PAGINA/12 ADELANTA EL PLAN DE AJUSTE Y REESTRUCTURACION DE LAS FUERZAS ARMADAS
López Murphy, cuerpo a tierra

La propuesta del ministro de Defensa, denominado "Plan de Modernización para Mejorar la Calidad del Gasto", será explosivo para las Fuerzas Armadas. Entre las medidas se destacan la centralización de compras, venta de inmuebles, extensión de la carrera militar, reubicar efectivos fuera del área de administración, destinar los aportes al régimen de jubilación privada.

 Ricardo López Murphy prepara un proyecto de reestructuración integral del área de Defensa, que en los próximos días elevará a consideración del Gabinete Nacional. El "Plan de Modernización para Mejorar la Calidad del Gasto", al que accedió en exclusiva Página/12, prevé, entre otras medidas de ajuste y cambios en la organización de las Fuerzas Armadas, la venta de más de 100 inmuebles, incluido el amplio edificio de los marinos Libertad; la creación de un régimen de capitalización para organizar el retiro de quienes se incorporen a cualquiera de las tres armas a partir del año próximo y la extensión de la carrera militar. Los cambios que el ministro propone instrumentar en la cartera castrense no prometen grandes ahorros en lo inmediato sobre su presupuesto de 3700 millones de pesos anuales. Pero amagan alterar la estructura interna de poder, centralizando decisiones clave como las compras o los ejercicios que debe hacer el Estado Mayor Conjunto.
El jefe de Gabinete de asesores del ministerio y coordinador del proyecto, Marcelo Acuña, asegura que el objetivo "no es gastar menos sino gastar mejor", transfiriendo recursos del área administrativa a la operativa. La estrategia oficial se basa en el hecho de que Defensa no tiene demasiado margen para recortar su presupuesto. Por el contrario, sostiene que las constantes podas registradas en la última década habrían quitado operatividad a las Fuerzas Armadas, privándolas hasta del combustible necesario para los entrenamientos.
Sin embargo, a la hora de seducir a sus pares del gabinete López Murphy arriar su condición de economista partidario de la austeridad fiscal. El argumento del ministro de Defensa será que, con las reformas previstas, a largo plazo el Estado se habrá quitado grandes pesos de encima. Página/12 adelanta los puntos centrales del amplio plan elaborado en el edificio Libertador, que seguramente generará resistencia, y malhumor entre algunos militares.
Centralización del Sistema de Compras. A través de una resolución, el Estado Mayor Conjunto se verá forzado a asumir su rol de planificador de las actividades operativas de las tres fuerzas. Ninguna de ellas podrá decidir por propia cuenta qué ejercicios hacer. Un decreto, en tanto, pondrá en manos de López Murphy la aceptación o rechazo de las compras requeridas, que serán autorizadas en base al presupuesto disponible y al plan operativo que haya elaborado el Estado Mayor Conjunto.
En Defensa aseguran que ese diseño centralizado permitiría "tomar decisiones más racionales" y, además, evitar compras innecesarias. Entre los varios ejemplos que ofrecen los funcionarios del área están los 200 millones de pesos que habría destinado la gestión anterior para aviones A4. Se trata de un material bélico ofensivo, cuando las necesidades del país son indiscutiblemente defensivas. O la adquisición de vehículos 4x4 de marcas diversas, lo que encarece el mantenimiento.
