Por Felipe Yapur
 Ahora no son sólo cuarenta los diputados radicales que se oponen a debatir la ley que revisa la situación jurídica de los presos de La Tablada, sino cuarenta y uno. Y el que sumó es nada menos que el presidente de la cámara, Rafael Pascual, el hombre de confianza de Fernando de la Rúa en Diputados. Pascual aseguró a Página/12 que está �en contra de que estas personas recuperen su libertad�.
El delarruista justificó su posición argumentando que los presos ya fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia y por lo tanto están condenados: �Entonces, no pueden ser considerados procesados, aunque se les otorgue la doble instancia�, dice el titular de la Cámara baja antes de lanzar la segunda razón que fundamenta su posición: �Además, un amplio sector de la sociedad no quiere que los dejemos en libertad. Coincido con esa posición como también me opongo a un indulto�.
�¿La posibilidad de que obtengan o no la libertad no debería definirlo la Justicia y no una ley que lo diga expresamente? �preguntó este diario.
�Es verdad, pero a nosotros se nos piden posiciones políticas. Y ésta es la nuestra �argumentó Pascual.
�¿Entonces los diputados que se oponen también rechazan el proyecto enviado por el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra?
�El proyecto plantea la doble instancia, pero no dice nada con respecto de la posibilidad de que no les otorguen la libertad.
�Insisto. ¿No es patrimonio de la Justicia adoptar esta decisión?
�En el bloque triunfó la posición de no permitir la libertad de los presos �cerró el titular de la Cámara de Diputados.
En concreto, ayer se cumplió la segunda suspensión consecutiva de la sesión en Diputados. La decisión se había tomado luego de que el gremio que nuclea a los empleados del Parlamento decretara un paro por 24 horas para ayer en el marco de la lucha contra el recorte salarial. La semana pasada los diputados no se reunieron porque, según adujeron los peronistas, la Alianza no quiso debatir las restricciones presupuestarias de la cámara y la reducción de los salarios de los empleados legislativos. Los aliancistas, en tanto, argumentaron en un primer momento que no se sesionó porque el PJ había dejado caer el quórum. Pero poco después reconocieron que no lograron sentar en sus bancas a 40 diputados del radicalismo que se oponen al tratamiento del tema Tablada.
Sin embargo, Pascual sostiene que la próxima semana los diputados bajarán al recinto �si es que hay temas para debatir�, a pesar del anuncio del gremio legislativo de volver a parar el jueves 17 de agosto, porque es posible que el Congreso convoque a una sesión extraordinaria para el miércoles. Sucede que el jueves es el aniversario de la muerte del general José de San Martín y el Ejecutivo nacional ya decretó asueto administrativo. Pero para que haya sesión, los bloques primero deben presentar los proyectos que pretenden debatir.
Ya está visto que no es fundamental que los diputados digan que bajarán al recinto para debatir la ley Tablada. Lo concreto es que cada día crece con mayor fuerza el rechazo a esta norma que surgió por un requerimiento puntual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que, como reconoció una de las autoridades del bloque oficialista, �puede quedar congelada en el tiempo�.
Esta oposición golpea con dureza a Darío Alessandro y al radical Horacio Pernasetti, presidente y vicepresidente del bloque. Estos no sólo tienen en contra a 40 de los 81 legisladores del radicalismo, ahora tienen al propio presidente de la cámara, un hombre que responde directamente a De la Rúa, diciendo que �si yo tuviera que votar, votaría en contra de la libertad de los presos�.
Sin duda, estas afirmaciones también caerán como un balde de agua fría entre los presos del Movimiento Todos por la Patria, quienes deberándefinir si retornan o no a la huelga de hambre ante un posible nuevo fracaso parlamentario.
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opinion
Por Alberto Fernández y Julio Vitobello * |
| Deuda con la transparencia
Los porteños verán, de ahora en más, funcionar una Legislatura sin mayorías absolutas, reflejo de la distribución de fuerzas emergida el último 7 de mayo. Con menos de la mitad de los escaños, la Alianza no podrá imponer sus decisiones con la misma facilidad con que lo ha hecho hasta ahora. Aun así, a poco menos de cuarenta y ocho horas de su asunción y de perder ese control parlamentario, Aníbal Ibarra y sus aliados han logrado que la Legislatura saliente les otorgue plenos poderes para concesionar el mobiliario urbano de la ciudad y la construcción y explotación de catorce playas de estacionamiento.
A pesar de que nada vincula un proyecto al otro, ambos marchan absolutamente unidos por el camino de su aprobación, como si uno fuera condición del otro. No se conocen los informes técnicos que los justifiquen, no se sabe el impacto ambiental que ellos conllevan y no se han hecho las previsiones presupuestarias que garanticen la puesta en marcha de las obras correspondientes. Sin embargo, lo único que importa es conseguir esas facultades extraordinarias de una Legislatura que caduca en su mandato. Así, con muy poca transparencia, Aníbal Ibarra da inicio a su gestión gubernamental.
Tan sólo la publicidad que puede contratarse en el mobiliario urbano representa anualmente unos 50 millones de pesos anuales, una suma por demás considerable como para que la resuelva un gobernante sin el control parlamentario adecuado.
No se trata de discutir la conveniencia o no de concesionar espacios públicos como pretende el oficialismo. Se trata de que los elementales cuidados de transparencia que la república exige no se vulneren en la urgencia de garantizar la concesión.
A diario oímos a quienes, sin renegar de las privatizaciones llevadas a cabo en la última década, cuestionan las formas en que las mismas se realizaron. De esa realidad parece no haberse enterado la Alianza gobernante, a pesar del escarnio público que soportan muchos de aquellos �privatizadores�. Autistas, prefieren repetir la historia.
Anónimos porteños ajenos a los vaivenes del poder corren el riesgo de ver cómo sus legítimos representantes no pueden decidir sobre temas que afectarán sus condiciones de vida y cómo los legisladores que se fueron emitieron un cheque en blanco a favor del nuevo jefe de Gobierno.
Seguramente entenderán que la transparencia sigue siendo una materia adeudada por quienes los gobiernan, más allá de que éste sea el turno de gobernantes acostumbrados a declamarla.
* Diputados electos de la Ciudad de Buenos Aires por el Encuentro por la Ciudad. |
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