Por Cledis Candelaresi
 Amparado en el procedimiento de crisis, el Correo Argentino planea despedir a 3300 empleados en todo el país, cifra equivalente al 23,3 por ciento de su plantel total. El propósito del consorcio que lidera el Grupo Macri quedó plasmado en la primera carilla de la presentación que hizo ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la declaración de ese estado excepcional, que abarata las racionalizaciones. En el mismo documento consigna que la necesidad de reducir los costos laborales subsistirá aun en el caso de que se incorporen �nuevos socios estratégicos�, en alusión a su prevista fusión con Oca, del Exxel Group.
El escrito fue presentado por Correo Argentino SA ante la cartera de Alberto Flamarique el pasado 8 de agosto. Según el texto, la solicitud �está fundada en razones estructurales de carácter laboral que determinan un permanente desequilibrio económico financiero�. De ahí la necesidad de desprenderse de 3300 empleados �sobre un total de 14.190�. El 10 de agosto la cartera laboral habilitó mediante la resolución número 132 la apertura del procedimiento de crisis, que fuerza a los trabajadores a sentarse a renegociar sus condiciones laborales. En ese lapso, ni la empresa puede modificar las relaciones contractuales ni los empleados emprender una medida de fuerza.
Los gremios sospechaban de esa intención empresaria desde hace varias semanas, apenas conocieron el resultado del estudio de una consultora privada contratada por el Correo que aconsejaba esa poda en la plantilla. Con esa preocupación, varios de los sindicatos telepostales despacharon el 27 de julio cartas documento al presidente Fernando de la Rúa y a los ministros José Luis Machinea y Nicolás Gallo advirtiéndole de ese riesgo. Pero la confirmación de sus temores llegó recién con aquella presentación ante el ministerio comandado por Flamarique.
Correo reiteró la queja que ya formuló varias veces ante el Gobierno. Debido a los convenios laborales vigentes, sus costos serían muy superiores a los de la competencia, que tiene acuerdos presuntamente menos benévolos para los empleados (por ejemplo, paga menores adicionales por zona desfavorable). Según el consorcio, el Estado no habría denunciado en la forma que le correspondía esos acuerdos en el momento de concesionar el Correo, con lo cual dificultó la flexibilización de las condiciones de empleo.
Con estos mismos argumentos, Macri ya reclamó al fisco un resarcimiento de alrededor de 200 millones de pesos. Su intención es que, en caso de que se le admitiera esa indemnización, pudiera computársele a cuenta del canon que adeuda. Pero, al menos hasta el momento, tanto Infraestructura como Economía rechazaron esa pretensión.
La empresa también responsabiliza al Gobierno por la falta de controles sobre lo que considera competencia desleal de muchas empresas postales que ni siquiera están registradas, y cuya renta se fundaría, en gran medida, en la evasión de impuestos. Estas circunstancias del mercado se sumarían a las �obligaciones emergentes del pliego de concesión�, como la de prestar servicio en todo el país, aún en zonas no rentables.
Como resultado de esta combinación, la empresa habría tenido quebrantos importantes, que sólo en el primer semestre del 2000 habrían alcanzado los 80 millones de pesos; la cifra sube a 165 en el último año y supera los 260 millones desde que el grupo tomó la concesión, en septiembre de 1997.
Lo cierto es que la pretendida reducción de personal no sería la primera. El Correo fue privatizado con más de 20 mil agentes, 6 mil más de los que hoy integran su staff. El grueso partió vía retiro voluntario o por despidos.
| Estrategia similar a la de AA
A semejanza de lo que acaba de hacer Aerolíneas Argentinas, el concesionario del Correo Argentino SA buscó un atajo para conseguir lo que no pudo por la vía de la negociación directa con el Gobierno. Para reclamar el procedimiento de crisis, la empresa concesionada al Grupo Macri invocó presuntas fallas en los controles estatales para evitar la competencia de un mercado desregulado, que el concesionario bien conocía en el momento de hacer su oferta. Del mismo modo, la obligación de mantener la grilla heredada de Encotesa o afrontar los costos de reducirla son imposiciones del propio contrato de concesión.
Para obligar a los gremios a flexibilizar sus regímenes laborales, Aerolíneas se amparó en el �proceso de reorganización productiva�, otra figura de la ley de Empleo que facilita soluciones a los empresarios con problemas. También en este caso, Trabajo habilitó la renegociación.
Antes de acudir al área de Alberto Flamarique, ambas empresas privatizadas golpearon las puertas de los despachos de Economía e Infraestructura con la esperanza de que el Gobierno colaborase de una forma directa en la reducción de personal. Pero tanto la SEPI como Macri posiblemente cuenten con el respaldo oficial buscado, pero por esa vía más indirecta.
Algunos gremios apuestan a que el fin último de la jugada del Correo Argentino sea aplicar un recorte salarial muy drástico en lugar de ejecutar el plan de despidos masivo. Pero a juzgar por los duros términos del documento elevado ante Trabajo, no hay mucho margen para el optimismo de los trabajadores. �La incorporación de un nuevo socio estratégico no es ni el origen ni la solución a la grave crisis por la que viene atravesando esta empresa�. Con este párrafo, Macri pulverizó la ilusión de que el presunto aporte de capital a realizar por OCA salve de la amenaza de despido a 3300 empleados. |
| El sueño de la PC barata
Quien vaya a alguna sucursal del Banco Nación para pedir el crédito de 850 pesos para comprarse una computadora personal tal vez se encuentre, dentro de algún tiempo, con stands donde se promocionen ofertas de Compaq, Acer, IBM u otras corporaciones, aunque no podrá comprarlas allí. Por ahora, la línea de mil millones de pesos, destinada a multiplicar las PC como si fueran panes, está moviéndose muy poco, se supone que por falta de alternativas, ya que sólo una firma comercial lanzó su oferta hasta el momento. De todas formas, las autoridades prefieren que la demanda se canalice a través de organizaciones intermedias (organismos públicos, cooperativas, asociaciones, etc.), que puedan regatear precios con los proveedores, ya que de otro modo los 850 pesos de crédito por PC que ofrece el BNA se convertirían en un valor piso. Además, la compra asociada, con retención automática de la cuota por parte del empleador o la entidad colectiva, permitirá extender la financiación a personas que no reúnan el requisito de cobrar su sueldo a través del Nación. Sin embargo, el procedimiento para que una organización llegue a realizar un pedido concreto incluye muchos pasos y va a insumir un tiempo considerable. |
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