Por David Cufré
 José Luis Machinea tiene redactado un proyecto de ley que dispone la rebaja de las jubilaciones, al declarar la �Emergencia previsional�. La propuesta establece que los jubilados que perciben haberes de 800 pesos sufrirán una quita de 24. En una escala progresiva, el descuento será de 30 pesos para jubilaciones de 1000 y de 75 pesos para las de 1500. Página/12 tuvo acceso exclusivo a la norma redactada en el Ministerio de Economía, que seguramente provocará otro cimbronazo en la Alianza. Y desatará una nueva pelea entre distintos sectores del Poder Ejecutivo, pues confirma lo que José Luis Machinea se negaba a admitir en público: la necesidad de seguir profundizando el ajuste fiscal. El ministro busca con esta propuesta pisar 2000 millones de pesos. Sus aspectos salientes son la reducción de entre 3 y 7 por ciento a todas las jubilaciones mayores a 800 pesos, el descuento en la misma magnitud del componente estatal en las jubilaciones del régimen de capitalización y la emisión de bonos a 16 años para cancelar todo tipo de deudas de la Anses con los jubilados. El descuento trepa hasta el 17 por ciento para las jubilaciones especiales. El régimen propuesto estará vigente durante cinco años, con posibilidad de prorrogarlo por un año. Los afectados por la rebaja serán 188 mil personas, el 9,5 por ciento de todos los jubilados.
�Las medidas son promovidas directamente por el ministro de Economía y están siendo negociadas en el Congreso por el diputado Horacio Pernasetti y el senador José Genoud (Alianza) con los bloques de Diputados y Senadores del Partido Justicialista, contando con la participación del diputado Miguel Angel Pichetto y del senador Jorge Yoma.� La revelación figura en el acta oficial de la reunión de directorio de la Anses del 25 de julio pasado (ver facsímil, nota aparte).
El �Proyecto de ley de Emergencia Previsional�, tal la denominación que se le ha dado, consta de ocho artículos. El segundo fija la escala de descuentos a las jubilaciones, que arranca en el 3 por ciento para todos los haberes de entre 800 y 1000 pesos. Entre 1001 y 1500, la disminución es del 4 por ciento. Trepa al 5 por ciento en las jubilaciones de entre 1501 y 2500 pesos, llega a 6 puntos entre las de 2501 y 3100, y de 3101 pesos en adelante asciende al 7 por ciento. Los descuentos se repiten en las jubilaciones privadas (AFJP), en este caso en la parte que le corresponde liquidar al Estado: la Prestación Básica Universal y la Prestación Complementaria. Además, existe otra tabla de rebajas para las jubilaciones de regímenes especiales, que van del 11 al 17 por ciento.
El Gobierno viene trabajando en la implementación de esta iniciativa en la más absoluta reserva. Machinea aún no habría logrado convencer a otros miembros del Ejecutivo e incluso de su propio equipo. Fuentes de Economía consultadas por este diario aseguraron que el jefe de asesores de esa cartera, Pablo Gerchunoff, se opondría a la propuesta, aunque otros informantes aseveraron que ésa fue su postura inicial, pero que ahora acompaña al ministro. La iniciativa fue redactada por el secretario de Hacienda, Mario Vicens, y el representante de Economía en la Anses, Guillermo Nielsen.
El proyecto surgió luego de que se constatara la ineficacia de un ajuste anterior: el aplicado a las jubilaciones de privilegio a fines de mayo. La medida perseguía generar un ahorro de 240 millones de pesos. Pero tuvo tales falencias técnicas que ahora se verificó que a lo sumo permitirá achicar gastos en 60 millones. El problema fue que del universo inicial de jubilados a los que se les aplicaba el descuento hubo que excluir a más de la mitad. Esto ocurrió por el escándalo político que disparó la idea de rebajar los haberes a los pensionados, discapacitados, docentes y otros grupos que nada tenían que ver con los jubilados de privilegio, y finalmente fueron librados del ajuste.
Otro problema político que causó la medida fue que en varias provincias existen leyes de �intangibilidad de las jubilaciones�. Por lo tanto, las provincias deberían integrar de su presupuesto el descuento pautado por laNación, lo que les ocasionaría un desbalance fiscal. Entre otras, tienen este problema las provincias de Catamarca, Mendoza, Río Negro y La Rioja. De esos distritos son, justamente, los diputados y senadores de la Alianza y el justicialismo que impulsan la nueva ley de Emergencia previsional: Pernasetti, Genoud, Pichetto y Yoma. De hecho, Río Negro y Catamarca iniciaron acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia para que se dejara sin efecto en sus provincias el ajuste de mayo a las jubilaciones de privilegio.
