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Por su cobardía, aquellos guerreros de la antisubversión sólo se animaban cuando sus prisioneros estaban encapuchados, desnudos y atados a un catre de tortura o aturdidos por el pentotal. Tampoco ninguno de los jefes militares de la �guerra sucia� tuvo el coraje profesional, político y personal para reconocer y defender ante los tribunales civiles los métodos premeditados y alevosos del terrorismo de Estado. Niegan, callan, mienten, cualquier cosa con tal de eludir responsabilidades. Hay una explicación posible para esa miserable conducta: desde siempre supieron que eran delitos inconfesables que denigraban el uniforme, las leyes y hasta la condición humana, pero creyeron que serían impunes para siempre, sobre todo si mantenían el pacto de silencio mafioso destinado a la recíproca protección. También erraron con este pronóstico: la prisión de Videla, entre otros, y el desafuero de Pinochet en Chile, son testimonios del proceso universal contra la violación de los derechos humanos.
Ya no podrán detener la búsqueda de verdad y justicia pintándose las caras. Uno de esos carapintadas del ejército nacional acaba de ser detenido en Italia, a pedido de la justicia francesa, que lo juzga como en su momento hizo con Alfredo Astiz. En este trámite, el gobierno nacional mantuvo la compostura que manda la ley, sin brindar amparos especiales ni trepidar ante eventuales gruñidos en las Fuerzas Armadas. Sin miedos ni complicidades, en pocas palabras. Con las cosas en su lugar, cada uno tuvo que poner en evidencia el propio pensamiento, sin enmascararse en la uniformidad. El senador Carlos Corach, ministro político del gobierno que indultó a los jefes cobardes de la dictadura, salió rápido a denunciar a esos países europeos que persiguen torturadores del Tercer Mundo pero no firman el Tratado de Roma para establecer un Tribunal Penal Internacional. Interesante denuncia, pero inapropiada por completo en esa boca que se hacía agua en el goce de �relaciones carnales� con Estados Unidos, país que no firmó el Pacto Interamericano de San José sobre Derechos Humanos.
Los que ni siquiera se dan por aludidos, como si la dictadura no hubiera existido, son los regentes de la CGT, aunque la mayoría de los detenidos-desaparecidos eran trabajadores. Para ellos, eso de los derechos humanos es cosa de zurdos y lo único que importa son las relaciones con el gobierno de turno para preservar su statu quo. Están seguros de que la Casa Rosada, con las debidas compensaciones, tendrá que utilizar sus servicios apaciguadores cuando los costos políticos y sociales de la economía del ajuste sean intolerables del todo. Perros viejos, saben que para atraer la atención primero hay que ladrar antes de mover la cola en la agachada. Así que, por el momento, van a recostarse a la sombra de las protestas de los empresarios que piden más fábricas que bancos y de los presidenciables peronistas que los acepten. A la espera de otra foto, igual a la del Salón Blanco de la reforma laboral, abrieron los brazos al retorno de Gerardo Martínez (construcción) y José Pedraza (ferroviario), lastimados por denuncias de corrupción, y los dos bienvenidos parece que están más protegidos en la sede de Azopardo que al aire libre con Hugo Moyano. No hay nada como sentirse en familia.
En rigor, el Gobierno elegirá socios como consecuencia de sus decisiones políticas acerca del futuro. Si persiste en el actual desconcierto, al final terminará aparejado con la CGT de Azopardo en una ficción de pacto social, tan inútil como el que montaron para la reforma laboral. Por ahora, no hace más que golpearse contra las paredes como la mariposa aturdida que busca una salida del cuarto cerrado sin acertar con la puerta o la ventana. A esta altura, debería saber que son ineficaces las interminables negociaciones con los gobernadores para que estrechen los márgenes de sus pérdidas presupuestarias. Además, como probaron las cuentas del primer semestre, no hay ajuste capaz de achicar el agua en el bote que se hunde sin remedio. Con salarios en baja, desempleo en alza, mercado interno paralizado y sin horizonte a la vista, las señales de reactivación que busca a diario con desesperación no alcanzan para levantar esperanzas o desparramar confianza. Desde todos los rumbos, con excepción de la minoría enriquecida por los privilegios de los sucesivos ajustes, piden un golpe de timón, un giro copernicano, o como se quiera llamar al regreso de las expectativas que lo acompañaron en su ascenso a la Casa Rosada. A barajar y dar de nuevo.
Hace falta el coraje que nunca tuvo la canalla represora. Necesita perder el miedo a desandar el trayecto recorrido en lugar de seguir hasta el fondo del callejón sin salida. No hay peor fracaso que los millones de compatriotas que pasan hambre. Deberá vencer los temores a las consecuencias apocalípticas con que lo chantajea la minoría que se apropió de todo, hasta de la voluntad de decisión. Averigüe quiénes son los dueños de casi 100.000 millones de dólares (más de dos veces el presupuesto anual) fugados al exterior y encontrará que la nómina incluye los apellidos de todos los que se oponen a cualquier cambio de derrotero. ¿No es suficiente evidencia que los mismos que alientan la continuidad hayan sido los primeros en poner a salvo en el extranjero sus fortunas bien o mal habidas? ¿Por qué los más pobres deberían confiar en una economía de ajuste perpetuo si los más ricos no apuestan la plata propia en sus resultados?
Hay tantas posibilidades diferentes como las que pueda imaginar el Gobierno si decide abrirse al diálogo abierto con la sociedad que sufre y espera. La CTA, la más humilde de las centrales obreras, acaba de hacer una demostración aleccionadora. Propuso un seguro de desempleo y formación para todos los jefes de hogar sin trabajo y para chicos en edad escolar, cuyo costo total ronda los 10.000 millones de pesos (la décima parte del capital fugado y menos de la mitad de la evasión fiscal), y sugirió incluso de dónde podrían obtenerse los recursos. La propuesta significa sacar de la miseria indigna en todo el país a los que hoy la padecen sin esperanzas. Un punto de partida que abre camino a otras consecuencias posibles, en principio movilizar el mercado interno por esa inyección de consumo popular.
La CTA no se quedó en los papeles. Organizó una caminata de Rosario a Buenos Aires para terminar de reunir un millón de firmas en apoyo de esa propuesta y para dar testimonio de que todo es posible cuando hay voluntad. Era una actividad gremial novedosa, como lo fue en su medida la Carpa Blanca, pero más allá de sus resultados finales, hay una evidencia que pudo ver todo el país a través de los medios de difusión: era gente con alegría y con esperanza. No es una frase hecha, sino el subrayado del contraste: ¿Con cuánta gente alegre y esperanzada tropieza uno cada día, cada semana, cada mes? La trascendencia del gesto alcanzó para que el mismo Presidente la evaluara en positivo, aparte de mostrarse dispuesto a considerar un encuentro para conversar sobre las posibilidades del proyecto. No es poco, teniendo en cuenta que el titular de la CTA, Víctor De Gennaro, hizo constar en los últimos tiempos que los miembros del gabinete nacional parecían inaccesibles.
El Gobierno también anunció un plan de obras públicas que crearía en el primer año cien mil puestos de trabajo. Es otro punto de partida, pero ninguno, en sí mismo, es suficiente para disipar la depresión generalizada. Los administradores del Estado aún le deben a sus votantes y a la sociedad entera un plan alentador de compromisos y una gestión rápida y eficiente para cumplirlos. No hace falta tener plata para ser socialista, como cree el Presidente, ni hace falta ser socialista para distribuir la riqueza con más equidad, sin injusticias humillantes, con alegría y humanidad. |
