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La Oficina Anticorrupción, lista para presentarse como querellante
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“Esta es una cuestión que tiene una significación
institucional muy poderosa”, dijo ayer el titular de la Oficina Anticorrupción
(OA), José Massoni, al referirse a la investigación que inició
de oficio sobre el supuesto pago de sobornos a senadores justicialistas
para la aprobación de la reforma laboral. El fiscal de control administrativo
no descartó citar a los funcionarios del Poder Ejecutivo aparentemente
involucrados, ante todo al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al
jefe de la SIDE, Fernando De Santibañes. Por otro carril, el presidente
del bloque de Diputados de Acción por la República, Guillermo
Francos, denunciará el tema de las coimas ante la Justicia Federal.
La OA se plegaría como parte querellante en esa causa.Massoni dijo ayer en declaraciones radiales que las primeras medidas de prueba desplegadas por la OA todavía no permiten arribar a “una conclusión seria, fundada, como tiene que ser”. Aún está pendiente, por ejemplo, la posible citación de algunos de los funcionarios públicos que aparecen mencionados en un anónimo titulado “Sobornos: la trama secreta” que circuló por el Senado deschavando las presuntas coimas. Entre los personajes que surgen del escrito y que podrían tener que testimoniar figuran Flamarique, De Santibañes y el ex ministro del Interior Enrique “Coti” Nosiglia. Pero antes de llamarnos, dijo Massoni, “vamos a procurar obtener información que no está a la mano”. El titular de la OA confirmó también que envió un oficio al vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez, para que los titulares de los bloques del Senado “arrimen las noticias que hubiera acerca de alguna intervención de miembros de la administración nacional”. Massoni agregó que “está claro también que no está esclarecido cuáles son las situaciones que acontecieron, si es que ha acontecido algo”. Mientras Alvarez insiste con que la investigación sobre el caso se profundice a través del Poder Judicial –en lugar de centralizarla en el Senado– hasta convertirse en una suerte de mani pulite argentino, hoy habrá varias presentaciones por este tema ante los tribunales federales. El senador frepasista Pedro del Piero fue el primero en anunciar que radicaría una denuncia judicial. Guillermo Francos dirá en la presentación que ya tiene preparada que “la sospecha pública con respecto a senadores nacionales que habrían aprobado, bajo el efecto del soborno, una ley de gran trascendencia para las relaciones de trabajo y para la marcha de la economía argentina, abre la funesta perspectiva de que las leyes de la Nación puedan ser cuestionadas en su validez”. El abogado Eduardo Barcesat, por su parte, también iniciará acciones pidiendo que se investigue a todos los posibles implicados por el delito de cohecho agravado en concurso con violación de los deberes de funcionario público. La OA pedirá constituirse en parte querellante en las causas judiciales que queden abiertas. “Eso es lo que permitirá sumarle impulso a la investigación, darle más alcance y determinar si realmente hubo delito”, dijeron voceros del área Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia. Hasta ahora, desde el PJ fueron los senadores Antonio Cafiero y Jorge Villaverde los impulsores de una pesquisa. Ayer el titular del bloque de senadores de la Alianza, Raúl Galván, anunció que se presentará espontáneamente ante la OA. “Es una cosa que estuve pensando –dijo– para objetivizar todo esto, para colocar en un tercero todo esto”.
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