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Dictamen con heridas en favor de la desregulación telefónica

Inferior: Las recomendaciones son insustanciales, ambiguas y de una profundidad inferior a las de la Sigen y a las definiciones de Comunicaciones. 


t.gif (862 bytes) El reglamento de desregulación telefónica podrá contar, hoy al mediodía, con el dictamen favorable de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Este resultado requirió la participación directa del presidente de la Nación, quien terminó convenciendo personalmente a senadores y diputados justicialistas de apoyar el proyecto. Pero el trámite dejó heridas en la propia Alianza: ayer, legisladores radicales repudiaron las negociaciones entre frepasistas y justicialistas a espaldas del bloque del oficialismo, y hasta anoche no estaban convencidos de apoyar, hoy, el dictamen impulsado por el propio Fernando de la Rúa.
La extraña alquimia que permitió alumbrar el último dictamen que necesitaba el Gobierno para aprobar el reglamento de licencias se verá reflejada en las inconsistencias del pronunciamiento de la comisión. Incluye un elogio a la gestión oficial en el área de comunicaciones del período 1989/90, que tuvo a María Julia Alsogaray como figura principal. También incorpora como recomendación una nueva composición del Consejo de Administración a cargo del fondo de redistribución de inversiones en favor de las zonas menos rentables, que les resta participación a las empresas entrantes �los nuevos operadores del sistema� y suma a representantes de gobiernos provinciales, lo cual promete convertir ese organismo en un escenario de disputas por el destino de los capitales. 
El dictamen es el resultado de la puja entre distintos sectores políticos en la que cada uno arrancó concesiones. Augusto Alasino, jefe del bloque justicialista del Senado, negoció directamente con De la Rúa el apoyo opositor, y a cambio consiguió �colar� la recomendación de que las nuevas empresas deban �sujetarse a los convenios colectivos vigentes de la actividad�, es decir, encuadrar a sus trabajadores en Foetra, gremio conducido por el menemismo. Alberto Pierri, miembro de la Bicameral, como dueño de una operadora de TV por cable (Telecentro) es adjudicatario de una licencia para operar en telefonía. En vez de apartarse del tema y eximirse de votar �por conflicto de intereses�, cambió su voto a favor por la inclusión de una recomendación para que se explicitara que �los reglamentos bajo análisis no serán de aplicación al ámbito de la radiodifusión�. 
La mayoría de las 17 recomendaciones que hoy votará la Bicameral �salvo cambios de último momento� es insustancial, ambigua y de una profundidad inferior a las observaciones formuladas por la Sindicatura General de la Nación previamente, e incluso por debajo de definiciones del propio reglamento de la Secretaría de Comunicaciones. 
Hasta anoche, el dictamen contaba con la aprobación de siete de los doce miembros de la Comisión, a los que se sumaría casi con seguridad José María García Arecha (UCR), después de haber retirado su firma de un dictamen con disidencias del demoprogresista Alberto Natale. Los que mantienen la posición más distante del dictamen aprobatorio son Baylac (UCR), Baladrón y Cambareri (ambos del PJ). Hoy se aprobará aunque no haya criterio unánime. 
Ello habilitará al Poder Ejecutivo a dictar el decreto reglamentando la desregulación la semana próxima, después de �tomar en cuenta� los dictámenes, incorporar las recomendaciones que considere convenientes y desechar otras, ya que los distintos pronunciamientos no son �vinculantes� (no obligan a incorporar todo lo propuesto). De esta manera, se encenderá la luz verde para una reglamentación que favorecería a las empresas entrantes �mayoritariamente de origen estadounidense� frente a las licenciatarias actuales (Telefónica y Telecom). Las nuevas podrán ofrecer sus servicios a partir del 9 de noviembre próximo, y todo hace prever que centrarán sus ofertas en la �crema� del negocio: los principales centros urbanos del país y, preferentemente, el segmento �corporativo� integrado por grandes empresas e instituciones oficiales. 

 

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