Por H.V.
 El incremento de los casos de torturas en la provincia de Buenos Aires desde la asunción del gobernador Carlos Rückauf fue denunciado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, luego de un seminario sobre �Impunidad y Derechos Humanos�. El responsable de la sección local de Amnistía, Marcelo Avila, dijo que en los últimos meses hubo un aumento �considerable� en la aplicación de torturas en la provincia de Buenos Aires, donde la policía �siente que tiene manos libres� para actuar. En declaraciones a la agencia noticiosa France Presse, Avila recordó que el defensor de la Cámara de Casación de la provincia, Mario Coriolano, vinculó esa situación con la promesa electoral de Rückauf, de mano dura y tolerancia cero.
Amnistía también se refirió al resto del país, donde dijo que la tortura era una práctica sistemática, que se aplicaba en �grado muy elevado� como método represivo. La situación �tiende a retroceder y cada vez hay más casos de tortura seguida de muerte�, añadió Avila. Reconoció, sin embargo que en otros países de la región la situación �es peor aún�. Dijo que en Perú, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Brasil rige la �doctrina de seguridad urbana� y se practican �campañas de limpieza social�, que encubren graves violaciones a los derechos humanos. El 18 de octubre Amnistía iniciará una campaña internacional contra la tortura. Los países elegidos de América Latina son Venezuela y la Argentina. Avila dijo que tanto la tortura como las ejecuciones extrajudiciales se debían �a un aparato ideológico que no se ha desarticulado en la Argentina. Estamos en una sociedad militarizada y la represión consiste en la eliminación del contrario�, añadió. Al señalar la responsabilidad del Estado el representante de Amnistía dijo que la Argentina debía �depurar de sus cuadros de seguridad a personas vinculadas con graves violaciones de derechos humanos�.
Una alarma similar surge de los trabajos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde su programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana, Gustavo Palmieri continúa las investigaciones pioneras de Sofía Tiscornia y Alicia Oliveira. Estudios todavía en elaboración, sobre uno de los principales departamentos judiciales de la provincia, presentan un panorama inquietante. La información recolectada sobre el primer semestre de 2000 corresponde a medio centenar de comisarías, ubicadas en cuatro partidos distintos del Gran Buenos Aires. Si bien estos datos no pueden proyectarse mecánicamente a todo el conurbano, y menos aún al resto de la provincia, en el universo estudiado uno de cada cinco detenidos es golpeado por la policía. El grueso de los detenidos es acusado por robos y hurtos o sus tentativas. Menos son los casos por homicidio, violación, lesiones, abuso o tenencia de armas.
El castigo en el lugar de la detención va en camino de convertirse en una norma, pero también se observan muchos casos en las comisarías a las que son conducidos después. Al menos en un caso registrado por el CELS en el último trimestre, la golpiza al detenido la inició la víctima de un delito. Habían intentado robarle y consiguió reducir a su agresor, lo hizo tender en el suelo y llamó a la policía. Cuando los uniformados llegaron la víctima volvió a golpear al detenido con un palo, a la vista del personal policial. Lejos de impedirlo, los policías se sumaron, golpeando al detenido con la culata de sus armas en la cabeza y con patadas en el cuerpo. En un número mayor de casos, las víctimas de los delitos asienten ante el castigo a los recién detenidos o se suman a él. Esa es la base social para un proyecto político fascistoide. En el semestre no hay registro de torturas con corriente eléctrica. Lo habitual son patadas en los testículos y en el resto del cuerpo, puñetazos, golpes con palos y bastones, culatazos con pistolas o escopetas, pero también hay técnicas más elaboradas, como desnudar al detenido y arrojarle agua fría en pleno invierno, azuzar a los otros presos en su contra o esposar a la espalda y tirar de los brazos hacia arriba. En dos de cada tres casos no hay testigos, salvo los coimputados en la misma causa.
