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La Cámara falló a favor de la Oficina Anticorrupción
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Por Adriana Meyer 
La Cámara Federal porteña resolvió que la Oficina
Anticorrupción (OA) puede ser querellante en la causa por asociación
ilícita contra Víctor Alderete. El juez Adolfo Bagnasco le
había negado tal posibilidad pero los investigadores conducidos por
José Massoni apelaron y ayer obtuvieron el voto favorable de los
camaristas Horacio Vigliani y Martín Irurzun, mientras que la jueza
Luisa Riva Aramayo se pronunció en contra. En la OA festejaron el
triunfo que les permitirá tener un rol más activo en la causa
que --de todos modos-- ya llevó al ex presidente del PAMI tras las
rejas.En febrero, la OA acusó a Alderete de liderar una banda que manejó a discreción los contratos más abultados del PAMI y que montó una estructura para burlar los controles externos e internos. Con la figura de jefe de una asociación ilícita esperaban encarcelar al denominado "emblema" de la corrupción menemista. Massoni pidió ser tenido como querellante sin éxito. A diferencia del denunciante, el querellante se constituye en parte del proceso y puede apelar decisiones favorables a los imputados, acusar si el fiscal del caso no lo hace, tener acceso al expediente, pedir informes a organismos oficiales, proponer testigos, ofrecer pruebas o proponer criterios al juez. Bagnasco se opuso y siguió instruyendo la causa con el impulso de los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc que formularon su requerimiento haciendo suya la denuncia original de la OA. Hace dos meses, el juez ordenó la detención de Alderete, lo indagó durante una semana, lo procesó por defraudación a la administración pública, y aunque le dictó la falta de mérito con respecto al delito de asociación ilícita lo dejó preso porque consideró que "la gravedad" y la "relevancia social de los hechos" no permitían su excarcelación. Para excluir a los sabuesos oficiales como querellantes, Bagnasco había argumentado que no eran un "particular ofendido", que los sucesos ilícitos se consumaron con anterioridad a la existencia de la OA y que su protagonismo judicial no es necesario porque los intereses del Estado se encuentran garantizados por la actuación del Ministerio Público Fiscal y por el fiscal de investigaciones administrativas. Riva Aramayo adhirió a ese razonamiento y agregó que "la administración intenta ahora recobrar un espacio del que fue excluido expresamente debido a que con actividad persecutoria en su esfera (la del Poder Ejecutivo) no se garantizaban suficientemente exigencias de imparcialidad, legalidad, igualdad y justicia". Según la jueza, "la multiplicidad de acusadores en el mismo rol, con idéntico interés, compromete fatalmente la igualdad de las partes". El otro integrante de la sala I, el camarista Horacio Vigliani, disintió con su compañera e invocó la ley 25.233 que otorga la posibilidad al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos --del cual depende la OA-- de tomar parte procesal en la condición de querellante en aquellos casos relacionados a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Vigliani rechazó el argumento de que la Oficina fue creada después de los hechos que denuncia porque esto implicaría aceptar "una suerte de 'garantía de querellante natural' que carece de sustento normativo". Dado que el lugar vacante de Juan Cortelezzi en esa sala aún no fue cubierto, tuvieron que buscar una tercera opinión en la sala II. Martín Irurzun inclinó la balanza a favor de los hombres de Massoni. En primer lugar, el camarista recordó que la sala II ya había fijado una posición similar en la causa que investiga a trece ex administradores de ATC. Pero además señaló que la facultad del Estado en constituirse en parte querellante no es novedosa, que puede hacerlo sin que esto implique "que asuma la calidad de parte en forma exclusiva y excluyente" y que tiene esa capacidad en tanto es una persona jurídica, entre otros argumentos. Con sus facultades recobradas, la primera movida de la OA será apelar la falta de mérito que Bagnasco le dictó a Alderete respecto del delito de asociación ilícita. El juez ahora deberá tenerla en cuenta.
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