| Maestro y la Triple A de Madanes
Javier Madanes Quintanilla, dueño y presidente de Aluar, la productora de aluminio y principal empresa industrial de Chubut, establecida en Puerto Madryn y alimentada directamente por la electricidad de Futaleufú, supo diversificar a lo largo de los 90 su relación con la provincia. Esto le fue posible desde 1992, cuando le compró a la familia Reutemann la financiera Argemofin, que se dedicaba a los círculos de ahorro de General Motors. Pese a la inexperiencia de esta entidad en operaciones crediticias con estados provinciales, Chubut le firmó un contrato de exclusividad el 27 de diciembre de 1993, concretando una primera operación por $ 28,9 millones, por la que le entregó en garantía más de un millón y medio de acciones de YPF. Era el inicio de una relación que aún se prolonga y que le supuso a la provincia enormes costos de todo tipo. Madanes hizo entrar en juego después otra de sus firmas, Argenbur (la tercera A de la lista), presidida por Guillermo Busso, director a su vez de Aluar y Argemofin, y actualmente director del Banco de la Nación Argentina.
Las sumas dilapidadas por Chubut, en operaciones en las que siempre aparecen de un lado del mostrador el dos veces gobernador Carlos Maestro (UCR) y sus funcionarios y, del otro, Madanes y sus servidores, trepan a montos asombrosos para una provincia cuyo presupuesto educativo anual es de 30 millones. En todo caso, Chubut se quedó, a diciembre de 1999, con una deuda de $ 296 millones con el sistema financiero, por la que tiene hipotecadas sus regalías petroleras e hidroeléctricas y su coparticipación de impuestos nacionales. Esto luego de haber vendido las acciones de YPF que poseía y de tener caucionadas las pocas acciones que le quedan de Futaleufú. La pérdida patrimonial, por evaporación de activos y multiplicación del pasivo, se acerca a los 700 millones, 40 por ciento más que el presupuesto total de un año.
Toda esta turbia historia fue denunciada a la Justicia por dieciséis legisladores provinciales del justicialismo y del PACH (Partido de Acción Chubutense), después de una investigación realizada por la Legislatura y completada por el estudio de Luis Moreno Ocampo. La tarea fue conducida por Hugo Wortman Jofre, socio de Moreno, y realizada por Mabel Colalongo y el salteño Roberto Guzmán. A continuación, su reseña de los hechos.
 Aunque los primeros negocios los realizó Argemofin, esta financiera carecía del capital exigido por el BCRA para realizar operaciones que fueron subiendo hasta rozar los $ 200 millones. Por tanto, Madanes se valió de su bursátil Argenbur, a la que Argemofin le cedió en julio de 1996 la acreencia de casi $ 105 millones contra la provincia. Lo notable es que la cesión involucraba fortísimos gastos por conceptos diversos, que asumió por completo el gobierno de Trelew.
Los funcionarios provinciales sabían perfectamente que al vencimiento de cada operación crediticia que concertaban no iban a poder cancelarla. Por ende, refinanciaban permanentemente, capitalizando los intereses y reconociendo comisiones y gastos completamente inflados, que volvían explosiva la deuda. Como garantía, Argemofin tenía caucionadas a su favor las acciones de YPF que la provincia había recibido en pago de las regalías petroleras.
Las operaciones de pase se hacían a plazos cortísimos, de entre 7 y 180 días, pese a que no había perspectiva alguna de cancelarlas. La explicación para que se eligieran esos plazos es que Madanes les cargaba en cada ocasión comisiones directas enormes, muy superiores a las de mercado, que llegaban a ser del 2,75 por ciento sobre el monto de la operación, aunque ésta durara pocos días. Todos estos desmesurados cargos se capitalizaban al vencimiento, piramidando la deuda.
Cada vez que se decidía refinanciarla, el esquema de reprogramación era diseñado por los financistas acreedores y aprobado, sin cambiar una coma, por la provincia, que además pagaba los honorarios, siempre exorbitantes, por la redacción del proyecto. Punto culminante de esta serie fue larestructuración acordada el 3 de diciembre de 1998. El correspondiente plan fue presentado por Argenbur el 1. Al día siguiente la totalidad de los organismos de control se expidieron a favor (¿todos esos funcionarios estaban realmente en sus despachos en esa jornada?), con excepción de la Contaduría General, que lo observó. No obstante esto, esa misma tarde Maestro firmó el decreto autorizando la operación, sin quitar ni agregar una letra a un plan por cuya preparación por parte del acreedor la provincia le pagó una comisión de $ 4,2 millones.
Las operaciones se firmaban todas en la sede de Argenbur, en Buenos Aires, adonde acudían todos los funcionarios chubutenses, interviniendo un escribano privado, al que se le podían pagar honorarios de más de 50 mil pesos, en lugar de utilizar al escribano general de gobierno de la provincia. Todos los demás conceptos se liquidaban en el famoso estudio Marval & O�Farrell.
El 10 de junio de 1999 Argenbur le cedió al BEAL (Banco Europeo para América Latina) de Uruguay por $ 95 millones los derechos sobre toda la operación refinanciada en diciembre de 1998. Según Wortman Jofre, esta decisión fue tomada por Madanes ante el cercano fin del segundo y último mandato de Maestro, quien daba cobertura política a toda la operatoria. Además, en el mercado se presumía que tras la absorción de YPF por Repsol, ésta saldría a rescatar las acciones de la ex petrolera estatal argentina. Era la ocasión de convertir en dinero contante y sonante los frutos del trabajo de tantos años, maximizando la ganancia.
Como agente fiduciario, Argenbur mantenía en su poder 4.334.124 acciones de YPF clase D, que en ese mes de junio se vendieron a Repsol a U$S 44,78 cada una, obteniendo 194 millones, aplicados por Chubut para precancelar con el BEAL. A la operación se le cargaron gravosísimos sobrecostos: entre gastos, aranceles y comisiones, la provincia pagó $ 16,5 millones. Esta cifra incluía, increíblemente, 2,9 millones en concepto de �comisión de riesgo�, pagada para cubrir el peligro de un eventual percance informático en la operación de venta de las acciones, a cargo del JP Morgan.
En el contrato del 2 de junio de 1999, referido a la venta de las acciones de YPF, se incorporó un crédito adicional por $ 10 millones, aplicando las mismas reglas del contrato del 3 de diciembre de 1998. Ese préstamo fue cancelado el 28 de junio, pagando la provincia una tasa de interés superior al 50 por ciento anual.
Uno de los curiosos documentos reunidos en la investigación es una carta que Juan Retuerto, entonces ministro de Hacienda chubutense y hoy diputado provincial, envió desde su despacho de Rawson el 21 de enero de 1999 al Beal uruguayo, pidiéndole que le compre el crédito a Argenbur, ya que, siendo ésta una sociedad de Bolsa, podía efectuar pases con títulos pero no mutuos (préstamos), siendo ésta la manera de evitar el pago de impuestos argentinos. De esta manera, el ministro oficiaba de gestor de una operación entre privados.
Como conclusión, la deuda provincial con el grupo financiero de Madanes saltó de 28,9 millones en diciembre de 1993 a 171,6 millones cinco años después. Chubut asumió un costo de 90 millones de dólares, y todavía mantiene una deuda de unos 65 millones con Argenbur. Pero esa provincia patagónica no fue la única en quedar tan en cueros como una oveja tras la esquila. Río Negro y Neuquén operaron asimismo con este grupo financiero, y también allí hay denuncias por corrupción. |
