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REFORMA DE LA CARTA ORGANICA DEL BANCO NACION Y NORMAS DE FOMENTO
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 Diputados aprobó ayer dos leyes consideradas como �herramientas fundamentales� para las micro, pequeñas y medianas empresas por el presidente Fernando de la Rúa: el proyecto de fomento a las pymes y la reforma de la carta orgánica del Banco Nación. Ambas iniciativas formaron parte de la plataforma de gobierno de la Alianza, y su aprobación en el Congreso podría darle impulso a un sector castigado por la crisis económica. La �nueva� carta orgánica del Nación fija topes a los montos de los préstamos que otorgue la entidad oficial, lo que permitiría focalizar los créditos entre las empresas más chicas. La Ley PyME, en tanto, prevé la creación de sendos fondos de asistencia y de garantía para aquellas compañías, por un total de 200 millones de pesos.La Cámara baja votó a �libro cerrado� tanto la reforma a la carta orgánica del Nación como la Ley PyME, en apenas 15 minutos, incorporando en ambos casos las modificaciones que habían introducido los senadores. Con ambas leyes en la mano, el Gobierno tendrá el camino libre para cumplir con su promesa de campaña de prestar especial atención a las necesidades de los pequeños empresarios y productores agrícolas. Se calcula que unas cinco millones de personas están empleadas en pequeñas empresas. Los puntos principales de ambas normas son los siguientes: �Reforma a la carta orgánica del Banco Nación.  Se establece un tope a los préstamos cedidos por la entidad financiera. De un millón de pesos en el caso que el Nación sea el único prestamista, y de cinco millones si la empresa solicitante tiene también deudas con otros bancos (siempre que la participación del BNA no exceda el 50 por ciento del pasivo total). Si el crédito es solicitado por una empresa grande, se exigirá la nota de dos calificadoras de riesgo internacionales. A partir de ahora, el Nación puede participar en el negocio de los seguros a través de una empresa propia. Se busca que el banco abarate costos ya que es el principal comprador de seguros del país. También podrá prestarles a los municipios y las provincias en forma directa, contra garantía. Hasta ahora, podía financiarlos pero con expresa autorización de Economía. Las utilidades del Nación se repartirán de esta manera: la mitad capitalizará la entidad, un 25 por ciento solventará un fondo de subsidio a las tasas de interés que se les cobra a las pymes, y el restante 25 por ciento servirá para subsidiar créditos a las provincias y municipios. Podrá administrar fondos fiduciarios de asistencia a los productores agrícolas.�Ley PyME. El 10 por ciento de las licitaciones del Estado se reserva para las pequeñas empresas, y tendrá la preferencia cuando los precios ofertados superen hasta 5 por ciento los de las grandes corporaciones. El Estado subsidiará las tasas de interés que pagan las pymes, privilegiando a las nuevas empresas, aquellas ubicadas en regiones con dificultades económicas y las zonas con índices de desempleo superiores a la media nacional. El Gobierno debe definir la magnitud de esta ayuda. Se crea un fondo de 100 millones de pesos (Fonapyme) que será administrado por el Nación y el BICE. Apunta a respaldar los proyectos �semilla� con potencial de crecimiento, en los cuales el Estado será socio. Otros 100 millones provistos por el Nación y el BICE abastecerán el �Fondo de Garantías Recíprocas�, que será oneroso para las empresas, pero les permitirá acceder a préstamos a tasa de interés blanda. Un comité bicameral hará un seguimiento del funcionamiento de estos dos fondos. Habrá una red de agencias regionales que divulgará información y capacitación técnica para las pymes de todo el país. Se reducen las multas que deben pagar los libradores de cheques sin fondos, toda vez que éstas sean abonadas dentro de los 15 días de haberse notificado el rechazo de la operación. Se vigilará que ese dinero llegue efectivamente a los discapacitados.
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