Frente a tantas complicaciones, Machinea ideó el proyecto de emergencia previsional. De ese modo, se propone anular el decreto de mayo que rebajó las jubilaciones de privilegio. Y en su lugar aplicará el nuevo esquema de descuentos generalizados. Así conseguirá un ajuste de gastos de 200 millones de pesos al año, superior al de 60 millones al que puede aspirar �con suerte� mediante el régimen en curso.
Pero el proyecto no se agota allí. Otro capítulo polémico es el que dispone la cancelación de todo tipo de deudas de la Anses con los jubilados mediante la entrega de bonos a 16 años. En principio, el Estado diferirá pagos por 1800 millones de pesos, que ahora está obligado a realizar en efectivo. La iniciativa establece que se les darán bonos en lugar de cash a los beneficiarios de �retroactivos�. Este es el monto que se acumula por el tiempo que demora la Anses en aprobar una jubilación. Por ejemplo, una persona inicia sus trámites jubilatorios en agosto y la confirmación del derecho al haber se produce en diciembre. Cuando esa persona cobra su primer sueldo, también le pagan por los meses que llevó el trámite. Con el proyecto de Machinea, en lugar de dinero le darán un bono a 16 años.
AJUSTE, MAS AJUSTE, RE-AJUSTE Y SOBRE-AJUSTE FISCAL
Economía tiene la idea fija
Por M. Montenegro
El recorte salarial en la administración pública fue la señal más nítida que José Luis Machinea podía despachar a los �mercados� (y sus exegetas, los consultores de la city) para que, de una vez por todas, se olvidaran de las intrigas. Y se convencieran de que el ministro de Economía era alguien en quien confiar. Desde esa lógica, el costo político del ajuste salarial fue proporcional a las ganancias de reputación en los ámbitos financieros. El proyecto de poda de jubilaciones sigue la misma regla.
El martes a la noche Economía admitió lo que se rumoreaba hace ya varios días en la city: con la recaudación todavía planchada, en julio se desbordó el déficit fiscal. Ayer mismo, los principales bancos extranjeros, en informes distribuidos entre sus clientes, volvieron a hablar del peligro de incumplimiento de las metas con el Fondo Monetario. Uno de los gurúes de esos bancos dejó en claro ante Página/12 que los �mercados� esperaban nuevos gestos de Machinea. �Ahora, más importante que los números es ver la naturaleza de la respuesta del Gobierno�, afirmó. La respuesta, a medida de los mercados, va camino al Congreso.
En julio el déficit fiscal alcanzó los 1025 millones de pesos, casi 300 millones más que el año pasado. El motivo principal es que los recortes en el gasto operativo del Gobierno que se están aplicando no llegaron a compensar el aumento en el pago de intereses de la deuda y lo flaca que viene la recaudación impositiva. Con estas cifras, el margen para cumplir la meta de déficit fiscal del tercer trimestre con el FMI es mínimo.
Los inversores tomaron nota de inmediato. Goldman Sachs y el Deutsche Bank, dos de los principales bancos que operan con bonos de la deuda argentina, difundieron sendos informes en los que advierten sobre el tema. El título del reporte de Goldman es más que sugestivo: �Perdiendo el ancla fiscal�. Según las cifras que allí figuran, el déficit fiscal en agosto y septiembre sería en promedio de 300 millones de pesos en cada mes, con lo cual el Gobierno sobrepasaría la meta de déficit del tercer trimestre en unos 450 millones de pesos. Para todo el año, los bancos proyectan un desvío de 1000 millones de dólares por encima de la pauta de 4700 millones fijada por el Fondo.
En el equipo económico dicen que todavía están a tiro de honrar el acuerdo con el FMI. Pero Machinea está convencido de que, más allá de la negociación con el Fondo �que en los últimos meses ha sido muy favorable a la administración aliancista�, la clave está en que no se multipliquen informes como el anterior, que �razona� podrían espantar a los capitales que �invierten� en deuda argentina. Por eso, aunque nunca las dejó de lado, las señales de amor a los mercados volverán a ocupar el centro de la escena, al margen de su costo o viabilidad política.
Ya dejó trascender que el proyecto de Presupuesto del 2001, que enviará en septiembre al Congreso, contendrá una nueva reducción de gastos operativos de 1000 millones de pesos, lo que reabrió una fuerte interna por el reparto de fondos entre sus colegas de gabinete. Pero los brokers le piden más, y ahora, para calmar la ansiedad. Con los 200 millones de ahorro previsional por año que supondría el proyecto que impulsa Economía, no se cierran las cuentas. Pero pasando de la contabilidad a la psicología, para los mercados no habría nada más sedativo que un proyecto de ley de �Emergencia previsional� que dispone un recorte de haberes jubilatorios.
Aunque, en el fondo, todos saben que mientras la economía no se reactive, no habrá ajuste fiscal que alcance para garantizar la estabilidad de la Convertibilidad y el empleo del propio Machinea.
