�Una sociedad no puede construir una paz estable ni tampoco ser gobernable si lo hace sobre la base de aceptar como legítima la mentira de sus autoridades. Es inaceptable que se mantenga oculto el destino de un número importante de personas argumentando que intentar saberlo atenta contra la paz social.� Ese es el principal argumento que llevó a Elizabeth Lira, psicóloga chilena con amplia experiencia en la clínica y la investigación sobre víctimas de la represión política, a participar de la Mesa de Diálogo en la que se sentaron representantes de las fuerzas armadas chilenas, abogados de derechos humanos y representantes de distintas iglesias y de la sociedad civil. �La Mesa de Diálogo �opina Lira� lo que hizo fue devolver la responsabilidad sobre las violaciones de los derechos humanos al conjunto de la sociedad en contra del intento de dejarlo acotado a un problema exclusivo de los familiares de las víctimas.�
Dos meses después del final de aquella Mesa, Lira es consciente de las contradicciones que ésta plantea y entiende el rechazo de los familiares de desaparecidos: �Hay un límite moral y político de lo que se puede aceptar�, sostiene. �Pero a la vez, si miramos a largo plazo, es muy importante el impacto político que tiene que los uniformados admitan una responsabilidad institucional al hacerse cargo en ese sentido de la búsqueda de información sobre el destino final de los desaparecidos.� Después de su larga trayectoria en la atención de víctimas de la represión política, Elizabeth Lira inició en 1996 una investigación que le llevó cuatro años en busca de las raíces de una palabra incómoda a la que se alude cada vez que se toca el tema de la última dictadura militar en Chile: reconciliación.
�En mi país existe, desde 1992, un plan que promovió el Ministerio de Salud para atender a ex perseguidos políticos y a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. Un plan que ya atendió a más de 30 mil personas y que no tuvo ningún tipo de promoción porque las presiones de la derecha obligaron a guardar un bajo perfil. Hasta la detención de Pinochet, que fue el primer terremoto político que conmovió al país en relación a este tema. Entonces sucedió algo muy interesante, porque a pesar de que hay una larga tradición en Chile de que los beneficiarios de los distintos planes de salud se organicen, los beneficiarios de este plan no lo habían hecho hasta ese momento. Y consiguieron salvar el plan que estaba amenazado de extinción.
�Eso habla de una relación directa entre los hechos políticos y patologías que surgen de la violencia política.
�Por supuesto, porque el origen del padecimiento es político y a lo largo de la experiencia podemos afirmar sin equivocarnos que quienes han sido sometidos a este tipo de violencia son extremadamente vulnerables al impacto que tiene el devenir de la Justicia en nuestro país. No hubo un solo paciente que no se sintiera afectado cuando se constituyó en 1991 la Mesa de Verdad y Reconciliación.
�¿Hablar de esos dos términos eludiendo el juicio y el castigo crea contradicciones en los pacientes?
�Por supuesto. En un momento el discurso de la reconciliación fue muy agobiante porque todos los sectores de la sociedad participaron de él a excepción de los familiares y las víctimas directas. Los únicos que tuvieron claro que era inviable fueron dos o tres curas llamados los teólogos de la reconciliación que se dedicaron a señalar que ésta dependía del arrepentimiento de los culpables y en consecuencia que se asuman las responsabilidades. Tiene que ver con un concepto católico de la reconciliación muy arraigado en nuestro país y con una larga tradición institucional fundada en estos términos.
�Planteado en esos términos, reconciliación es sinónimo de impunidad.
�Así es, pero hay que tener en cuenta una dimensión cultural del término en la historia institucional de Chile en la que reconciliación siempre fue el anverso de una impunidad supuestamente equitativa porque desde el siglo 19 se aplicaron leyes de impunidad. Pero entonces estas leyes se discutían en el Congreso, eran consensuadas y se llegaba a la convicción de que todos tenían que ser amnistiados y reparados. Es asombroso, porque parece que la estabilidad depende de que no queden resentidos sobre la base de reincorporar a todos los actores de algún incidente sobre la base de no volver a cobrar cuentas pendientes. Pero en la historia de este país no hubo crímenes tan sofisticados como la desaparición de personas ni tampoco un gobierno que tuviera tantos enemigos y decidiera aniquilarlos como el de Pinochet. Entonces ahora no se puede resolver la paz social como se hizo históricamente.
