Por Andrés Osojnik
 Las multas fotográficas entraron finalmente en estado de hibernación: después de casi una semana de polémica sobre las infracciones detectadas con cámaras ocultas, el Gobierno porteño decidió suspender el sistema por 60 días. Esto significa que en ese lapso no se labrarán más ese tipo de actas ni se exigirá el pago de las ya hechas. De esta manera, el Gobierno busca frenar las críticas que le llovieron por la implementación de un sistema que �admite� creó �confusión e incertidumbre�. La idea es poner en marcha en los próximos dos meses una serie de cambios para �reordenar y reorientar� el operativo, considerado por el Gobierno como �legal y legítimo� para el mejor ordenamiento del tránsito.
De esta manera, el gobierno de Aníbal Ibarra intenta descomprimir una polémica que se convirtió en el primer gran conflicto de la gestión: por un lado, el choque con los jueces de Faltas que se declararon en guerra contra el sistema; por otro, las quejas de los conductores disconformes con su implementación. De hecho, Ibarra dedicó todo el día de ayer a buscar la manera de encauzar la situación.
�Todo esto es producto de que las cosas no se hicieron bien desde el vamos. Ahora la única que nos quedaba era parar la situación para poder encaminarla�, reconoció a este diario una fuente del Gobierno de la ciudad. La reunión más importante de la jornada en torno al tema fue la que mantuvieron los secretarios de Gobierno y de Seguridad y Justicia, Raúl Fernández y Facundo Suárez Lastra, respectivamente, con los empresarios encargados de operar el sistema. En la discusión también participó, por momentos, el propio Ibarra.
Fue en esa reunión donde el Gobierno planteó la necesidad de frenar por un tiempo la implementación. Las empresas coincidieron, pese a que la suspensión les genera la caída de dos meses de ingresos: unos y otros aceptaron que la situación era �insostenible� y que había que dar �un golpe de timón� al operativo. El Gobierno les aclaró que no habrá indemnizaciones por el lucro cesante.
Durante el día, los jueces de Faltas se habían mantenido en su política de no tramitar las causas en las que estuvieran involucradas las actas fotográficas. También se conoció que varios autos desde los que se toman las fotos de las infracciones fueron agredidos al ser detectados. Incluso hubo un caso en el que un colectivero embistió a un móvil luego de ser fotografiado en infracción.
Con ese panorama, ya a la noche y tras la reunión con las empresas, Fernández y Suárez Lastra dieron el anuncio oficial: las suspensión por dos meses para �reformular� el sistema. Los 60 días también corren para el pago de las multas ya hechas mediante fotografías. Sin embargo, ambos funcionarios se esmeraron en aclarar que la suspensión en este último caso no significa la anulación de las actas. �Esto no es una condonación. Las multas están vigentes. Aquel que reconoce la falta puede hacer el pago voluntario. Pero quien niega haberla cometido, ahora tiene dos meses de prórroga para presentarse ante la Justicia de Faltas. En este tiempo reorientaremos el sistema de los tribunales para que la gente esté más cómoda y el trámite no demore tanto�, especificó Suárez Lastra.
Fernández aclaró que el Gobierno �no duda de la eficacia técnica del sistema�, aunque en este período se evaluará junto con las empresas la calidad del servicio para conocer de manera precisa el margen de error. Gobierno y empresas, además, pondrán en marcha en forma conjunta una �amplia campaña de difusión sobre las características y alcances del operativo�.
Entretanto, se introducirán los cambios fijados en la reunión de ayer:
* Hacer visible el sistema. Los autos desde los que se toman las fotos a los infractores estarán identificados. También se señalarán los lugares fijos donde están instaladas las cámaras.
* Fijar prioridades. �Ese fue un error fundamental de la implementación. No se le dijo a las empresas dónde concentrar los controles, por lo quehicieron lo que quisieron�, admitió una fuente del Gobierno. Ahora se les indicará con precisión las áreas prioritarias para la fiscalización. Estas serán las autopistas (exceso de velocidad) y las arterias principales y con problemas de congestión (mal estacionamiento). La violación de luz roja será prioritaria en todas las áreas.
En cuanto a las autopistas, se revisará si los límites de velocidad son razonables y, en caso de ser modificados, se cambiará las señales. También se mejorará el señalamiento en los lugares donde está prohibido estacionar y se demarcarán los cordones.
El objetivo final del Gobierno es relanzar el sistema dentro de dos meses con la garantía de que �genere el respeto necesario para que funcione�.
