Por Horacio Verbitsky
 La Alianza pide la renuncia del Superintendente de Coordinación de la Policía de la provincia de Buenos Aires, comisario general Eduardo Martínez, a raíz de la investigación publicada aquí el domingo acerca de las torturas infligidas por Martínez a un ciudadano alemán cuando era un joven oficial subinspector de la comisaría 2ª de San Isidro. El vicepresidente de la Cámara de diputados, Alejandro Mosquera sostuvo que un torturador no puede ser jefe de policía de la provincia y reclamó que se modifique el marco legal que permitió su designación sin control parlamentario. El bloque del Frepaso en la Cámara baja presentará hoy el pedido formal de renuncia de Martínez. Ayer lo hicieron los senadores de la Alianza, quienes invitaron al gobernador Carlos Rückauf a reconsiderar la designación de Martínez como �virtual jefe de Policía�.
Firman la solicitud los presidentes de los bloques de Senadores de la Unión Cívica Radical, Carlos Alberto Pérez Gresia y del Frepaso, Jorge Sigal. La Alianza tiene mayoría en ambas cámaras, por lo que los pedidos a Rückauf y a su ministro de Seguridad, comisario general (R), Ramón Oreste Verón, serán aprobados en la Legislatura. Los senadores también le sugirieron a Rückauf que solicitara el expediente penal, de 1978, en el que Martínez fue reconocido por la víctima como el autor de las torturas, que fueron comprobadas por dos médicos, uno del hospital de San Isidro y el otro perito forense. El diputado radical Mario Espada presentó también una solicitud de informes acerca de otro aspecto de la investigación de este diario: el inquietante aumento de las torturas en las comisarías de la policía provincial. Ni el gobernador Rückauf ni el vicegobernador Felipe Solá se pronunciaron acerca de la revelación del pasado de Martínez. Ambos promovieron reformas legislativas con el fin de endurecer las excarcelaciones e incrementar las facultades policiales. El presidente de la Cámara de Casación provincial, Federico Domínguez denunció entonces que de ese modo convertirían a la provincia de Buenos Aires en un campo de concentración.
El pedido de informes de los senadores de la Alianza inquiere si a raíz de la causa penal revelada por este diario (Nº 23.828, de 1978, tramitada en el juzgado penal Nº 2 de San Isidro) se labraron también actuaciones administrativas y, en caso contrario, cómo fue posible que no se profundizara el caso en un sumario interno. El juez de la causa fue Juan Carlos Dillon, y el fiscal Juan Carlos Fugaretta. Ante una consulta de este diario el ministro Verón había sostenido que antes de la designación consultó el legajo de Martínez y que no encontró en él ningún antecedente preocupante. O Verón lo consultó y el proceso penal no figuraba, o sí figuraba pero no le asignó importancia, o no figuraba. Ninguna de las tres posibilidades fortalece la posición del ministro y del jefe elegido por Rückauf para reconstruir la mejor maldita policía del mundo. El juez Dillon sobreseyó a Martínez y al otro procesado, el entonces oficial inspector Carlos Alberto Etchezahar, con argumentos sorprendentes: ninguno de ellos figuraba entre los oficiales de guardia de esa noche (aunque ambos reconocieron haber actuado en la detención e interrogatorio del preso), la picana no fue encontrada por la policía y los compañeros de detención del ciudadano alemán no le escucharon quejarse. Sin embargo, el mismo juez dio por probadas las torturas, lo cual destruye aquellos argumentos. Aunque nadie lo haya oído y el instrumento haya desaparecido, los médicos comprobaron las torturas, y la víctima sindicó sin dudar a Martínez y Etchezahar como sus autores.
A principios de este año los senadores de la Alianza dieron sus votos para la reforma, porque Rückauf los acusaba de atarle las manos y los sindicaba como responsables de la inseguridad. Ahora preguntan si en los legajos del personal policial constan �las causas penales en trámite referidas a los mismos y, en ese caso, si paralelamente se sustancian lasactuaciones administrativas, toda vez que más allá del resultado del enjuiciamiento penal, circunstancias que no pueden considerarse como delitos pueden constituir un incumplimiento de los deberes generales o propios del cargo o constituir un menoscabo para la disciplina, la investidura policial o la institución�. En los fundamentos del pedido de informe, los radicales y frepasistas firmantes sostienen que �se habría obviado esta penosa situación para el señor gobernador� si su antecesor, Eduardo Duhalde, no hubiera vetado el artículo 56 de la ley 12.155 Orgánica de la policía que requería el acuerdo del Senado para la designación de las más altas autoridades policiales. �Esta Cámara no está sujeta al compromiso del espíritu de cuerpo y podría haber evaluado con otras consideraciones la propuesta de designación y ascenso�, concluyen los senadores. El diputado radical Espada citó los estudios del Centro de Estudios Legales y Sociales según los cuales en el primer semestre de este año uno de cada cinco detenidos fue golpeado por la policía, y la denuncia de Amnistía Internacional, que vinculó el aumento considerable en la aplicación de torturas en las comisarías bonaerenses con la sensación policial de tener las manos libres para ello. �Ya habíamos advertido que la política de mano dura del gobernador Rückauf traería aparejado actitudes de este tipo porque prefiere congraciarse con las fuerzas policiales�, agregó Espada.
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