará la situación jurídica de los presos de La Tablada no tiene fecha de tratamiento. Los motivos son diversos. Por un lado, el presidente de la Cámara, Rafael Pascual, anunció que este jueves no habrá sesión debido al paro que realizarán los empleados legislativos. Pero también existe otro inconveniente, mucho más serio que el anterior, y es el rechazo de un buen número de legisladores radicales a debatir esta norma, porque entienden que deja abierta la posibilidad de que los detenidos obtengan la libertad. Sin duda, y ante este panorama, la situación tenderá a complicarse porque entre los detenidos existe la voluntad de regresar a una huelga de hambre que, obviamente, no podrá ser levantada por una nueva promesa legislativa, si es que no obtienen una respuesta a sus reclamos, que cuentan con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ayer, los familiares de los presos intentaron entrevistarse sin suerte con el Presidente. Pero antes de retirarse de la Casa Rosada dejaron una carta para Fernando de la Rúa donde le expresan su �indignación por la demora� en la resolución de esta conflictiva situación. El texto en cuestión sostiene que el titular del Ejecutivo tiene �que arbitrar los medios para terminar definitivamente con esta detención ilegal y para que el Estado argentino, representado por sus tres poderes, cumpla en este punto concreto con la Constitución nacional y los pactos internacionales�. Más adelante, la carta sostiene que �la impunidad en este país no está dada por los presos de La Tablada, sino por los genocidas en la calle y los corruptos, que ni siquiera tenemos garantías que algún día serán llevados a juicio�.
No fue la única iniciativa. Ayer se conoció que Sebastián Ramos Mora, el detenido que por su doble nacionalidad fue trasladado a España, donde goza de libertad condicional, presentó ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos del Parlamento Europeo un pedido de intervención inmediata para que �ordene lo conducente para el cese efectivo de las condiciones que generan la vulneración de los derechos y que se reestablezcan� a todos los detenidos.
Pero lo que todavía no está claro es cuál será la reacción de los detenidos. Sin duda, la idea de reiniciar la huelga de hambre está latente. Obviamente, el comenzar otra vez una medida de fuerza de estas características �la primera duró 46 días y causó estragos en la salud de los detenidos� difícilmente podrá ser levantada con una promesa.
En realidad, los diputados de la Alianza, y más precisamente los del Frepaso, no están en condiciones de realizar nuevas promesas. La semana pasada, luego de que se frustrara la sesión, el propio vicepresidente de la Cámara, Juan Pablo Cafiero, no tuvo más remedio que reconocer ante los familiares de los presos que no habían logrado sentar en el recinto a 40 diputados radicales porque siguen oponiéndose a la polémica norma.
La posición del bloque radical se basa en el siguiente argumento: �No podemos dejar en libertad a los que perjudicaron a nuestro gobierno. Brindamos una imagen contradictoria ante la sociedad�. Nada los convence. Ni siquiera el proyecto que envió el propio ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, quien propuso la incorporación de la figura del recurso de revisión, abriendo la posibilidad de una segunda instancia judicial �tal como lo requiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos�, y que por el otro libraba al criterio de los jueces la aplicación o no del sistema de cómputo de penas conocido como �dos por uno�.
|
