EL JEFE DE POLICIA DE RÜCKAUF ESTUVO PRESO POR TORTURAR A UN DETENIDO
Una cosa que empieza con P

El jefe elegido por Carlos Rückauf para reconstruir la mejor maldita policía del mundo, Eduardo Martínez, fue detenido por torturar a un ciudadano alemán preso, a palos y con picana, durante la dictadura militar. El ministro de Seguridad, Ramón Verón, dijo que antes de promoverlo estudió su legajo y no encontró nada inquietante. Pero interrogado sobre el caso alegó no conocerlo. Su respuesta no difiere de la que dio hace dos décadas la policía de Camps ante el reclamo diplomático: el caso está en manos de la justicia. Entonces como ahora, la brutalidad de la policía sólo es posible con la complicidad del aparato judicial y ésta con la pasividad o la complacencia del poder político.

Confesión: Dijo que había admitido los cargos ante el subinspector Martínez, que lo indagó en la comisaría, porque lo golpearon, quemaron con cigarrillos, mojaron con agua fría y aplicaron corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo.

 El jefe elegido por el gobernador Carlos Rückauf para reconstruir la policía bonaerense, comisario mayor Eduardo Raúl Martínez, fue detenido y procesado por torturar a un preso de nacionalidad alemana, a palos y con una picana eléctrica. El caso, sucedido en 1978 en plena dictadura militar, motivó un reclamo de la embajada de la República Federal de Alemania para que se tomaran las medidas correspondientes. La policía que manejaba el coronel Ramón Camps contestó lo mismo que hoy afirma el ministro de seguridad de Rückauf, comisario general Ramón Oreste Verón: la decisión está en manos de la justicia. Consultado por este diario, Verón dijo que antes de designar a Martínez había estudiado su legajo y que no había en él ningún �antecedente preocupante�. Pero cuando fue enterado de esta causa dijo que no la conocía, lo cual pone en duda la calidad de los legajos o el método de estudio del ministro. Desde la asunción de Rückauf se incrementaron los casos de tormentos a detenidos en la provincia, según denuncias de Amnesty International corroboradas por datos aún inéditos de una investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales sobre un departamento de la justicia provincial en el Gran Buenos Aires.

El expediente

El expediente judicial contra el actual jefe de policía de Rückauf fue instruido por el ex titular del juzgado en lo penal Nº 2 de San Isidro, Juan Carlos Dillon. Lleva el número 23.818, de 1978, y su carátula dice �Etchezahar, Carlos Alberto, Martínez, Raúl Eduardo. Apremios Ilegales�. El Secretario de la causa fue el ahora juez del Tribunal Oral Federal Nº 7 de San Martín, Elbio Osores Soler y el fiscal el actual camarista de Apelaciones y Garantías de San Isidro, Juan Carlos Fugaretta. 
El 3 de abril de 1978, Dillon tomó declaración indagatoria a un ciudadano alemán, de 37 años, a quien sólo se identificará aquí por su nombre de pila, Sigfrido, ya que no es un funcionario público con responsabilidad sobre un área crítica sino un particular. El escrutinio de su conducta no interesa a la sociedad. Desde el año anterior, Sigfrido estaba separado de su esposa, quien lo había acusado de masturbarse en presencia de sus hijos, de robarle pañuelos y toallas para ello y de no mantener relaciones sexuales. Cuando el asesor de menores dictaminó que se trataba de fantasías de la mujer, se concedió al padre un régimen amplio de visitas. La mujer insistió y esta vez dijo que Sigfrido había introducido un dedo en la vagina de la hija de ambos, de cuatro años y la había lastimado. La guerra entre los ex cónyuges era total. La mujer quería mudarse con los chicos a Córdoba, donde tenía una oferta laboral, y Sigfrido se oponía para no perder contacto con sus hijos. La denuncia fue recibida en la comisaría 2ª de San Isidro por el entonces oficial subinspector Martínez, de 24 años, un metro ochenta de estatura y noventa kilos de peso. Sigfrido fue detenido la noche del 29 de marzo por el jefe de calle de la misma comisaría, el inspector Etchezahar, quien escribió en el acta que lo trasladó a la seccional, �sitio en el cual es interrogado más exhaustivamente�. El acta de ese interrogatorio lleva la firma del comisario de la 2ª, Oscar Mateo, y de su secretario en la instrucción, Martínez. 

