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A pedido del juez Juan José Galeano, las declaraciones de bienes de Alvaro Alsogaray fueron abiertas ayer en una reunión a puertas cerradas en la que estuvieron representantes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados. El magistrado solicitó la documentación del ex diputado de la UCeDé como parte de la investigación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de su hija María Julia, quien justificó parte del aumento de su riqueza en la última década aludiendo a donaciones de su padre por 1.400.000 pesos. Galeano busca, entre otras cosas, cotejar si el dirigente tenía con qué respaldar esas transferencias. Al parecer, los papeles revelados no le servirán de mucho, porque la declaración del ingeniero más importante para el caso, la de 1991, casi no menciona valores numéricos. En el acto de apertura de los sobres, que se hizo en la Secretaría Administrativa de Diputados y con el consentimiento de Alsogaray, quedaron a la vista sus manifestaciones fechadas en 1991 y en febrero de este año. Desde 1992 hasta el año pasado sus declaraciones de bienes se remitieron a la original. La primera, entonces, es la que más interesaría al juez Galeano porque permitiría establecer si el ex diputado contaba con el patrimonio suficiente para donarle a su hija algo más de 800 mil pesos en tres entregas que le hizo entre 1993 y 1994 y títulos por cerca de medio millón dos años después. Los diputados presentes ayer �el titular de la Cámara, el aliancista Rafael Pascual y los titulares de los bloques� pudieron ver que el listado más antiguo estaba resumido en una página y no especificaba los valores de los bienes ni hacía referencia a donaciones. En una página, Alsogaray había anotado que tenía un departamento y una oficina en la calle Riobamba, dos cocheras, un auto y un departamento en Punta del Este. También reconocía acciones �sin especificar la cantidad� en cuatro sociedades y sobre sus ingresos señalaba gastos de representación y honorarios profesionales. La última declaración tenía más detalles, aunque ninguna referencia a las donaciones, y coincidiría con la de la DGI que ya analizó el juez. Los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia acusaron en 1998 a la ex secretaria de Recursos Naturales de haber aumentado su riqueza en forma ilegítima en 2.500.000 pesos. Ella justificó ese incremento citando un pago de 500 mil pesos de la firma quebrada Astilleros Alianza, la incorporación a su patrimonio de 300 mil pesos de fondos reservados del Gobierno, el retiro de cerca de 500 mil pesos de ganancias de la empresa familiar Pincar, la transferencia de títulos, y una donación de 800 mil pesos de sus padres. En el caso Pincar, María Julia retiró el medio millón de utilidades en 1996 (que aparecen como patrimonio exteriorizable), aunque esa firma no registraba hasta entonces dividendos mayores a 10 mil pesos. Ese mismo año su familia le cedió el 98 por ciento del paquete accionario. Y sobre la donación de dinero de sus padres, llamó la atención de los investigadores que se escrituró dos años después de concretarse. Estos dos casos son los que más conciernen a Alvaro Alsogaray. El juez quiere analizar si existe concordancia entre las declaraciones del padre y la hija, en qué medida el ex diputado documentó sus movimientos financieros y si, efectivamente podía realizar donaciones como las que asegura que le hizo a María Julia. Galeano ya indagó como sospechosa a la ex funcionaria y la semana que viene resolvería si la procesa.
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