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Por
Adriana Meyer
La Oficina Anticorrupción (OA) está investigando una
millonaria estafa consumada a través de los hospitales públicos
de autogestión (HPA) de todo el país. Su titular, el fiscal
de Investigaciones Administrativas José Massoni, ordenó
iniciar una “investigación preliminar” sobre una serie
de maniobras que se habrían concretado en los últimos dos
años, por las cuales la obra social de los jubilados habría
pagado a los HPA “80 millones de pesos en concepto de servicios médicos
sin ningún control”. El registro 563 de la OA, al que Página/12
tuvo acceso exclusivo, agrega que “existen sospechas de maniobras
irregulares en esa facturación”.
Este diario publicó el 3 de julio los detalles de la investigación
que realizó la intervención del PAMI y la ex ANSSAL sobre
presunta sobrefacturación en los HPA. En esencia, lo que despertó
la curiosidad de las nuevas autoridades cuando asumieron fue una brecha
considerable en la facturación: cuando Carlos Menem firmó
el decreto que creó el sistema, en 1994, los centros asistenciales
que se adhirieron facturaban 4 millones de pesos anuales. Hoy esa cifra
se elevó a 80 millones. El sistema de autogestión habilitó
a los hospitales a facturar a las obras sociales nacionales a través
de un nomenclador. La ubicación de cada paciente dentro del nomenclador
puede ser arbitraria y transformarse en la modalidad más usual
para la sobrefacturación, tal como había explicado a Página/12
el subgerente de Prestaciones Médicas del PAMI, Alberto Luccon.
El nuevo modelo les aseguraba a los hospitales el cobro del 70 por ciento
de las prestaciones. Si el PAMI u otra obra social no pueden afrontar
los pagos la Superintendencia de Servicios de Salud (ex ANSSAL) se hace
cargo de éstos. Las nuevas autoridades de la Superintendencia también
detectaron anomalías y por eso empezaron a investigar a unos 200
HPA, a los que les suspendieron los pagos. La ex ANSSAL desterró
una práctica que puede haber sido la clave del negocio: durante
la gestión anterior los pagos se hacían “a sobre cerrado”,
es decir que los hospitales no detallaban a qué prestaciones correspondían
los montos exigidos y la ANSSAL no verificaba lo que pagaba. Los auditores
sospechan que la contratación de empresas o consultoras para informatizar
el sistema puede haber encubierto la mayor cantidad de facturaciones infladas.
Hace dos semanas, los investigadores de Massoni aceptaron la denuncia
que realizó la intervención del PAMI a través de
la resolución 638, elaborada por el área de Asuntos Legales
con información de la Gerencia de Prestaciones Médicas del
PAMI. La intervención le informó a la OA que “durante
un lapso importante el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP) no recibió las facturas de los HPA”.
Agregó que la consultora contratada por el Instituto para controlar
la facturación “no lo hizo adecuadamente, ni tampoco había
proporcionado los elementos necesarios para que se efectuaran los débitos
a los prestadores”. Por lo tanto, la OA concluyó que “se
habría registrado un perjuicio al patrimonio del INSSJP por la
falta de control de la facturación y la falta de débitos
a los prestadores”. Según el informe de la Gerencia Económica
Financiera del PAMI, “en el período 1998-2000 la obra social
habría pagado a los HPA aproximadamente 79 millones en concepto
de servicios médicos, sin ningún control”. Además,
el INSSJP habría incurrido en un “doble pago de servicios,
ya que por una parte pagaba una cápita mensual a los prestadores
y por otra pagaba los servicios de los HPA”.
La intervención del PAMI le solicitó a la OA que proceda
a radicar “las denuncias que fueren pertinentes” y ese organismo
resolvió iniciar la investigación preliminar “tendiente
a comprobar los eventuales delitos contra la administración pública
que se hubieren cometido, así como también la identidad
de las personas que habrían participado”. Lucconhabía
señalado a este diario que las responsabilidades del caso podrían
recaer en los directores de los hospitales cuestionados o en los intendentes
de las respectivas localidades, dado que la mayoría de esos centros
son municipales. Los principales sospechados son el Larcade de San Miguel,
el Instituto Sommer de General Rodríguez y el hospital municipal
de 25 de Mayo.
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