LAS MEDIDAS �FUERON RECESIVAS�
La meta está más lejos
José Luis Machinea debió admitir, finalmente, que los resultados fiscales de julio le complicaron la posibilidad de cumplir con las metas de déficit presupuestario del tercer trimestre. Pero si no llega a lograr los resultados comprometidos con el FMI en este período, que es lo más probable, lo compensará con un menor déficit en el cuarto, con lo que cerraría el presupuesto anual con el desequilibrio de 4700 millones de pesos acordado.
El desequilibrio de julio alcanzó a 1025,5 millones de pesos, lo cual excede el déficit previsto para todo el trimestre (745 millones). Pero como las cuentas públicas arrastran un sobrecumplimiento (déficit menor al comprometido) de 451,4 millones del primer semestre, el margen para agosto y septiembre es aún de 170,9 millones de pesos. Si no logra alcanzar esa meta, el exceso de déficit se trasladaría al cuarto trimestre, pero manteniendo la pauta anual de un rojo de 4700 millones de pesos acordado con el FMI. �Esperemos los próximos días�, dijo ayer enigmático Machinea, sugiriendo un inminente anuncio de un recálculo trimestral del déficit.
Las dificultades presupuestarias no fueron el único tema en el cual el equipo económico reconoció ayer defectos de proyección. Guillermo Rozenwurcel, secretario de Pyme, admitió que las medidas de ajuste del gasto público tomadas por el Gobierno �fueron recesivas�, pero señaló que �eran necesarias para reducir el déficit�. Y extendió la autocrítica a un punto más, al decir que los frutos de la reforma laboral demorarán en hacerse visibles. �Se van a percibir a medida que la economía crezca�, apuntó. �En los 90 se vio una tasa de crecimiento positiva, pero simultáneamente un aumento del desempleo �explicó�. Lo que queremos es revertir esa disparidad, es decir que cuando la economía crezca, crezca el empleo. Para eso es esta reforma. Pero la reforma laboral sola, sin crecimiento, no puede generar empleo.�
A falta de joyas de la abuela,
le llegó la hora a los abuelos
|
Página/12 accedió a las actas de la Anses de las reuniones en las que se debatió el proyecto de recorte de las jubilaciones.
Los jubilados juegan en la plaza, mientras se pergeña el proyecto para recortarles los haberes. |
|
Por D. C.
En la Anses se produjo una agria discusión cuando se conoció el proyecto de ley de emergencia previsional. Uno de sus autores, Guillermo Nielsen, director del organismo en representación del Ministerio de Economía, lo defendió a capa y espada. El titular de la Anses, Melchor Posse, lo criticó en duros términos y cuestionó que se hubiera redactado a sus espaldas. Página/12 tuvo acceso a las actas oficiales de las reuniones del directorio cuando se analizó el tema. Allí se explicita que �las medidas son promovidas por José Luis Machinea� y que las negocian en el Congreso los presidentes de los bloques de diputados y senadores de la Alianza, Horacio Pernasetti y José Genoud, respectivamente, y los legisladores justicialistas Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma.
�Se abre un debate entre los directores Fernández Pastor y Guillermo Nielsen respecto del proyecto que Nielsen le entregó al diputado Pernasetti�, relata el acta de la Anses. �Fernández Pastor sostiene que el mismo debería haber sido acordado por los miembros del directorio y no haberse presentado en forma individual por uno de los directores�, continúa. La queja fue avalada por Melchor Posse. A excepción de Nielsen, el resto de los directores de la Anses se opuso a la iniciativa.
En otro párrafo del acta que da cuenta de lo que se dijo en la reunión de directorio del primero de este mes, se menciona: �El director Nielsen sostiene que envió el proyecto consensuado entre Pernasetti y Vicens (Mario, secretario de Hacienda), a lo que el director Ricardo Jorge junto con el director Agulleiro sostienen que no se puede elevar proyectos del organismo sin el consentimiento del directorio�.
Las actas anulan cualquier intento del Gobierno de desmentir la existencia del proyecto de ley que rebaja las jubilaciones. Esa iniciativa consta de ocho artículos, bajo el título de declaración de �la emergencia previsional�. Los resquemores de algunos miembros del Ejecutivo a avanzar con la iniciativa, impulsada por Machinea, son por el altísimo costo político que pagaría la Alianza con este nuevo ajuste. Dicen que �ni Menem se animó a declarar la emergencia previsional�.