Esa centralización, así como otros retoques para adaptar el sistema de compras al nuevo régimen nacional, permitiría un ahorro inmediato cercano a los 70 millones de pesos anuales. Para calcularlo, Defensa presta atención a la experiencia de Gran Bretaña: la centralización de las decisiones de compra habría permitido reducir en más de un 20 por ciento los gastos en este rubro, que en Argentina alcanzan los 350 millones de pesos por año.
Modificación de la carrera militar. Esta es una de las iniciativas que seguramente despertará más resistencia. La intención es prolongar la permanencia en los grados para evitar ascensos y retiros (jubilaciones) tan tempranos. La carrera durará más tiempo y será necesario permanecer más años en actividad para poder retirarse con el ciento por ciento de la remuneración. De ese modo, la actual "estructura romboidal" de las armas, con mucho personal jerarquizado, se reemplazaría por otra "piramidal", con menos militares en los grados superiores y bastantes en la tropa (ver más detalles en nota aparte).
Régimen de capitalización. Quienes ingresen a cualquiera de las tres armas a partir del 2001 aportarán al régimen de capitalización. A largo plazo, esa medida eximiría al Estado de la obligación de atender los retiros militares. En lo inmediato, sin embargo, privaría al estatal Instituto de Asistencia Financiera de los nuevos aportes. Hoy el IAF es deficitario y Defensa destina año a año 1200 millones de pesos para asistirlo. Esto es así en gran medida porque hay más retirados (83.873) que activos aportantes (63.518).
Reubicación de militares fuera de la administración. Se centralizarán tareas administrativas en la sede del Ministerio de Defensa, por ejemplo, la liquidación de haberes. Esto permitiría que muchos uniformados puedan ser reubicados en tareas operativas, ya que haría falta menos personal para las tareas de administración.
Venta de inmuebles. Hay dos planes. Uno consiste en concentrar personal de todas las armas en el edificio Libertador, despejando el Libertad (Armada) y, tal vez, El Cóndor (Fuerza Aérea) para su venta. El primero demanda 11 millones anuales para su mantenimiento y los otros dos 8 millones cada uno. El otro proyecto inmobiliario prevé la venta de 111 inmuebles considerados innecesarios, sobre un total de 1913 bienes inventariados en todo el país. Entre los disponibles se incluyen muchos de gran atractivo, como el edificio ubicado en Viamonte y Callao, hasta hace poco sede del Batallón de Inteligencia 601, uno de los símbolos de la represión militar de la última dictadura. Defensa impulsa un proyecto de ley que permitiría vender sin licitación pública cuando el comprador sea otra dependencia del Estado.
Unificar servicios de salud. Este proceso ya empezó en el área educativa, con la unificación de Escuelas de Guerra e Inteligencia. La idea es hacerlo extensivo a Salud, de modo tal que no haya instituciones exclusivas para cada arma sino que todos los hospitales militares atiendan, sin discriminación, a cualquier uniformado y a sus familiares. * Unificación de la red informática. Esto se conseguirá a través de la ya iniciada instrumentación de la Red Global de la Defensa, que permitirá conectar los sistemas informáticos de las tres fuerzas, hoy independientes. Es mucho más que un proyecto técnico. Esta homogeneización de redes auxiliará al titular del Estado Mayor Conjunto en su planificación operativa y al ministro en la económica. Cuando el sistema funcione a pleno, López Murphy podrá controlar cada compra y conocerá a través de su pantalla cuánto cuesta hacer un ejercicio que planean los militares. En función de ello podrá habilitarlo o suspenderlo hasta el lejano futuro en el que las cuentas mejoren.