El contraste entre estas copiosas verificaciones del organismo defensor de los derechos humanos y la mínima información que circula en los medios de comunicación es llamativo. En el último semestre, la prensa sólo reflejó un caso, ocurrido en el Departamento Judicial de San Martín. El suboficial Octavio Nocito, en compañía de su padre, un hermano y un vecino, redujeron en una villa de la zona a un menor de 16 años, aduciendo que había asaltado la casa de los Nocito y robado el arma reglamentaria del suboficial. Metieron al chico en una camioneta, lo esposaron, le dieron una paliza y le colocaron una bolsa de polietileno en la cabeza para impedirle respirar. Luego llamaron a la comisaría 2a» de San Martín para avisar que lo habían arrestado. Al llegar a la comisaría, se constató el maltrato recibido por el menor. El fiscal Héctor Scebba ordenó la detención de los responsables. Dada la notoriedad del caso, que fue reflejado por �Crónica�, �Clarín� y Página/12, el ministerio de Seguridad, cuando todavía lo ocupaba Rico, dispuso el pase a disponibilidad preventiva de Nocito, que prestaba servicios en la Comisaría Sexta de Carapachay. Palmieri comunica otro hallazgo de la investigación: de las entrevistas con detenidos, abogados, policías y funcionarios judiciales, surge que sólo uno de cada 10 o 15 casos de tortura es denunciado. �Esto desvirtúa el discurso policial que sostiene que las denuncias de torturas o apremios son para anular la causa o para vengarse del policía aprehensor�, concluye Palmieri, sin saber que exactamente esa fue la respuesta del ministro Verón a la pregunta de éste diario sobre el jefe Martínez.
Apremios y torturas
Por H.V.
En el Código Penal vigente en 1978 el artículo 144 bis castigaba con 1 a 5 años de prisión o reclusión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo, al funcionario público que aplicare �severidades, vejaciones o apremios ilegales� a un detenido. El 144 tercero penaba con reclusión o prisión de 3 a 10 años e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario que impusiere a una persona privada de su libertad �cualquier clase de tortura�, ya fuera �tormentos físicos� o �sufrimientos psíquicos� de �gravedad suficiente�. En la reforma sancionada al concluir la dictadura la pena por tortura pasó a ser de 8 a 25 años, para equipararla con la del homicidio. Pero el Código nunca definió qué se debe entender por apremios ilegales y qué por torturas, tal vez porque al legislador la diferencia le parecía obvia.
Para el diccionario de la lengua, apremiar es �compeler a uno a que haga prontamente alguna cosa�. También �oprimir, apretar�. Tortura, en cambio es un �grave dolor físico o psicológico infligido a una persona, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de ella una confesión, o como medio de castigo�. Según el camarista Leopoldo Schiffrin debe entenderse por apremios las molestias graves, como dejar a una persona de noche con la luz encendida o mantenerla doce horas sin comer. La tortura, en cambio, es aquel trato que deja secuelas físicas y psíquicas, como el paso de corriente eléctrica o un simulacro de fusilamiento. Recién en enero de 1987, al promulgarse la ratificación parlamentaria de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se obtuvo una definición precisa, que desde la reforma constitucional de 1994 tiene rango superior al de la ley: torturar es infligir graves dolores físicos y mentales.
Con el mismo artificio por el que el juez Dillon calificó el pase de corriente eléctrica a Sigfrido como �apremios ilegales� y no como �tortura�, 16 años después, el juez de San Isidro Juan Tarsia dejó en libertad al subcomisario Luis
Patti, pese a que el peritaje había probado lesiones por electricidad en el cuerpo de los detenidos Mario Bárzola y Miguel Guerrero. Ni Dillon en 1978, ni Tarsia en 1994, ni los respectivos fiscales Fugaretta y Julio Novo dedicaron una sola línea a fundamentar por qué eligieron el tipo penal que permitía la excarcelación de los acusados y no aquel que los hubiera puesto a buen resguardo. Entonces como ahora, la brutalidad de la policía sólo es posible con la complicidad del aparato judicial y ésta con la pasividad o la complacencia del poder político. Después de las torturas al ciudadano alemán y antes de que Rückauf le confiara la sucesión del comisario Verón al frente de la policía, el comisario mayor Eduardo Martínez fue director de Planificación Operativa, director de Inteligencia, director de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad, jefe de la división Narcotráfico Norte, oficial en comisarías de Martínez y Tigre. Al designar a Verón como sucesor de Rico en el ministerio y a Martínez en lugar de Verón en la Superintendencia de Coordinación de Seguridad, Rückauf anunció que no aflojaría su política de mano dura. �Cambian los hombres, pero la política de seguridad seguirá siendo dura frente al delito�, dijo.
|