Los tormentos

Recién cinco días después Sigfrido fue conducido al juzgado. Ante el juez negó la acusación de su mujer, narró que sólo había llevado a sus hijos al cine y luego les había preparado panqueques en su casa. Firmó el acta pero en vez de retirarse pidió ampliar su declaración. Dijo que el personal policial lo había golpeado, quemado con cigarrillos, mojado con agua fría y aplicado corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo. Agregó que por eso había admitido ante el subinspector Martínez, que lo indagó en la comisaría, los abusos deshonestos y las lesiones calificadas que ahora negaba. 
Volvió a firmar pero esta vez fue el juez quien reabrió el acto, para recabarle más detalles. Sigfrido dijo que en la comisaría �dos personas del lugar vestidos de civil� lo trasladaron a una habitación. Le exigieron que cantara, �al mismo tiempo que lo golpeaban y tomándole la cabeza se la hacían chocar contra una pared�. Como se negó a hablar, lo sacaron de la comisaría, lo subieron a un Falcon negro o verde oliva, y luego de recorrer dos o tres cuadras, le hicieron bajar la cabeza �y le colocaron una venda sobre los ojos para que nada pudiera ver�. Así le hicieron dar vueltas hasta desorientarlo. Cuando el Falcon se detuvo, lo hicieron entrar a un lugar en el que �se notaba ruido de platos, pensando que era una cantina�. Le hicieron subir una escalera que desembocaba en una habitación. Allí lo hicieron desvestir, lo subieron a una cama y lo rociaron con �agua con olor a querosene previo ponerle encima un trapo�. Le anudaron un alambre sobre un dedo del pie derecho y comenzaron a pasarle corriente, mientras le pateaban las costillas. �Al mismo tiempo le insultaban y lo trataban pésimamente amenazándolo con que lo iban a castigar hasta tanto les dijera lo que había pasado�. 
Cuando lo dejaron solo se quitó la venda y pudo observar el lugar: una habitación de unos diez metros de largo, con una columna, una ventana y �una cantidad de casilleros metálicos, grises, del tipo de los que se utilizan regularmente en las instituciones deportivas�. Desde allí escuchó el paso de un tren. Sus movimientos alertaron a quienes lo habían torturado, quienes regresaron con un tercero, lo vendaron, volvieron a golpearlo, bajaron las escaleras y lo subieron a otro auto. Luego de un nuevo paseo le quitaron la venda y lo entraron a la comisaría. Camino al baño reconoció la escalera por la que había subido hacia la sala de torturas y sintió el ruido de los platos: el viaje había terminado en el punto de partida. Le hicieron firmar la declaración sin leerla y lo tiraron a una celda.

El peritaje

Dillon ordenó que Sigfrido fuera revisado para descubrir si �presenta signos de haber sido golpeado o bien si sobre su cuerpo se efectuaron descargas de electricidad�. En el Hospital de San Isidro el médico Víctor Tarasiuk encontró �lesión escoriativa en talón izquierdo, hematoma en región tibial inferior, y hematoma en cresta tibial en región superior de pierna izquierda, hematoma en cara externa de muslo izquierdo y región glútea izquierda, lesión escoriativa en rodilla derecha, hematoma y lesión escoriativa en codo derecho, máculas amarillentas distribuidas en abdomen y lesión escoriativa infraumbilical�, pero no arriesgó cómo se habían producido. A solicitud del fiscal Fugaretta, de allí se dirigieron a la Unidad Regional San Martín, donde pidieron los legajos de todo el personal de la 2ª de San Isidro. Las fotos de los 64 legajos fueron puestas ante la vista de Sigfrido. �Tras haber examinado la totalidad de ellas expresó sin lugar a dudas que las personas autoras de los hechos que lo damnifican son las poseedoras de los legajos 11841 y 162592�, es decir Etchezahar y Martínez. De Martínez dijo que era la persona que en la comisaría �le pegara con un palo en las piernas y otras zonas, en especial la lumbar. También esta persona le golpeó con los puños en el estómago y, habiendo escuchado su voz, está seguro que es una de las que le aplicó luego corriente eléctrica cuando el dicente se encontraba vendado; o, de no haber sido la ejecutora por lo menos estuvo presente en el lugar�. Etchezahar fue quien le golpeó la cabeza contra la pared y le pegó rodillazos en la zona inguinal, agregó. Recién el 4 de abril, Sigfrido fue revisado por un médico forense, Horacio Héctor Campero. Sus conclusiones son inequívocas. Aun al sexto día eran evidentes las lesiones �producidas por el impacto con un objeto duro de bordes no cortantes� sobre el abdomen, los glúteos y una pierna. Sobre el reborde de la cresta ilíaca constató una �lesión puntiforme�, semejante a �las producidas por la corriente eléctrica�. También encontró las lesiones que dejaron en una muñeca y los dos tobillos las ligaduras con que lo sujetaron. Las irregularidades del sumario policial son groseras. El 31 de marzo de 1978 el comisario Mateo solicita al médico policial �efectúe reconocimiento sicofísico� de Sigfrido (foja 15). En la foja siguiente el perito Roberto Bettale informa que revisó a Sigfrido en la comisaría, a las 9 de la mañana del día anterior, 30 de marzo, y que no percibió en él nada que le llamara la atención. 