�Por último, Fernández Pastor realiza un análisis en números sobre los alcances del decreto 438/00, lo que luego de un balance sobre el ahorro generado se concluye que la cifra obtenida no resulta de significancia�. Este punto del acta revela el eje de la cuestión: que el ajuste a las jubilaciones de privilegio dispuesto en mayo pasado estuvo tan mal hecho que en lugar del ahorro de 240 millones de pesos previsto, permitirá achicar gastos en 60 millones como máximo. De allí que Machinea pretenda ahora declarar la emergencia previsional, lo que le permitiría aplicar descuentos a todas las jubilaciones de más de 800 pesos, y de ese modo lograr un ahorro de 200 millones al año.
�Guillermo Nielsen agrega que la declaración de emergencia previsional permitiría, entre otras cosas, suspender los pagos de los retroactivos, de las sentencias, etc.�, se sostiene en otra parte del acta. En este caso, se refiere al otro gran objetivo de la ley: emitir bonos a 16 años para cancelar las deudas previsionales, con lo que se diferirían pagos por 1800 millones de pesos. Así lo establece el artículo 4 del proyecto: �El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer que el pago de los importes correspondientes a retroactividades en las jubilaciones y pensiones por liquidaciones de nuevos beneficios, reajustes de haberes o cualquier otra causa, se efectúe mediante la cancelación con Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales�.
EL SISTEMA JUBILATORIO, A SEIS AÑOS DE LA REFORMA
¿Previsional o imprevisible?
Por Julio Nudler
La reforma previsional de 1994 debía acelerar la gestación de un mercado de capitales, pero sólo logró apurar su desaparición. Ahora, como ya casi no hay Bolsa local y apenas quedan empresas argentinas, las AFJP pugnan por invertir en acciones de sociedades del exterior. En lugar de papeles privados argentinos, abundaron los bonos públicos de deuda, por la sencilla razón de que el nuevo régimen jubilatorio de capitalización desfinanció al Estado al desviar los aportes previsionales de los trabajadores (a lo cual se sumaron las quitas en las contribuciones patronales). Quien observe la cartera de inversiones de cualquier Administradora verá que predominan los títulos públicos, con lo cual quienes optaron por el sistema privado para no dejar su futuro a merced del Estado terminaron en la misma trampa que pretendieron esquivar. Pero ahora, cuando el endeudamiento público alcanzó el techo, la opción elegida por el Gobierno no es menos dañina: consiste, simplemente, en cortar las prestaciones a los jubilados actuales y a los futuros.
La cadena causal que caracteriza la etapa iniciada seis años atrás ha llevado de la reforma del sistema al déficit fiscal (porque a la Seguridad Social le fue sustraída bruscamente buena parte de sus recursos, pero debe seguir pagando los haberes), del déficit presupuestario al aumento del riesgo país, la consiguiente suba de la tasa de interés, la recesión, la caída de los recursos tributarios y, como remedio, los planes de ajuste, re-ajuste y sobre-ajuste que, por lo visto hasta ahora, no consiguen dar vuelta la historia a través de la generación de confianza en los mercados y la atracción de capitales.
No hay, en realidad, una �emergencia� previsional porque nada de lo que ocurre es sorprendente. Ni siquiera el aumento en la informalidad y en el negreo laboral, que diezma la recaudación, porque es una respuesta lógica de la economía a las condiciones planteadas por la apertura con atraso cambiario. La incapacidad administrativa para perseguir la evasión permitió que la penuria fuera profundizándose, con lo que todo el sistema pasó a vivir en permanente inestabilidad. Siendo presuntamente previsional, en realidad es imprevisible. A esta altura, ningún aportante conoce la contraprestación que recibirá cuando termine su vida laboral activa. En estas condiciones, no puede existir un contrato y la evasión queda legitimada.
El problema alcanza tanto a los adscriptos al reparto como a quienes creyeron salvarse con el sistema de capitalización, y no sólo en la sustancial porción de sus futuros ingresos que dependerá de la caja estatal (prestaciones Básica Universal y Complementaria). Ahora se cierne un nuevo riesgo sobre los fondos acumulados en las cuentas individuales, sometidas a pautas y regulaciones en cuanto al destino de las inversiones que ningún otro sector social sufre. Mientras cualquier rentista puede hacer con el dinero que ahorra lo que le plazca, y colocarlo si prefiere fuera del país sin restricción alguna, el ahorro previsional de los trabajadores (probablemente su único ahorro), del cual dependerán cuando dejen de cobrar un salario, es forzado a invertirse casi totalmente dentro del país e incluso a financiar los inciertos planes de obras públicas.
Este trato absolutamente desigual coincide con el deparado a los haberes jubilatorios que estuvieron o están comprando con sus aportes. La �seguridad jurídica� sólo parece valer cuando concierne a inversores y empresarios. Para los demás no hay derechos adquiridos, de modo que su función termina siendo la de asegurar que toda meta fiscal pueda cumplirse. Ellos no son la restricción. Nadie apuesta a conseguir su confianza.
|