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA ESTA EN NIVELES DE 1992
"Bajamos las raciones de los soldados"

Por C.C.
"Si todas las áreas del Estado tendrían sus gastos al nivel de 1992, como hizo Defensa, en el país habría superávit fiscal", sentenció Ricardo López Murphy durante un breve diálogo con este diario. Fue, quizás, la única opinión directa sobre algo que no es estricta competencia de su cartera que arriesgó el ministro, alguna vez mencionado como eventual recambio de José Luis Machinea. Los números oficiales parecen darle la razón, ya que mientras el gasto público total crece, el presupuesto de los uniformados disminuye. "Bajamos las raciones de los soldados", ponen como ejemplo de extrema austeridad sus colaboradores.
El ministro de Defensa estaba familiarizado con los temas presupuestarios militares antes de que Fernando de la Rúa le confiara su actual misión. López Murphy preside el Centro de Estudios Para la Etica y la Eficiencia de la Función Pública, que tiene entre sus directores a un teniente coronel retirado especializado en el rubro. Carlos Giardino había editado un trabajo en el que detalla el derrumbe presupuestario que sufrieran las Fuerzas Armadas y precisa el dilema actual: Argentina destina relativamente mucho dinero en relación con las hipótesis de conflicto, pero esos recursos son absolutamente insuficiente para las presentes necesidades.
Según las estadísticas elaboradas en Defensa, desde que terminó la última dictadura militar hasta el año pasado el gasto total nacional (sin Defensa) subió un 62,1 por ciento. En el mismo lapso, entre 1983 y 1999, las erogaciones de la cartera castrense retrocedieron un 38 por ciento. Los colaboradores del ministro utilizan otros datos para fundar sus quejas por administrar dependencias con recursos muy escasos: el gasto del área representa cerca del 1,5 ciento del Producto Bruto Interno, menos de un cuarto de lo que significaba hace una década.
Esos menores recursos, se lamentan los funcionarios del área, ocasionan muchas penurias a Defensa. Sostienen que ese retroceso constante de fondos disponibles no sólo impide invertir en tecnología o equipamiento de primera, sino que hasta priva del combustible para las maniobras o la comida apropiada para la tropa. Y todo eso a pesar de que, según se ocupa de mencionar López Murphy, la cantidad de efectivos en actividad "disminuyó de 250 mil a alrededor de 100 mil en la actualidad".
Sin embargo, el economista liberal, reconocido por su discurso proajuste, no demanda más fondos. "Sabemos que no podemos reclamar más presupuesto. Por eso tenemos que poner nuestro ingenio para manejarnos con lo que hay", comentó a este diario su jefe de asesores.
En la actualidad, el 85 por ciento del presupuesto se destina al rubro personal, donde los retirados superan a los activos. Para los funcionarios de Defensa, sería ideal bajar esa proporción al 45 por ciento, porcentaje promedio en países del Primer Mundo. Pero descuentan que esto es para un futuro aún demasiado lejano. Mientras tanto, cualquier baja es difícil y termina comprometiendo al ya castigado rubro de inversiones y tecnología, que absorbe una porción muy pequeña de los recursos totales.
Debido a esa situación, Defensa asegura que será eximida de la poda prevista para el Presupuesto 2001. "No hay margen para cortar nada", aseguró a Página/12 Marcelo Acuña, jefe de asesores. Sin embargo, es muy factible que esa misma afirmación se escuche en otras varias dependencias del Estado a las que Economía ordenó podar el 13 por ciento promedio sus gastos respecto de los ya recortados del 2000.

La carrera militar ya no será de corto aliento

Una de las propuestas que recibirá más resistencia por parte de los uniformados será la de prolongar para algunos grados el tiempo mínimo de permanencia para poder ascender.

Por C.C.
La modificación de la carrera militar y el régimen de retiros es, quizás, la apuesta más ambiciosa del plan ideado por el equipo de Defensa. Pero como otros puntos de la propuesta oficial, éste aún tiene muchas definiciones pendientes, que los propios uniformados u otras áreas del Estado (el Ministerio de Economía, por ejemplo) podrán utilizar para negociar cambios más acordes con sus aspiraciones o necesidades.
Según consigna en el proyecto, al que tuvo acceso Página/12, titulado "Reformas de segunda generación", el ministerio a cargo de Ricardo López Murphy persigue un doble objetivo al reformular el régimen previsional de los militares. Por un lado, que las Fuerzas Armadas ajusten su estructura "a la que se puede suponer como ideal", redistribuyendo hacia arriba o hacia abajo el personal jerarquizado de las franjas intermedias (por ejemplo, oficiales y suboficiales). Por otro, reducir el déficit.
La primera gran medida es modificar la carrera, prolongando para "algunos grados" el tiempo mínimo de permanencia para poder ascender. Aún no está definido qué casilleros de la estructura serán afectados ni en cuánto se alargará el paso por él.
Pero así como se subirá el tiempo mínimo para permanecer en un grado, también habrá topes máximos: nadie podrá permanecer más de cierto lapso en un lugar de determinada jerarquía. Esto supone que o hace méritos para ascender o podría retirarse con una remuneración menor.
En esa línea, habrá "un aumento en el tiempo de retiro para lograr una remuneración máxima del ciento por ciento". Defensa sueña que "el resultado financiero de esa modificación se manifestará en una importante reducción del gasto en personal que pasa a retiro", ya que será más difícil conseguir ese status.
El segundo paso será sustituir el actual régimen previsional de los militares, basado en beneficios definidos --el Instituto de Ayuda Financiera garantiza una haber definido, al margen de los aportes realizados-- por otro de capitalización, donde los uniformados cobrarán al retirarse según lo que hayan conseguido acumular en su cuenta individual por los aportes del Estado y los descuentos practicados sobre sus remuneraciones.
El nuevo régimen será obligatorio para todos aquellos que ingresen al sistema a partir del año próximo. Para los actuales efectivos serán optativo. "Quedará a voluntad del actual personal en actividad solicitar, si lo desease, pasar a ser regido por este nuevo sistema", se destaca en el documento. De ese modo, la capitalización también será opción para cualquiera de los casi 100 mil efectivos actuales.
Otra gran incógnita a despejar es quién manejará esa millonaria masa de aportes, que podría resultar tentadora para las AFJP que operan en el mercado. Los técnicos del edificio Libertador aseguran que ese aspecto del programa aún no está cerrado, pero que, en principio, piensan en una entidad manejada por el propio Estado, sólo que con los criterios que rigen a las AFJP.
El Estado, que hoy destina alrededor del 40 por ciento del presupuesto del área al pago de haberes jubilatorios, difícilmente logre desentenderse en algún momento de esa obligación. Actualmente, garantiza la Prestación Básica Universal (PBU), obligación que mantendría cuando se ponga en marcha la capitalización en las jubilaciones de las Fuerzas Armadas.