La calificación

El juez Dillon ordenó detener e incomunicar a los dos policías, decretó su procesamiento y dispuso tomarles declaración indagatoria. También pidió el listado de quienes prestaron servicio en la comisaría entre la noche del 29 de marzo y la madrugada del 30. Además encomendó al jefe de la Unidad Regional que secuestrara �la máquina (picana eléctrica) con la cual habría sido vejado el detenido�. Ni el juez ni el fiscal participaron de la búsqueda en la comisaría que �oh sorpresa� no dio resultado alguno. Había comenzado a funcionar la clásica cadena de complicidades y cuando la comisión policial fue a buscar a Etchezahar y Martínez, después de la medianoche, cada uno había desaparecido de su casa. Recién fueron presentados cuatro días después por el segundo jefe de la Unidad Regional, quien no se molestó por consignar en el expediente cuándo y dónde los había encontrado. Etchezahar dijo que había dejado a Sigfrido en la comisaría para que Martínez lo indagase, que nadie lo golpeó al detenerlo, que ingresó �en perfectas condiciones físicas�, que tampoco debe haber sido golpeado después �por cuanto no es ello cosa que suela pasar en la dependencia�. Martínez declaró que lo llamaron para recibir la declaración indagatoria y tomar las huellas digitales de Sigfrido, quien contó que era muy efusivo con la nena y �tal vez se le haya ido la mano en sus juegos y tal vez de allí haya quedado lastimada�. Sigfrido no le dijo que hubiera sido golpeado por nadie y �no es costumbre del deponente el castigar a los detenidos y que, sobre todo en este caso, la confesión fue natural y espontánea�. La concertación entre ambas declaraciones es ostensible: ambos procesados solicitaron que quedara constancia de que no formaron parte de la guardia o servicio de la comisaría aquella madrugada. Ya sabían la insólita importancia que el juez le asignaría a ese detalle formal.
Luego el juez careó a Sigfrido con los dos policías. De Martínez reiteró que era uno de los que lo detuvieron en su casa y quien le tomó declaración y lo atormentó en la comisaría. Martínez lo negó. La instrucción había sido rápida para ordenar los peritajes y negligente al delegar en otros policías la búsqueda de la picana. Pero al concluir las indagatorias, Dillon calificó el delito investigado, y el fiscal Fugaretta no se opuso, como apremios ilegales y no como tortura. Como la pena por apremios ilegales sería de ejecución condicional, el mismo día los dejó en libertad, bajo palabra y sin pagar fianza. 

