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Por
Eduardo Videla
”Quería saber si la suma de dinero que tenía que
enviar era la correcta”. La frase fue pronunciada por una voz femenina
y la escuchó, a través del teléfono, uno de los miembros
de la Cámara Nacional en lo Civil. Esa misma frase es la que dio
pie a una denuncia contra dos de los miembros de ese tribunal, ante el Consejo
de la Magistratura, por “mal desempeño de sus funciones”.
El argumento: los magistrados no habrían hecho la denuncia penal
por el delito de tentativa de cohecho, ante el ofrecimiento de una dádiva,
como queda claro en esa conversación telefónica. De acuerdo
con la denuncia, el llamado se produjo 17 días después de
que la misma Cámara “redujera en cien veces” el monto de
un embargo que el mismo tribunal había trabado contra la empresa
demandada. En el caso intervino el mismo buffet de abogados que aparece
involucrado en el affaire IBM-María Julia y a la vez, como intermediario
en el cobro de una deuda del PAMI con la Fundación Favaloro.
Según consta en el expediente, el 15 de octubre de 1997, a las 13.45,
el camarista Emilio Pascual recibió en su despacho el llamado de
una mujer que se identificó como la “señora de Arizmendi”.
“Quería saber si la suma de dinero que tenía que enviar,
según el doctor Fernández Madero, era correcta”, dijo,
sin mencionar cifra alguna. El juez dejó por escrito ese incidente:
“Ante mi sorpresa, le manifesté que me parecía que se
había equivocado; (ella) dijo que se iba a comunicar con el letrado
y cortó la comunicación”, relató Pascual a sus
colegas de la Sala L, Jorge Giardulli y Judith Lozano.
La señora de Arizmendi es María Celsa Fernández de
Arizmendi, presidenta del directorio de la compañía Arizmendi
SA, una proveedora de servicios para empresas: por una suscripción
anual, la empresa atiende consultas laborales e impositivas de sus clientes.
En su mejor momento, Arizmendi contaba con 25.000 empresas suscriptoras,
muchas de ellas, firmas de primera línea.
Arizmendi SA fue demandada en un juicio civil por una deuda estimada en
30,4 millones de pesos. El juicio fue iniciado por Fernando María
Arizmendi, uno de los hijos de María Celsa, cuyo estudio jurídico
atendía juicios laborales de los clientes de Arizmendi SA. El hijo
le reclama a la madre una deuda por facturas impagas y una indemnización
por la rescición de contrato.
En ese juicio, el 11 de setiembre del ‘96, la misma sala de la Cámara
había decretado una “inhibición general de bienes”
de Arizmendi SA, para cubrir esa deuda. Pero el 29 de setiembre del ‘97,
después de una apelación de la empresa, los camaristas resolvieron
reducir la medida cautelar a una caución de 300.000, un monto cien
veces menor al reclamado. Fernández Madero es Jaime Fernández
Madero, quien junto a Claudio Festa y Pablo Ortiz, es el abogado de la demandada,
Arizmendi SA. Su estudio -Basílico, Fernández Madero &
Duggan– es el mismo que se menciona como intermediario en el cobro
de una deuda que IBM reclamaba a la ex Entel, un caso por el que se investiga
si María Julia Alsogaray recibió una coima. Los mismos abogados
fueron propuestos como mediadores por Víctor Alderete, ante el reclamo
de la Fundación Favaloro de una deuda de 2 millones de pesos. Una
gestión por la que debían cobrar casi medio millón
de pesos. En su estilo elegante, el cardiocirujano –luego fallecido–
no habló de coima sino de “honorarios extremadamente altos”.
Después del sugestivo llamado telefónico en su despacho, el
juez Pascual no formuló una denuncia penal –como hubiera correspondido,
ante la sospecha de un ilícito– sino que se limitó a
instruir una suerte de sumario interno: los trapos sucios se lavan en casa.
Citó a María Celsa de Arizmendi, para que aclare la situación,
pero la mujer se excusó de asistir presentando un certificado médico.
En su lugar acudió su hija, María Laura Arizmendi, quien dijo
que su madre no había llamado por teléfono al juzgado, pero
agregó que en días anteriores había recibido unllamado
en su oficina de un abogado cuyo nombre no recordó y que le dijo
“que lo hacía por el asunto del arreglo del juicio y que había
hablado con el doctor Fernández Madero”. La mujer involucrada
en el llamado nunca más fue citada. Y Fernández Madero jamás
fue convocado para aclarar el asunto.
Basílico, Fernández Madero & Duggan es un estudio estrechamente
vinculado al menemismo, especialmente a Raúl Moneta, el ex banquero
preferido de Carlos Menem. ¿Cuál es el vínculo en esta
causa? Juan Carlos Bietti, yerno de doña María Celsa de Arizmendi,
fue director del Banco República y uno de los hombres de confianza
de Moneta.
La denuncia ante el Consejo de la Magistratura, formulada por los abogados
Marcos Córdoba y María Adelia de la Fuente, apunta contra
los camaristas Emilio Pascual y Jorge Giardulli. Excluye en cambio a la
doctora Judith Lozano, quien un mes después de la llamada de la sospecha
se excusó de seguir actuando en esa causa “por razones de decoro”,
aunque la excusación fue desestimada por los otros dos camaristas.
De todas formas, aunque no está denunciada, la jueza tampoco hizo
la denuncia para que se investigue el supuesto ilícito.
La denuncia ingresó en abril al Consejo de la Magistratura, con el
número de expediente 43/2000. Tras un estudio preliminar, la presentación
fue aceptada y girada a la Comisión de Acusación. El caso
recayó, por sorteo, en el despacho del diputado Miguel Angel Pichetto
(PJ), miembro de ese cuerpo. Allí se analizan ahora los diez cuerpos
que tiene el expediente.
Tras la evaluación, Pichetto debe elaborar un informe. “Si se
encuentra mérito, los acusados pueden ser citados para hacer su descargo,
un paso previo a la acusación formal. De lo contrario, la denuncia
puede ser desestimada.
–Usted podía haber recusado al tribunal, si sospechaba de su
parcialidad; ¿por qué decidió promover el juicio político?
–le preguntó Página/12 al abogado Córdoba.
–No es una estrategia para ganar el juicio sino para que estas personas
no sigan siendo jueces. En la Justicia, en los últimos años,
se han ampliado los casos de corrupción y, así, cada vez es
más difícil trabajar.
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