�¿Podría dar un ejemplo en el que esta impunidad equitativa haya funcionado?
�En 1891 hubo una guerra civil en la que combatieron en campos de batalla la armada y el ejército. La guerra empezó en enero, terminó en agosto y para la Navidad de ese mismo año se había dictado la ley de amnistía. Dos años después y dos ampliaciones de la amnistía mediante, los derrotados formaban parte de la coalición de gobierno. También hubo una dictadura entre 1927 y 1931 que se resolvió de la misma manera. Entonces era mucho más fácil pensar en reconciliación porque sólo gobernaban representantes del 3% de la población e incluso había lazos cosanguíneos entre los mismos parlamentarios. Más avanzado el siglo 20 ya no hubo guerras civiles pero la tradición de la amnistía sirvió para los complots militares y también para periodistas y sindicalistas que eran juzgados por la Ley de Seguridad Interior del Estado que tenía fuertes componentes de censura y en contra de las movilizaciones populares.
�¿El término reconciliación se acuña entonces siguiendo esta tradición?
�En realidad los primeros que instalan este término son los españoles en sus relaciones con los indios cuando les reclaman que dejen la poligamia en aras de esa reconciliación. Ellos se resistían y terminaron �pacificándolos� por la fuerza, sobre todo a los mapuches. También se habló de reconciliación cuando en 1814 los españoles reconquistan Chile después de su independencia en 1810, allí se habló de reconciliación bajo el amparo del rey. Es paradójico porque esa idea subyace en los procesos políticos de nuestro país como si éste fuera una gran familia en la que todos somos hermanos y nos amparamos en el seno materno, la patria.
�¿Hay una ruptura de esta continuidad en la impunidad con la detención de Pinochet?
�En realidad el primer cuestionamiento a las leyes de amnistía llega con Allende. Sin embargo sigue existiendo una versión popular de la reconciliación basada en la impunidad que se interrumpe cuando aparece con mucha fuerza la reivindicación de los derechos humanos que vuelve insuficiente este modelo. Pero hay que tener en cuenta que la tradición de impunidad está en el espíritu de la institucionalidad, cada vez que hubo un conflicto se discutió en paralelo las leyes de amnistía y la reconciliación en base a las reparaciones. Y éste es un mandato muy fuerte.
�¿La Mesa de Diálogo no es una forma simbólica de la reconciliación?
�Es un tema difícil pero no lo considero así. La Mesa que terminó en junio con el compromiso institucional de las fuerzas armadas de buscar la información sobre el destino final de los desaparecidos a cambio del compromiso de la sociedad chilena sobre resguardar su honor �algo que todavía no sabemos qué significa� es una de las puntas de este tema complejo. Surge a partir del segundo terremoto institucional que fue la calificación de la Corte Suprema de la Nación de la desaparición forzada como un delito permanente, a la luz del derecho internacional. Esto quiere decir que mientras no conste que los desaparecidos están muertos, mientras no estén los cuerpos, el delito de secuestro calificado se sigue cometiendo, entonces ya no se puede aplicar la ley de amnistía del �78 que dictó la dictadura pinochetista. Esta interpretación es la causa del desafuero de Pinochet y generó un desfile de militares por distintos juzgados que causó profundo malestar en las fuerzas armadas y los llevó a buscar una manera de mantener el control de esta situación, de acotarla.
�¿Sentarse en la Mesa de Diálogo no es aceptar este control?
�No, porque la vía judicial sigue adelante. Pero sabemos que por esa vía no hemos obtenido ninguna información. Los 170 cuerpos que aparecieron responden a los arrepentidos, a la casualidad o al dinero, que es lo que hace que ellos olviden todos sus honores. Ellos tienen la información y tienen que entregarla. Enterrar a los muertos es un rito que hace a la condición humana, es un derecho inalienable y de alguna manera la Mesa de Diálogo, en la que no se sentaron los familiares de desaparecidos sino representantes de la sociedad civil, devuelve a la sociedad su responsabilidad en la resolución de este problema, un problema político que nos compete a todos. No hay paz estable que se construya sobre la mentira de sus autoridades y todos sabemos que cuando se llevaron a los desaparecidos de sus casas el Estado no se hizo cargo y mintió impunemente.

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