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¿Hay que modificar el sistema? |
�Hay que mejorarlo�
Eduardo Bertotti (director del Instituto Superior de Educación Vial)
�Hay que separar las fallas de los procedimientos de la validez que tenga o no el uso de esta tecnología. Lo que hay que mejorar es el procedimiento. En mi opinión, el sistema se implementó con cierta improvisación y no se lo testeó de manera adecuada. La ley es rígida pero la aplicación debería ser más criteriosa para no despertar la sospecha de que sólo se persigue recaudar. Es muy común escuchar que el infractor no puede ejercer su derecho de defensa contra la máquina. Si el sistema se aplica bien, no habría de qué defenderse. Cuando se determina una velocidad máxima no es un capricho, sino porque la autopista ha sido diseñada para esa velocidad y ya se han previsto los riesgos. Lo que habría que estudiar bien es el nivel de tolerancia en nuestra cultura. Con el poco conocimiento que se tiene del tema, no es lo mismo quien excede la velocidad máxima en 8 kilómetros por hora y quien la supera en 30. Ese nivel de tolerancia luego habría que ir reduciéndolo a la par de un programa de educación vial. Para el argentino, pasar un semáforo en rojo sigue siendo una picardía.�
�Sancionar es el remedio�
Alberto Silveira (presidente de la Asociación Luchemos por la vida)
�Estamos convencidos de que el sistema tiene que funcionar, como ocurre en todas las partes del mundo. Sería terrible que no se cobraran las infracciones porque se estaría diciendo que cualquiera puede violar las normas de tránsito con total impunidad, cuando hay 349 muertos al año por accidentes de tránsito. Las campañas de educación vial tienen que ir acompañadas de sanciones para que sean efectivas. La sanción es el remedio más eficaz para evitar estas muertes y para que la calle deje de ser tierra de nadie. La ciudad es un caos y sin sanciones de ningún tipo no podemos avanzar. La cuestión no pasa por si la cámara está o no oculta. Suecia es el país más avanzado en seguridad vial y el sistema funciona con móviles no identificados. Tenemos que lograr que los conductores respeten las normas más allá de ver o no a la cámara. Desde ya, que habrá que producir ajustes en el sistema para asegurarnos que las empresas no cometan errores. Al respecto, una medida que podría implementarse es que cuando la empresa labre una infracción equivocadamente deba pagarle al conductor una indemnización.�
�Anular las faltas�
Alicia Oliveira (ombudsman de la ciudad de Buenos Aires)
�Me parece muy bien la suspensión del sistema con miras a analizarlo, pero me preocupa qué van a hacer con las faltas. Para mí, habría que dejarlas sin efecto porque las calles en la ciudad no están correctamente señalizadas y no hubo la difusión suficiente acerca de la implementación del sistema. Se está multando sobre algo que los conductores no conocen. Las normas de tránsito sobre las que se basaron muchas de las multas ya no existen, ni el Estado las estaba utilizando. Hay infinitas ordenanzas en relación al tránsito, sobre las cuales el Estado no ejerció ninguna coherción. Las leyes dejaron de actuar por el Estado. Acá, este sistema de infracciones está armado para recaudar. Es preciso que el Estado controle a este tipo de empresas. El poder de policía no puede quedar en manos deuna empresa privada, las actas deben ser hechas por funcionarios públicos. Hay que ver cómo están hechos los aparatos y probarlos. Y, sobre todo, es preciso que se difunda cómo funciona este sistema para que los conductores no queden indefensos.� |
QUE FALTAS SE COMETEN EN LA CIUDAD
Infracciones a millones
En la Ciudad de Buenos Aires se cometen �unas 318 millones de infracciones mensuales�, de las cuales �sólo 26.689 son castigadas�, según un trabajo difundido por las empresas Siemens Itron y Meller S.A., que toman como base de cálculo el promedio diario de faltas detectado entre los meses de abril y julio pasados por el sistema de cámaras ocultas Siemens Itron Business Services. En el mismo informe se dice que, �según fuentes oficiales (que no se especifican), del cálculo de más de una persona fallecida por día (en la ciudad), entre enero y junio del 2000, ese promedio bajó a 0,4 %�. Este descenso, según se señala, habría ocurrido en coincidencia con la aplicación del sistema de verificación fotográfica en el primer semestre del año.
En la información se recuerda que durante 1998 hubo en el país 1164 muertes por cada millón de vehículos, un promedio que supera ampliamente el de países como España (278 muertes) o Estados Unidos (207). Las empresas aseguran que en esos países la situación �era mucho peor� que en la Argentina en el año 1975, hasta que se instrumentaron �políticas de mejoramiento del tránsito, de los mecanismos de seguridad de los vehículos y los controles de tipo fotográfico�.
Citando el resultado de una investigación realizada entre diciembre de 1999 y marzo de 2000 en 80 esquinas de la ciudad, el informe resume que se constataron �799.920 violaciones de luz roja diarias�, en el horario de 9 a 21, y que la cifra mensual por la misma infracción llegó a la suma de 23.997.600 infracciones. Los cálculos estimativos indican que apenas el 0,2 por ciento de esas infracciones es penalizado.
En ese contexto general, luego se especifica que en la ciudad se labra un acta de infracción cada 5625 violaciones a la luz roja por parte de autos particulares, 17.312 casos iguales cometidos por colectivos, 539.261 violaciones a la prioridad peatonal, 19.486 faltas por no usar el cinturón de seguridad, 2782 fallas en el uso de cascos por parte de motociclistas, y 46.178 infracciones cometidas por choferes que llevan niños en el asiento delantero.
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