Por Carlos Rodríguez
 Desde el mes próximo, por propia iniciativa y como una experiencia piloto que pretenden impulsar en la provincia de Buenos Aires, los miembros de la Sala I de la Cámara del Crimen de San Isidro habilitarán un sistema de videoconferencia que estará a disposición de los presos. Los internos, desde su lugar de detención, podrán hacer reclamos a los jueces o mantener contacto con sus familiares, con voz e imagen. Fernando Maroto, integrante de la Sala I, explicó a Página/12 que se trata de �un sistema simple y barato� �los jueces solventaron el costo del equipo experimental� que consiste en incorporar a las computadoras �una pequeña cámara y un programa de Microsoft (ver aparte) que es muy utilizado en las universidades de los Estados Unidos�. A través del diálogo con unos 800 detenidos, los jueces advirtieron la necesidad de �abrir un canal de comunicación no sólo para que los presos denuncien irregularidades sino también para mejorar el vínculo con sus abogados, a los que en muchos casos ven muy de vez en cuando, lo que lesiona el derecho de defensa�.
Para encarar la iniciativa, los jueces lograron un acuerdo con la Jefatura de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro. El primer lugar donde se instaló un equipo que hace posible la videoconferencia es la comisaría primera de San Isidro, desde donde los detenidos pueden comunicarse con la terminal ubicada en la sede de la Sala I de la Cámara, en los tribunales de ese departamento judicial. Hoy, Maroto en persona, realizará una prueba para comprobar el funcionamiento del sistema �y si todo anda bien, a principios del mes próximo estaríamos habilitando este primer locutorio, con la intención de convocar a otros jueces para que hagan lo mismo�.
Maroto contó que la idea surgió, en conjunto con los otros dos miembros de la Sala I, Juan Carlos Fugaretta y Roberto Borserini, al advertir �las dificultades que existen en las cárceles y comisarías para cumplir con algo fundamental como es el control de los presos, por medio del contacto permanente de ellos con los jueces, con sus abogados y con sus familias�. Recordó que hace unos días, durante un juicio oral, cumplió �con el ritual de preguntarle a un detenido acerca de la relación que mantenía con su abogado defensor y me contestó que lo había visto dos veces en un año�.
Precisó que en los últimos doce meses, luego de hacer una encuesta entre 800 detenidos con los que se entrevistaron personalmente, recibieron quejas �sobre todo por la falta de contacto con sus abogados, que en su mayoría son defensores oficiales�. Maroto expresó su preocupación �porque muchas causas se cierran a partir de la realización de juicios abreviados y después los presos se quejan porque sus abogados acordaron penas de seis o siete años, cuando ellos están convencidos de que, de haber llegado al juicio oral, hubieran recibido una pena menor�.
Lo que pretenden los jueces es que los detenidos tengan �un medio ágil para denunciar si los maltratan, si la comida es buena, pero también para reclamar la presencia de sus abogados o simplemente manifestar su necesidad de mantener un contacto con su mujer o con sus hijos�. Los camaristas, que todavía no han planteado formalmente su proyecto ante la Suprema Corte de la provincia ��sabemos que el presupuesto es bajo��, esperan tener �buenos resultados que impulsen por sí misma la iniciativa, a través de una decisión institucional o por medio de la decisión personal de otros magistrados�.
En principio aparece como lejana la posibilidad de instalar locutorios en todas las comisarías de San Isidro, pero el problema podría solucionarse y tener un impulso importante cuando se concrete la construcción de una alcaidía, con capacidad para alojar a 350 encausados, proyectada para ser levantada en el Parque Bancalari, en la zona norte del Gran Buenos Aires. La alcaidía, según Maroto, podría servir para evitar �el colapso del sistema y los motines que periódicamente se producen� en San Isidro, San Fernando, Tigre y Vicente López. El proyecto de los juecestambién ha sido consensuado y cuenta con el aval político de los intendentes de esos cuatro partidos bonaerenses.
�Con la alcaidía y los locutorios se tienen que terminar los motines, porque los presos ya no tendrán razones para amotinarse para que mejoren sus condiciones, para entrevistarse con un juez o para ver a sus familiares�, confió Maroto. El camarista dijo que si bien �todavía siguen produciéndose casos de maltrato por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, también es cierto que con el mayor control ejercido en los últimos tiempos han mejorado las condiciones de reclusión y la comida, lo que nos impulsa a seguir en el mismo camino�.