ECONOMIA CONTRA EL RUMOR DE RENUNCIA
"¿Quién no lo quiere?"

"¿Quién quiere que Machinea se vaya?", se preguntó Pablo Gerchunoff. Y rápidamente se contestó: "Nadie en el Gobierno, y muy poca gente fuera del Gobierno". De ese modo, el jefe de asesores del ministro de Economía intentó ayer relativizar la ola más fuerte de versiones sobre la remoción de José Luis Machinea desde que la Alianza es poder. Esos rumores, más allá de la suficiencia de Gerchunoff, trajeron aparejada una suba de la tasa de riesgo país, según precisó Daniel Marx. El secretario de Finanzas afirmó que la versión de renuncia "tuvo un costo, porque nos han subido las tasas de interés y eso nos genera una mayor recesión y una caída del nivel de actividad".
Gerchunoff sostuvo que Machinea "se siente totalmente y definitivamente respaldado" por el presidente Fernando de la Rúa para continuar al frente del equipo del Palacio de Hacienda. "Podría apostar -?agregó-? que en esta semana todo se va a calmar. Porque en las declaraciones que se están haciendo (en referencia a "la reputación" de Machinea, según el consultor de la city, Miguel Angel Broda) no hay ninguna discusión de fondo". Para Gerchunoff, con el FMI "no se está negociando nada, porque no hay nada que negociar. Argentina tiene un programa y lo está cumpliendo en el corto y mediano plazo". Y descartó que se fuera a solicitar un millonario crédito contingente del FMI, enfatizando que Argentina "no lo necesita" gracias a que "Machinea bajó el déficit a la mitad, la deuda externa es similar a la que presentan otros países y la Convertibilidad está asegurada". No quedó claro en sus declaraciones si en los últimos días Gerchunoff no se ha estado comunicando con sus compañeros de equipo o si, en definitiva, tiene la vocación de decir lo opuesto a lo que Economía hace. Porque lo cierto es que Machinea, desde Estados Unidos, Marx y Mario Vicens, secretario de Hacienda, en Buenos Aires, hicieron referencia en las últimas 48 horas a la negociación de ese crédito extraordinario del Fondo Monetario.
En línea opuesta a la lectura de la realidad que hace Gerchunoff, Vicens partió ayer rumbo a Estados Unidos para reunirse con la jefa del organismo para el Hemisferio Occidental, Teresa Ter Minassian, y el jefe de la misión argentina, Tomás Raichman. Salvo que Vicens tenga como placer ir de vacaciones a Washington para visitar a los funcionarios del FMI, su trabajo será el de continuar negociando la flexibilización de las metas fiscales o, en términos más del gusto del equipo económico, el desvío que alcanzaría los 500 millones de pesos, según admitió el propio ministro. Consultores de la city, en cambio, estiman que ese exceso en la meta del déficit de 4700 millones sería de 1000 a 1300 millones.
Para que ese desvío no se transforme en descarrilamiento, Economía guarda un as en la manga: el descuento adelantado en el sistema bancario de los pagos de la última moratoria impositiva. Con ese dinero, sostiene un estrecho colaborador del ministro, el Fondo aceptará el cierre de las cuentas fiscales de este año.

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