Por Pedro Lipcovich
 Los propietarios de colectivos lograron ayer en el centro de Buenos Aires una verdadera movilización VIP, ya que, en lugar de efectuarla personalmente, enviaron a sus choferes a que pasearan los coches: manifestaban su oposición al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional los decretos gracias a los cuales podían pagar en cuotas las indemnizaciones por accidentes de tránsito. Los transportistas reclaman del Poder Ejecutivo un proyecto de ley que insista en permitirles el pago en cuotas, y amenazan con un paro para el próximo miércoles. Una fuente legislativa admitió anoche que el Gobierno prepara un proyecto en ese sentido, aunque aún se discute su constitucionalidad. Por su parte, el titular de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito dijo que �las compañías mienten� y pidió que �en vez de presionar para librarse del riesgo empresarial que les corresponde, capaciten a los choferes para bajar los índices de siniestralidad�.
Ayer a las 15.20, en Rivadavia y Callao, por un instante pareció que los colectiveros porteños apelaban a una de sus armas más temibles: la obstrucción de la calzada. A lo largo de cinco, diez minutos opresivos, mastodontes de larga y corta distancia paralizaron la intersección, ante la impotencia de unos pocos seres de negro que agitaban sus brazos, meros policías. Pero no pasó a mayores. Tras esa confusión, los vehículos se atuvieron al programa de no ocupar toda la calzada; un total próximo a los 500 se mezclaba con los que seguían circulando normalmente en línea.
Página/12 interrogó a uno de los protagonistas de la marcha, al volante del interno 13 de la línea 550. �Ah, yo estoy cumpliendo mi hora de laburo, nomás�, contestó Luis, chofer. En cuanto a las razones de la protesta, �la verdad, no sabría qué decirle�. Jorge, quien manejaba el interno 125 de la línea 97, justificó su presencia porque �donde manda capitán, no manda marinero�, y, en cuanto a las razones de la protesta de sus patrones, �...y, todo para ellos, como siempre�. En cambio, el chofer Víctor Belén Díaz, de las línea 620, se esperanzó: �Al recaudar más ellos, vamos a ganar más nosotros�.
Los vehículos tenían pegados carteles rojos: �Las víctimas de accidentes de tránsito tienen derecho a una indemnización plena. Si no se les paga en cuotas sólo recibirán indemnización en monedas de quiebra�. Alberto Crespo, presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Personas (CETAP), precisó que �reclamamos una ley que permita pagar en cuotas la deuda de 400 millones que dejó la compañía de seguros Belgrano cuando quebró en 1996�, y aclaró que �la deuda original era de 800 millones pero ya pagamos 400. No queremos que el fallo de la Corte Suprema nos lleve a la quiebra�.
En 1997, el presidente Carlos Menem había firmado el decreto 260 por el cual las empresas podían pagar en 60 cuotas las indemnizaciones a víctimas de accidentes de tránsito; en marzo pasado, el presidente Fernando de la Rúa lo prorrogó hasta marzo de 2001 mediante su decreto 255. Pero el 2 de agosto la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto prorrogado, por violar la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad.
Los empresarios presionan para que el Gobierno envíe al Congreso de la Nación un proyecto de ley que vuelva a declarar al sector �en emergencia�
y restablezca el pago en cuotas, y amenazan con un paro de 24 horas para el próximo miércoles. Según admitió para este diario una fuente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, �el Gobierno trabaja en un proyecto de ley en ese sentido. Lo que no sabemos es si sería constitucional o no�.
�¡Claro que sería inconstitucional! �exclamó ante Página/12 Gregorio Dalbón, presidente de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT)�. Ellos aducen la quiebra de la Belgrano, que era una cooperativa de seguros armada por ellos mismos, pero el decreto 260 vale para todos los juicios: cuando un colectivo atropella a alguien hoy, la empresa pretende indemnizar en 60 cuotas, y con seis meses de gracia.� Dalbón agregó que �cuando ellos amenazan con su propia quiebra, le están mintiendo a la gente: todas las empresas están obligadas a contar con seguros, que se harían cargo. Las víctimas no quedarían al desamparo: al revés, el decreto 260 las dejó al desamparo. La supuesta quiebra es un riesgo que deben asumir, como cualquier empresa�. Para Dalbón, las empresas �deben capacitar a sus choferes para bajar el índice de siniestralidad, donde el 30 por ciento de las víctimas están causadas por vehículos de transporte�. La CETAP, ante la consulta de este diario, respondió que �por ahora no vamos a hacer declaraciones�.
Ayer, en las paradas del centro, las personas en riesgo de ser futuras víctimas de esa �siniestralidad� esperaban hasta 30 minutos un colectivo que las llevara. �Esto è un culombo �sostenía Romeo Dragone, en Corrientes y Callao�: io italiano, devo lavorare a San Isidro, si io arrivo in ritardo discontare la giornatta�, y explicaba: �Io sono casato acá, per eso sono acá�; no porque le guste este país. La mayoría de los aspirantes a pasajeros no conocía el reclamo de los transportistas; María José Giovanetti razonaba: �No deberían reclamarle al Gobierno sino a sus compañías de seguros�. Por Corrientes, hacia el Obelisco, los choferes, olvidando que, en nombre de sus patrones estaban en una marcha lenta, ponían el pie en el acelerador ante cada luz amarilla como siempre, y la protesta se diluía en el vértigo del tránsito porteño.
| La lucha de un hombre contra las cuotas
Por P.L.
�Yo soy parte del pelotón de diez mil damnificados que pidieron a distintos jueces la inconstitucionalidad del decreto 260�, contó a este diario Pablo Gitter, quien desarrolló una verdadera batalla cívica tras el accidente en que murió su padre, Adolfo Gitter, atropellado en marzo de 1997 por un colectivo de la línea 76.
Al día siguiente de la muerte de su padre, Pablo empezó a buscar testigos del accidente: subía a los colectivos de aquella línea, se paraba ante los pasajeros; consiguió cinco testigos presenciales y el colectivero fue condenado por homicidio culposo.
En 1998, Gitter ganó otra batalla: como la muerte del padre había sido camino de su trabajo, la aseguradora de riesgos de trabajo (ART) debía indemnizar a la viuda, de 81 años, pero la Ley de Riesgos del Trabajo le permitía hacerlo en cuotas hasta que la señora cumpliera 88 años. El hijo logró que la Cámara de Apelaciones declarara inconstitucional esa ley.
Ahora, en pleno juicio civil contra la empresa de colectivos, Gitter sigue los avatares del Decreto 260: �Como pueden pagar en cuotas, las compañías ni se preocupan por contestar las demandas; total, tienen el tiempo a su favor, saben que van a apelar, que el juicio terminará en la Corte, y consiguen forzar a las familias damnificadas a aceptar acuerdos por sumas mucho menores, para no tener que cobrar en cuotas�.
�Ahora, la cámara empresaria se moviliza para meter por vía legislativa el mismo texto que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional. Ya habían conseguido que Fernando de la Rúa ratificara el decreto de Menem: si ahora el Gobierno insiste, va a ser más de lo mismo�, advirtió Gitter. |
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