La sentencia

El juez Dillon pidió la lista de los detenidos en la comisaría. La nómina de doce nombres le fue remitida por el comisario Mateo, el instructor de la causa contra Sigfrido, en la que Martínez había actuado como secretario. Pese a la comprobación de los tormentos, el juez dejó a Mateo en funciones, en la misma comisaría y como auxiliar en su investigación. La única precaución que tomó fue trasladar a Sigfrido a otra comisaría, la 1ª. A pedido del juez, Sigfrido mencionó a sus compañeros de cautiverio en la 2ª. De uno recordaba el apellido, de otro el nombre de pila y su oficio de pirata del asfalto, de tres más que estaban detenidos �por jugar a las cartas� y de un sexto el alias, Cuchillo. El comisario Mateo respondió que no había habido allí ningún pirata del asfalto, no se dignó contestar sobre Cuchillo y sólo remitió al juez a dos detenidos. Ambos declararon que no habían visto �apremios ni observado lesiones� en Sigfrido. Uno dijo que el alemán nunca le relató haber sido apremiado. Más aún, lo vio desnudo en las duchas �y no presentaba signos de haber recibido corriente eléctrica o cualquier otro tipo de presiones físicas�. Este testigo estaba procesado por secuestro extorsivo y seguía alojado en la misma comisaría 2ª en la que mandaba el comisario Oscar Mateo, es decir nada que se parezca a un hombre libre, dueño de sus palabras y de sus silencios.
En rotunda desmentida a quienes se quejan por la lentitud de la justicia, el juez Dillon pronunció su sentencia el 27 de junio, menos de tres meses después de abrirse la causa. Es una pieza notable:
1 Da por probadas las torturas (�no se discute la existencia del ilícito, encontrándose acreditado el cuerpo del delito, pese a no haberse podido secuestrar el o los elementos con los cuales se produjeran las lesiones�).
2 Sin embargo, le asigna un valor no explicado a la declaración de los dos compañeros de cautiverio.
3 El juez consideró decisivo que ni Etchezahar ni Martínez figuraran en la nómina de personal de servicio aquella noche, pasando por alto que uno admitió que había detenido a Sigfrido y el otro que lo había indagado en la comisaría.
4 Como a pesar de todo subsistía el reconocimiento fotográfico de Sigfrido, el juez conjeturó que �se puede concluir en que el recuerdo de ambos por parte de la víctima se deba a las estrecha relación de ambos policías, con motivo de sus funciones�. 
5 Como �no surge debidamente justificada la responsabilidad criminal� de los policías, ambos fueron sobreseídos provisoriamente.
6 Como esto ocurrió bajo la dictadura militar, tampoco se dispuso proseguir la investigación para determinar quién había torturado a Sigfrido, no se removió al personal de la comisaría en la que se produjo el castigo, ni se investigó al médico policial que a la mañana sigui-ente de la detención no advirtió las marcas de golpes y electricidad que todavía serían visibles casi una semana después.

De Beccaria a Sigfrido

Un mes después de haber constatado las torturas aplicadas a Sigfrido, el mismo juez Dillon le dictó la prisión preventiva, el 4 de mayo, invocando como prueba la confesión que le arrancaron en la comisaría, de haber besado a su hija y �tocado sus partes vaginales� con las manos, hasta que observó que sangraba levemente y un peritaje médico que atribuyó sus lesiones a la masturbación manual por una tercera persona. Pero el 21 de julio, luego de un hábeas corpus interpuesto por Sigfrido ante la Cámara de Apelaciones, el mismo Dillon dictó su sobreseimiento provisional. Sigfrido �ha negado en sede judicial. Admitió el hecho ante la Instrucción [policial]. Esto último pudiera ponerse en duda, si se parte de la acreditación de los apremios a que fuera sometido�, escribió. La sentencia menciona una hipótesis del camarista Bernardo Rodríguez Palma que no fue suficiente para preservar el valor de la confesión pese a la comprobación de los tormentos: �Cabría ver en los castigos no una forma de lograr una confesión sino una manifestación (inhumana e incomprensible por cierto) de repulsa hacia el hecho espontáneamente relatado�, dijo. En la década siguiente, Rodríguez Palma fue el abogado defensor de uno de los exComandantes enjuiciados por la guerra sucia. En cuanto quedó en libertad, Sigfrido puso lo sucedido en conocimiento de la embajada de la República Federal de Alemania, que a su vez solicitó a la Cancillería la adopción de �las medidas que corresponden�, sobre las que el gobierno de Bonn no tenía dudas. En octubre recibió la respuesta: intervenía un juez, que dictaría �la resolución final�. Terminada la dictadura, el juzgado quedó en forma interina a cargo del secretario Osores Soler, quien en febrero de 1984 convirtió el sobreseimiento provisorio en definitivo. 
Hace dos siglos y medio el primer criminólogo moderno, Cesare Beccaria, escribió en su tratado �Los delitos y las penas� que la tortura no es idónea para averiguar la verdad porque el débil puede admitir delitos que no cometió y el fuerte guardar silencio sobre los que realizó. Por entonces la tortura era practicada en forma habitual al servicio de la corona y Beccaria avanzaba con timidez argumentos racionales en contra de su utilidad. Esos razonamientos siguen siendo válidos hoy. Pero además, ahora la tortura es un delito que en los códigos argentinos se castiga con la misma pena que el homicidio y su aplicación lejos de resolver un caso conduce a su nulidad. Torturar al culpable de un delito repugnante, como el que se imputaba a Sigfrido, puede ser el camino más corto hacia su impunidad.

