Por Javier Lorca
Podría
ser una buena metáfora (de un mal escritor) sobre el presente de
la universidad pública o sobre la racionalidad que rige al Estado.
La Universidad Nacional de Luján (UNLU) será partida en
dos por una autopista. El proyecto ya está en marcha y, si se concreta,
unos 10 mil alumnos y 1300 docentes tendrán que estudiar y enseñar
bajo el rugir de los motores que transitarán por el nuevo tramo
del Acceso Oeste. La obra fue planeada para unir Luján con Mercedes
en la década del 60, pero recién se licitó en 1998
y se adjudicó el año pasado, cuando se habían producido
muchos cambios en la región: desde la instalación de la
propia universidad hasta el asentamiento de algunos barrios. El daño
no sólo será académico. Para hacer el camino, habrá
que destruir una vieja arboleda. Y el otro problema es el alto nivel de
ruido que producirán, inicialmente, las máquinas constructoras
y, luego, claro, el paso de los autos.
El viernes, todos los rectores del sistema universitario apoyaron el reclamo
de la comunidad académica de Luján a través de una
resolución del Consejo Interuniversitario Nacional, donde se indica
que la construcción de la autopista constituye una violenta
agresión a los objetivos (de la universidad). En diálogo
con Página/12, el rector Antonio Lapolla protestó: El
Estado financia todo esto, a la universidad y a la construcción
de la autopista. Es inconcebible que desde el Estado se enfrenten dos
servicios que son vitales para la sociedad, como el transporte y la educación.
La sede central de la UNLU funciona en un campus de 250 hectáreas,
al lado del cruce de las rutas
5 y 7. Allí cursan 10 mil de los 16 mil alumnos de la universidad
(distribuidos en sus extensiones regionales). La autopista dividiría
al predio en dos. De un lado, quedaría una parcela de cuatro hectáreas,
donde hoy se concentran la mayoría de las instalaciones: aulas,
laboratorios, oficinas administrativas y de mantenimiento. Y donde se
está empezando a construir una biblioteca que costará siete
millones de pesos. Después de años de reclamar conseguimos
presupuesto para hacer la biblioteca. Ahora va a pasar una autopista a
sólo 70 metros de ella. ¿Quién va a poder estudiar
con los autos pasando por ahí?, se preguntó la becaria
María Leguizamón, militante de Franja Morada.
Del otro lado de la futura ruta quedarían las restantes 246 hectáreas
del campus: Ahí están los laboratorios de Agronomía,
de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos, y todo
el sector de producción, contó el rector. El tramo
de la autopista que seccionará a la UNLU recorrerá, en total,
unos cinco kilómetros hasta unir las rutas que ya conectan Buenos
Aires-Luján y Luján-Mercedes.
Nos pondrán una barrera artificial que nos corta la universidad,
objetó Lapolla. Esa protesta la llevó ante el Organo de
Control de Rutas y Acceso a Buenos Aires (Ocraba), en el que afirman que
la obra ya fue concesionada y debe hacerse tal cual fue planeada. La única
alternativa que ofreció el ente fue hacer pasar la autopista sobre
un terraplén. A través del cual pasaría un callejón
para conectar a la universidad consigo misma. En cambio, el objetivo de
máxima de la comunidad de la UNLU es que no se toque el predio.
Pero aceptarían negociar que sea alcanzado si esto ocurre más
lejos del sector con más instalaciones, o si se construye una autopista
aérea.
El movimiento de tierras de la obra nos impediría dar clases.
Y en Luján no hay otros lugares dijo el rector. Pero
lo más grave es que la autopista no nos dejaría lugar para
seguir creciendo. Y estamos en plena expansión. Somos una de las
universidades que más creció desde la democracia.
De hecho, la tasa de crecimiento estudiantil trepó hasta un promedio
del 20 por ciento anual en los últimos quince años. Un estudio
ambiental realizado por investigadores de la UNLU determinó cuál
será el impacto de la construcción de la autopista. El
predio de la universidad está en una zona muy arbolada. La obra
implicará la destrucción de unabellísima avenida
de plátanos. Y el otro problema es el ruido. La maquinaria pesada
que se utiliza en estos casos produce un nivel altísimo de ruido.
Después se sumará el ruido de los autos, explicó
el profesor Claudio Tuis, uno de los investigadores. Entre los árboles
que van a tirar están los que plantamos en memoria de los desaparecidos
de Luján. Algo muy caro a nosotros, lamentó Leguizamón.
OPINION
Por Aníbal Franco, Arsenio Alfieri, Eduardo Baroni *
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Programas agrarios
en picada
Los
decanos de facultades de Ciencias Veterinarias nacionales sentimos
la obligación de expresar nuestra preocupación por
el gradual desfinanciamiento que está afectando la operatividad
del INTA, en particular la de los programas de asistencia técnica
destinados a atender a los sectores que sufren con mayor crudeza
las consecuencias del modelo económico imperante en los
últimos años.
La Unidad de Asesoramiento para Productores Minifundistas atiende
a más de 21 mil familias campesinas con 50 proyectos distribuidos
en todo el país. Este programa está destinado a
mejorar su calidad de vida sobre la base de un mensaje tecnológico
y de capacitación y organización. De no recibir
el financiamiento necesario, no podrá cumplir mínimamente
con los compromisos contraídos con los productores, generando
en ellos incredulidad y desalentando tanto a éstos como
a los técnicos que los atienden. Cambio Rural, un instrumento
de los productores para la organización económica
y social, de reconversión productivo-comercial y planificado
desde la demanda, atiende a 1457 grupos que incluyen a 14 mil
productores. Los cambios organizativos se centran en lo gerencial,
en la asociación y en la comercialización. No siendo
de menor importancia el incremento del empleo rural que genera
y la capacitación de la mano de obra.
Históricamente, el presupuesto fue de 14 millones de pesos
anuales; hasta la fecha recibió menos del 25 por ciento
de lo necesario. De más está decir que la discontinuidad
de este exitoso programa agregaría un factor más
de desaliento a la ya comprometida situación de las Pymes
agropecuarias.
Por último, el Programa Pro-Huerta, ejecutado por el INTA
y financiado con recursos del Ministerio de Desarrollo Social
y Medio Ambiente, llegó a atender según los años
a entre 2,5 y 3 millones de personas a través de huertas
familiares, escolares y comunitarias, con el objeto de mejorar
la alimentación de la población rural. El presupuesto
asignado para el 2000 es insuficiente para mantener las prestaciones
y la población asistida. Como consecuencia de ello, el
programa ha comenzado a presentar metas decrecientes en cuanto
a la población cubierta.
Los montos requeridos para mantener estos programas son mínimos
si se los correlaciona con los beneficios que generan en amplios
sectores de la población que ya no pueden seguir soportando
las consecuencias del progresivo ajuste económico.
* También firman Aníbal Bessone,
Isabelino Soler y Hugo Peiretti. Los autores son decanos de las
facultades de Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales
de Buenos Aires, Rosario, Litoral, Río Cuarto, La Pampa
y del Nordeste.
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