Horas conflictivas se acercan. El Banco Nación estaría resuelto a adoptar una posición muy dura frente a sus deudores más grandes del sector agropecuario, con explotaciones que promedian el millar de hectáreas, muchos de los cuales no se acogieron a la refinanciación ofrecida y tampoco reasumieron los pagos de sus créditos. Respecto de los morosos más chicos que tampoco adhirieron, el BNA está buscando involucrar a las provincias en la solución. Esta consiste en que el Estado provincial se haga cargo del 15 por ciento de la deuda, adquiriendo un bono emitido por el Tesoro nacional y que constituye la condición exigida para acceder a la refinanciación. 
Con ese título se cancela la deuda, quedando el moroso comprometido a pagar los intereses del 9,5 por ciento anual que debita el papel durante los 20 años de su vigencia. Una decena de provincias (ninguna grande entre ellas) ya acordaron adquirir esos bonos para entregárselos a los productores. Pero tampoco los fiscos provinciales ponen el dinero en la ventanilla del Nación. En lugar de ello, empeñan sus ingresos futuros por coparticipación, que pasan precisamente por el BNA.
Los deudores que sí se acogieron también son un problema, porque deberían esperar tres años para volver a ser sujetos de crédito. Para evitarles ese cruce del desierto, que podría significar su desaparición, se crea la figura de la fiducia en garantía, mecanismo por el cual puede financiarse a los endeudados que quedaron fuera del sistema. Mediante la fiducia se traslada la garantía tradicional en inmuebles o prendas al objeto del crédito, que es la producción, con un tercero �calificado por el Nación� haciéndose responsable de esa fiducia. 
La negociación de esta asistencia se centra en las cooperativas viables y en los acopiadores (el BNA tiene calificados positivamente a unas 40 cooperativas y unos 200 acopiadores). Esos fiduciarios tomarían la administración de la actividad productiva, asumiendo la responsabilidad de repagar el crédito. En este caso será obligatorio contar con la cobertura multirriesgo y de mercado (mediante opciones), accediéndose así a una tasa reducida. Esta alternativa será puesta en marcha con la cosecha gruesa. Pero el Nación introducirá esta modalidad con gran cautela, cubriendo no más de 600 mil hectáreas (menos del 3 por ciento del área que se siembra).
El BNA opera una línea de crédito con seguro multirriesgo, que cubre contingencias climáticas y biológicas (plagas), y cuyo costo es del 3,2 por ciento, negociado por el Nación con las mayores compañías de seguros. A los productores que toman ese crédito el banco les bonifica dos puntos la tasa, bajándola de 13,5 por ciento (sin incluir IVA) a 11,5, lo cual es posible precisamente porque el seguro disminuye el riesgo de no recuperar el préstamo. De este modo, el costo neto del seguro se reduce a un punto y medio para el tomador. Estos seguros multirriesgo ya existen en el país, pero están muy poco extendidos, entre otras razones porque el productor debe pagarlos de entrada y a un costo de unos 10 pesos por hectárea. La primera línea de estas características, recientemente lanzada por el BNA, es para trigo y tiene un cupo de $ 100 millones. Para la cosecha gruesa el banco piensa comprometer 300 millones.
El Nación juega este partido en una cancha embarrada. Sus deudores están al mismo tiempo fuertemente eudeudados con sus proveedores del �paquete tecnológico� (desde semillas a agroquímicos). Curiosamente, los créditos morosos no refinanciados con el BNA montan una cifra similar a la de la deuda comercial con los proveedores: unos $ 800 millones en ambos casos. A partir de cierto nivel de endeudamiento, el productor ya no encuentra razones para pagar porque su suerte está echada, y por supuesto no recibe más crédito. La perspectiva concreta es así que el campo sufra una severa restricción crediticia.

PRINCIPAL