Para orientar a los presos en sus demandas, los camaristas han repartido entre ellos copias del Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires �para que tengan muy en claro cuáles son sus derechos�. Maroto sostuvo que �las autoridades políticas, los penitenciarios, los jueces, y también los abogados defensores, debemos tomar conciencia de que es importante garantizar el bienestar de los presos, para que puedan reeducarse y volver a ser hombres útiles para la sociedad�.
| Sofisticado y barato
El sistema propuesto por los jueces de la Sala I de la Cámara de San Isidro tiene un costo accesible: la videocámara que se acopla a la computadora tiene un valor de 90 o 100 pesos. En algunos casos, si son modelos antiguos, al CPU de la computadora tendría que agregarse la tarjeta USB (Universal Serial Bus), con un costo adicional de 60 o 70 pesos. La USB ya viene incorporada desde hace años, a partir de la Pentium II. La videocámara se conecta al CPU y para lograr la comunicación hay que entrar en Internet y dirigirse al programa Net Meeting de Microsoft, configurado previamente con el driver que acompaña a la pequeña cámara, que es similar a la que se utilizan para los sistemas de seguridad. Una vez realizada la conexión, los que ingresen al sistema tendrán una serie de direcciones con las que podrán comunicarse de manera sencilla. El preso podrá ver a través del monitor al juez, a su defensor o a sus hijos, con los que accederá a un diálogo directo, en tiempo real. El sistema es de uso corriente en Estados Unidos, sobre todo para realizar videoconferencias entre distintas universidades. |
| Quejas en vivo y en directo
Los integrantes de la Sala I de la Cámara del Crimen de San Isidro vienen denunciando desde hace varios meses las malas condiciones en las que viven los presos. Inspecciones sorpresivas a comisarías y cárceles develaron que la mayoría de los calabozos y las celdas no cumplían con los requisitos mínimos de higiene ni aireación.
Los camaristas Juan Carlos Fugaretta y Fernando Maroto constataron en persona el hacinamiento que sufrían los reclusos, algunos de ellos menores, y ordenaron la clausura de varios calabozos. En la comisaría de Don Torcuato encontraron a los internos con �una especie de sarnilla en todo el cuerpo y un estado de hongos tan avanzado que ya les habían hecho llagas�, según asentaron los peritos, que también detectaron presencia de piojos y chinches en los colchones y las ropas, caños cloacales rotos, aguas servidas que se filtran conformando un foco infeccioso y hasta un enfermo de tuberculosis que tomaba del mismo vaso que todos. Por superpoblación, se cerraron también los claustros de la seccional 4ª de San Isidro. |
ErAN PROTEGIDOS Y DESAPARECIERON
Dos testigos fugados
Por Cristian Alarcón
Dos testigos clave del crimen de la mujer de uno de los asesinos de José Luis Cabezas, y de la existencia de un red de narcopolicías en Los Hornos, desaparecieron y son buscados por la Justicia. Uno de ellos es Fabio Bologna, el vendedor de cocaína que declaró como testigo protegido que un grupo de policías de la comisaría 3ª fue quien asesinó a Mónica Oyarbide, la mujer de Héctor Retana. El dealer había relatado también cómo pagaba semanalmente 600 pesos a diferentes recaudadores de la comisaría para poder continuar con su negocio.
Los dos testigos ahora desaparecidos habían aceptado ingresar al plan de protección de la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense hace tres semanas. Fue después de que una investigación de este diario ubicara a una testigo clave del homicidio de Oyarbide, cuyo crimen hasta ese momento se explicaba como �un ajuste de cuentas entre narcos�. La mujer y su marido le contaron a Página/12 que un grupo de policías de la comisaría 3ª, que se trasladaban en una camioneta blanca de la Bonaerense, estuvieron discutiendo la noche del 17 de junio con Bologna y otros dos hombres sobre el dinero de una coima policial, tras lo cual asesinaron a Oyarbide. Los testigos, protegidos por la Procuración, declararon eso ante el fiscal Víctor Violini y sus declaraciones dieron un vuelco a la causa.
Tras la declaración de la pareja, Bologna y uno de sus hijos cambiaron sus declaraciones. Por orden del juez Federico Atencio fue detenido al subcomisario Jorge Carreras, de la seccional 3ª. Desde entonces se han hecho varios reconocimientos en rueda que arrojaron resultados parciales. El viernes Bologna y su hijo debían participar en la reconstrucción del crimen solicitada por el fiscal: pero habían dejado el Programa de Protección de la Procuración hacía algunos días y nunca fueron encontrados en el domicilio que le dejaron a la Justicia. Ayer fuentes de la Procuración aclararon que la entrada y salida de testigos al programa es voluntaria. Violini le dijo a este diario que espera encontrar a los testigos para una nueva reconstrucción del crimen a realizarse el viernes.
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