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Una universidad bajo el rugir de los motores

La Universidad de Luján será dividida en dos por una nueva autopista. La comunidad académica y el CIN reclaman una solución.

Por Javier Lorca

t.gif (862 bytes) Podría ser una buena metáfora (de un mal escritor) sobre el presente de la universidad pública o sobre la racionalidad que rige al Estado. La Universidad Nacional de Luján (UNLU) será partida en dos por una autopista. El proyecto ya está en marcha y, si se concreta, unos 10 mil alumnos y 1300 docentes tendrán que estudiar y enseñar bajo el rugir de los motores que transitarán por el nuevo tramo del Acceso Oeste. La obra fue planeada para unir Luján con Mercedes en la década del 60, pero recién se licitó en 1998 y se adjudicó el año pasado, cuando se habían producido muchos cambios en la región: desde la instalación de la propia universidad hasta el asentamiento de algunos barrios. El daño no sólo será académico. Para hacer el camino, habrá que destruir una vieja arboleda. Y el otro problema es el alto nivel de ruido que producirán, inicialmente, las máquinas constructoras y, luego, claro, el paso de los autos.
El viernes, todos los rectores del sistema universitario apoyaron el reclamo de la comunidad académica de Luján a través de una resolución del Consejo Interuniversitario Nacional, donde se indica que “la construcción de la autopista constituye una violenta agresión a los objetivos (de la universidad)”. En diálogo con Página/12, el rector Antonio Lapolla protestó: “El Estado financia todo esto, a la universidad y a la construcción de la autopista. Es inconcebible que desde el Estado se enfrenten dos servicios que son vitales para la sociedad, como el transporte y la educación”.
La sede central de la UNLU funciona en un campus de 250 hectáreas, al lado del cruce de las rutas 5 y 7. Allí cursan 10 mil de los 16 mil alumnos de la universidad (distribuidos en sus extensiones regionales). La autopista dividiría al predio en dos. De un lado, quedaría una parcela de cuatro hectáreas, donde hoy se concentran la mayoría de las instalaciones: aulas, laboratorios, oficinas administrativas y de mantenimiento. Y donde se está empezando a construir una biblioteca que costará siete millones de pesos. “Después de años de reclamar conseguimos presupuesto para hacer la biblioteca. Ahora va a pasar una autopista a sólo 70 metros de ella. ¿Quién va a poder estudiar con los autos pasando por ahí?”, se preguntó la becaria María Leguizamón, militante de Franja Morada.
Del otro lado de la futura ruta quedarían las restantes 246 hectáreas del campus: “Ahí están los laboratorios de Agronomía, de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos, y todo el sector de producción”, contó el rector. El tramo de la autopista que seccionará a la UNLU recorrerá, en total, unos cinco kilómetros hasta unir las rutas que ya conectan Buenos Aires-Luján y Luján-Mercedes.
“Nos pondrán una barrera artificial que nos corta la universidad”, objetó Lapolla. Esa protesta la llevó ante el Organo de Control de Rutas y Acceso a Buenos Aires (Ocraba), en el que afirman que la obra ya fue concesionada y debe hacerse tal cual fue planeada. La única alternativa que ofreció el ente fue hacer pasar la autopista sobre un terraplén. A través del cual pasaría un callejón para conectar a la universidad consigo misma. En cambio, el objetivo de máxima de la comunidad de la UNLU es que no se toque el predio. Pero aceptarían negociar que sea alcanzado si esto ocurre más lejos del sector con más instalaciones, o si se construye una autopista aérea.
“El movimiento de tierras de la obra nos impediría dar clases. Y en Luján no hay otros lugares –dijo el rector–. Pero lo más grave es que la autopista no nos dejaría lugar para seguir creciendo. Y estamos en plena expansión. Somos una de las universidades que más creció desde la democracia.” De hecho, la tasa de crecimiento estudiantil trepó hasta un promedio del 20 por ciento anual en los últimos quince años. Un estudio ambiental realizado por investigadores de la UNLU determinó cuál será el impacto de la construcción de la autopista. “El predio de la universidad está en una zona muy arbolada. La obra implicará la destrucción de unabellísima avenida de plátanos. Y el otro problema es el ruido. La maquinaria pesada que se utiliza en estos casos produce un nivel altísimo de ruido. Después se sumará el ruido de los autos”, explicó el profesor Claudio Tuis, uno de los investigadores. “Entre los árboles que van a tirar están los que plantamos en memoria de los desaparecidos de Luján. Algo muy caro a nosotros”, lamentó Leguizamón.

OPINION
Por Aníbal Franco, Arsenio Alfieri, Eduardo Baroni *

Programas agrarios en picada

Los decanos de facultades de Ciencias Veterinarias nacionales sentimos la obligación de expresar nuestra preocupación por el gradual desfinanciamiento que está afectando la operatividad del INTA, en particular la de los programas de asistencia técnica destinados a atender a los sectores que sufren con mayor crudeza las consecuencias del modelo económico imperante en los últimos años.
La Unidad de Asesoramiento para Productores Minifundistas atiende a más de 21 mil familias campesinas con 50 proyectos distribuidos en todo el país. Este programa está destinado a mejorar su calidad de vida sobre la base de un mensaje tecnológico y de capacitación y organización. De no recibir el financiamiento necesario, no podrá cumplir mínimamente con los compromisos contraídos con los productores, generando en ellos incredulidad y desalentando tanto a éstos como a los técnicos que los atienden. Cambio Rural, un instrumento de los productores para la organización económica y social, de reconversión productivo-comercial y planificado desde la demanda, atiende a 1457 grupos que incluyen a 14 mil productores. Los cambios organizativos se centran en lo gerencial, en la asociación y en la comercialización. No siendo de menor importancia el incremento del empleo rural que genera y la capacitación de la mano de obra.
Históricamente, el presupuesto fue de 14 millones de pesos anuales; hasta la fecha recibió menos del 25 por ciento de lo necesario. De más está decir que la discontinuidad de este exitoso programa agregaría un factor más de desaliento a la ya comprometida situación de las Pymes agropecuarias.
Por último, el Programa Pro-Huerta, ejecutado por el INTA y financiado con recursos del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, llegó a atender según los años a entre 2,5 y 3 millones de personas a través de huertas familiares, escolares y comunitarias, con el objeto de mejorar la alimentación de la población rural. El presupuesto asignado para el 2000 es insuficiente para mantener las prestaciones y la población asistida. Como consecuencia de ello, el programa ha comenzado a presentar metas decrecientes en cuanto a la población cubierta.
Los montos requeridos para mantener estos programas son mínimos si se los correlaciona con los beneficios que generan en amplios sectores de la población que ya no pueden seguir soportando las consecuencias del progresivo ajuste económico.

* También firman Aníbal Bessone, Isabelino Soler y Hugo Peiretti. Los autores son decanos de las facultades de Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales de Buenos Aires, Rosario, Litoral, Río Cuarto, La Pampa y del Nordeste.

 

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