El jefe del jefe del jefe

Este diario preguntó al ministro de Seguridad qué procedimientos de evaluación se seguían antes de designar a una alta autoridad policial. El comisario general Ramón Verón explicó que la junta de calificaciones, integrada por los funcionarios de mayor jerarquía, consulta el legajo en la dirección de Personal �con un sistema de imágenes computarizado. Así se determina si el candidato está en condiciones de ascender, si tuvo sanciones, si está en disponibilidad, etc.�. Siguió luego este diálogo menos abstracto:
�¿En los legajos constan las causas judiciales en las que fueron denunciados?
�Sí.
�¿Antes de designar como sucesor al comisario mayor Martínez usted vio su legajo?
�Sí, claro, lo vi.
�¿No encontró ningún antecedente preocupante?
�No, para nada.
�En 1978 fue procesado por torturar a un detenido. ¿Lo sabía?
�No, no lo sabía. ¿En qué año?
�En 1978. ¿Le sorprende?
�No me sorprende que haya sido denunciado, es probable. Es común que los delincuentes denuncien como argumento de defensa, por enemistad hacia el policía que los detuvo o por alguna cuestión personal. Pero nosotros nos atenemos a lo que resuelva la justicia. En el caso de Martínez puede haber terminado en sobreseimiento o falta de mérito, por lo cual no esté inhibido.
�Dos peritajes médicos comprobaron las lesiones por el paso de la corriente eléctrica.
�Es la primera noticia que tengo. No conozco el caso. Siguiendo con el ejemplo que le daba, cuando se detiene a un delincuente o hay un tiroteo en circunstancias que el delincuente no considera adecuadas suele haber denuncias. Hay muchísimos casos.
�Retomando el caso de Martínez, el médico forense comprobó las lesiones causadas por la picana eléctrica.
�Me extraña entonces que se haya cerrado la causa. Si la justicia encontró elementos para procesarlo debe haber dictado sentencia. No puedo suponer que la denuncia haya sido real. No nos queda otro recurso que esperar la resolución judicial.
�Hubo resolución judicial y Martínez fue sobreseído. 
�Si fue sobreseído es porque habrá tenido motivos el juez. No puedo opinar sobre un caso que no conozco.
�¿Le preocupa que haya oficiales que fueron procesados por torturar a detenidos?
�No creo que los haya. Que los procesen no quiere decir que los condenen. Cuando hubo condena, corresponde la expulsión, cesantía o exoneración. Hoy hay pocos casos de abuso policial, mucho menos de tortura. Hace muchísimo tiempo que no tenemos ese tipo de casos. Es probable que algún detenido interprete que hubo una intervención desmedida, un rodillazo. No es habitual, pero puede ocurrir. El único caso que conozco es el de Luján, que tuvo un proceso hace más de 15 años. De acuerdo a un diario había sido condenado en suspenso, con inhabilitación por tres años, que no constaba en su legajo. Lo estamos investigando.
(En 1988 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Azul condenó al comisario inspector Eduardo Justo Luján por cohecho, a un año y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por tres años para ocupar cargos públicos. Pese a ello, fue designado jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones de Azul. El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Francisco Ferro, sostuvo que debería ser expulsado de la Policía. �Pagué con creces esa equivocación�, se defendió Luján ante una consulta de Clarín. Su caso no fue por torturas, sino por corrupción.)

Entrevista: Diego Martínez.

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