Por A.M.
 El hipermenemista Víctor Alderete matiza sus días en prisión con frecuentes visitas a los tribunales. Ayer volvió a hacer un alegato político ante la Justicia cuando fue indagado por el juez federal Gabriel Cavallo, en una causa en la que investiga contratos adjudicados a la Federación Argentina de Cámaras de Asociaciones Psiquiátricas (Facap). Una fuente judicial aseguró a Página/12 que el ex funcionario no dio respuestas satisfactorias sobre los hechos que se le imputan, y tampoco pudo explicar por qué mantuvo convenios con establecimientos cuestionados por auditorías internas.
Las diputadas nacionales Elisa Carrió y Cristina Guevara denunciaron supuestas anomalías en convenios que el PAMI firmó con la Facap y luego se sumó a sus argumentos la Oficina Anticorrupción (OA). El organismo que dirige el ex camarista del crimen José Massoni sostuvo que esa operación permitió la inclusión de la empresa Complejos Asistenciales en la plantilla de prestadores del PAMI. Esa firma había sido cuestionada por auditores porque no habría estado en condiciones de garantizar servicios adecuados a pacientes psiquiátricos. El acuerdo con Facap �se celebró sin que las autoridades del instituto hayan verificado mínimamente los antecedentes de cada una de las instituciones que integraban la red de prestadores, puesto que de haberse realizado ese control se hubiera advertido que había sido objeto de varias auditorías, con resultados muy desfavorables�, indicó la OA. En agosto de 1995, una delegación regional del instituto había auditado una clínica de Resistencia, Chaco, perteneciente a Complejos Asistenciales, la cual había merecido el concepto de �malo� por carecer de buena infraestructura, prestaciones aceptables y suficiente personal.
En su declaración indagatoria, Alderete negó los hechos que se le imputan, no pudo precisar de qué manera razonó para establecer el precio que se pagó por esas contrataciones y no dio ninguna respuesta cuando se le preguntó por qué no realizaron alguna verificación y eligieron una empresa que estaba cuestionada. Además, manifestó desconocer detalles sobre las prestaciones y derivó responsabilidad en �otras áreas� de control del PAMI. Según la fuente consultada, reiteró los mismos argumentos que viene utilizando ante distintos magistrados sobre lo exitosa que fue su gestión al frente del PAMI y sobre la persecución política de la que dice ser víctima. Hizo una reseña en la que destacó el caos que había en la obra social cuando él llegó y las gestiones que efectuó el directorio que integró para superar esa situación.
El ex funcionario fue trasladado desde el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería, donde está detenido desde el 16 de junio por orden del juez Adolfo Bagnasco, y llegó a los tribunales federales de Retiro poco antes de las 11 en un automóvil civil y bajo custodia de dos gendarmes. Asistido por Edwin Jorge Torlasco, uno de los abogados del estudio de León Arslanian, fue interrogado durante cuatro horas por Cavallo en una de las veinte causas que afronta por presuntos hechos de corrupción. En este caso podría ser imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y defraudación, pero la calificación definitiva aún no fue establecida. Los defensores de Alderete pretenden que este expediente pase a manos del juez Adolfo Bagnasco �que instruye la causa que llevó a su cliente tras las rejas, acusado de liderar una asociación ilícita que defraudó al PAMI�, pero Cavallo aún no se expidió al respecto. Cuando terminen las indagatorias de los otros once imputados, entre quienes se encuentran los ex integrantes del directorio del PAMI que secundaron a Alderete y los dueños de la clínica beneficiada, el magistrado definirá la situación procesal del primer hipermenemista que cayó en desgracia.
GERARDO SOFOVICH TAMBIEN TUVO QUE DECLARAR
La herencia de �El Expreso�
Gerardo Sofovich volvió a visitar los tribunales federales. Esta vez, por una denuncia de la DGI, que pidió que se investigara si el animador omitió pagar los aportes previsionales de los trabajadores del diario El Expreso, que cerró en 1996. Sofovich fue interrogado durante más de cuatro horas por el juez en lo penal económico Julio Speroni, quien ahora tiene un plazo de diez días para decidir si lo procesa o lo sobresee. Al final de la audiencia, pidió que lo autorizaran a dejar el edificio por una puerta lateral y eludió así a los periodistas que lo esperaban frente al edificio de Retiro.
La evasión por la que es investigado, explicaron fuentes judiciales, ocurrió a lo largo de 1995 y durante los primeros cuatro meses del `96. El caso también toca a su hijo Gustavo, que al igual que su padre ya fue indagado por la Justicia. El cargo que pesa sobre ellos es el de presunta infracción a la ley penal tributaria.
Esta es la segunda vez en dos semanas que Sofovich debe presentarse a declarar. Hace menos de diez días, el juez federal Carlos Liporaci le pidió explicaciones sobre su gestión como interventor de ATC. El magistrado, que lo investiga por una presunta defraudación contra el Estado de treinta y seis millones de dólares, analiza una serie de contratos firmados en la era Sofovich entre el canal estatal y la productora televisiva Wainot, que el animador habría montado con un familiar para las trasmisiones de eventos deportivos y programas especiales.
LOS DOS EX AGENTES DE LA SIDE
Un rato más a la sombra
Daniel Salinardi y Mario Márquez, los dos ex agentes de la SIDE acusados de haber pretendido quedarse con propiedades de la central de espías, continuarán a la sombra por un buen tiempo.
La jueza federal María Servini de Cubría confirmó que les negó el pedido de excarcelación presentado por sus defensores. Los dos agentes están acusados, junto a la abogada Daniela Arias y la ex mujer de Salinardi, Mónica Rodríguez, de asociación ilícita, defraudación y violación de secreto. Pero es muy probable que los ex agentes tengan que dar además explicaciones sobre cómo hicieron su patrimonio. Salinardi y Márquez eran accionistas de Osgra SRL, una empresa fantasma de la SIDE a cuyo nombre figuraban las casas operativas de la central. Los dos fueron despedidos en febrero y debieron irse de la agencia, pero se negaron a firmar el traspaso de las propiedades. Lograron incluso que un tribunal de provincia las embargara. Ahora esperan que la Justicia defina su suerte en una celda del Escuadrón de Gendarmería.
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